Por: Redacción Pares
La Procuraduría General de la Nación, que vigila proceso de liquidación ante la Supersociedades de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., tras disolución decretada por Supertransporte, manifestó el apsado viernes que cualquier acuerdo que se haga respecto a este asunto debe respetar decisión que tome Tribunal de Arbitramento sobre nulidad del contrato y fallo de acción popular que condenó al pago de $800 mil millones de pesos.
«Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol II tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”, aseguró el Procurador General de la Nación (e), Juan Carlos Cortés González, ante el anuncio de la Superintendencia de Transporte de disolución de la Concesión Ruta del Sol S.A.S..
La Procuraduría inició una vigilancia al proceso, teniendo en cuenta que el anuncio de la Superintendencia se conoce 13 días antes de que un Tribunal de Arbitramento resuelva si declara nulo el contrato por el escándalo de sobornos que compromete a Odebrecht.
El Ministerio Público solicitó los antecedentes, soportes, documentos y demás sustentos que llevaron a tomar la decisión de convocar a la concesionaria al proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades; así como de las medidas adoptadas para proteger a los terceros de buena fe, ante lo que la Supertransporte llamó “situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo”.
Para la Procuraduría es inoportuna cualquier decisión que se adopte en este proceso de disolución y liquidación sin que se respete la decisión que tome el Tribunal de Arbitramento, donde, entre otras cosas, se debería resolver el monto del detrimento atribuible a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
A juicio del Ministerio Público decisiones de pago en estos momentos ponen en riesgo la efectividad del fallo de la acción popular que promovió la Procuraduría, donde la concesionaria y sus sociedades principales fueron condenadas al pago de $800 mil millones de pesos y a una inhabilidad de 20 años y se limitó el reconocimiento a terceros de buena fe hasta el saldo que tuviere disponible el proyecto en su fiducia. Agotados esos recursos, no procederían pagos adicionales con el presupuesto de la Nación.