Por: Redacción Pares
A través de una carta, cientos de organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, académicos, demócratas, humanistas y líderes políticos exigen al Presidente Iván Duque que termine las acciones de guerra contra la minga y pase a manifestaciones de respeto, voluntad política y cumplimiento de los acuerdos firmados por el Estado colombiano.
Carta del 26 de marzo dirigida al Presidente Duque
«Las Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos y de Paz, nos solidarizamos con la Minga Nacional por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz y hacemos un llamado urgente al gobierno Colombiano en Cabeza del Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, y a los organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos con el fin de demandar en primera instancia la protección de la vida e integridad de las comunidades indígenas, campesinas y sectores populares movilizados desde el pasado 10 de marzo de 2019.
Es un deber del Estado evitar tragedias de mayor magnitud a las que ya se han presentado y una obligación ética de los organismos internacionales y cuerpos diplomáticos presentes en Colombia solicitarle al gobierno colombiano que frene la guerra y la acción militar en contra de la Minga que ejercen el derecho a la participación, expresión y movilización.
En segunda instancia, hacemos un llamado Presidente Duque para que cumpla las normas, acuerdos y tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales del pueblo colombiano en particular el derecho a la participación de las comunidades indígenas, campesinas y sectores populares vulnerables, que como es de conocimiento de todos, son sujetos de especial protección del Estado.
Los atropellos, uso abusivo de la fuerza y atentados directos contra la vida de las comunidades deben ser investigados ejemplarmente, castigados y no se pueden repetir. En este sentido es importante que el Ministerio del Interior, instale prontamente la Mesa de Seguimiento a la Protesta Social que permita evaluar y garantizar este derecho constitucional, a la luz de pactos y convenios internacionales signados por el Estado Colombiano.
Nos preocupa la falta de avances en la Mesa de Negociación y la alta militarización en los territorios donde se desarrollan las concentraciones de la Minga. Señor presidente solicitamos que nos explique porque el transporte de tropas del Ejército Nacional, Policía, ESMAD, Sijin y Personal de Civil no identificado en carros sin placas cerca de los puntos de movilización han aumentado.
Estos operativos y exhibición de armamento, sobrevuelos de helicópteros y drones que cruzan de manera permanente en medio de los ataques con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y disparos con armas de largo alcance en contra los sectores sociales participantes de la Minga envían un mensaje de guerra y no de voluntad política y solución a la grave crisis social, económica y al escalonamiento del conflicto armado que vive el país y que afrontan de manera directa las comunidades que hoy ejercen su derecho a manifestar públicamente la necesidad de una respuesta institucional.»
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