Presidente ¿qué pasa con los recursos del Covid en la UNGRD?

Por: Redacción Pares.


Luego de una larga investigación liderada por Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, y el periodista Julián Martínez Vallejo, en este informe de de la Fundación Paz y Reconciliación se puede ver la grave denuncia sobre la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por un valor total de $347.248.025.060 (trescientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho millones veinticinco mil sesenta pesos) con personas jurídicas y naturales en el marco de la Subcuenta Covid19 para la mitigación de Emergencias por la pandemia del coronavirus, identificando las corrientes políticas y conexiones con el poder de quienes han resultado beneficiarios de la contratación en medio de la crisis sanitaria declarada en marzo del año pasado. La pregunta que queda en el ambiente después de conocer en detalle este informe completo de Pares es ¿Por qué el presidente Iván Duque sigue manteniendo al director de este organismo en su cargo?



El 72% de los contratos revisados tiene cuestionamientos por nexos políticos, antecedentes de empresas con hallazgos fiscales e irregularidades en los documentos de contratación, entre otros. Por ejemplo, hay empresas cuyo objeto social no tienen que ver con temas médicos sino con la venta de licores y juegos pirotécnicos, y aun así fueron contratados por la UNGRD. Todos los contratos están firmados por Eduardo José González Angulo, director general de la UNGRD y ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).


Algunos personajes políticos y sus contratos


Enrique Peñalosa

El ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa lleva tres meses escribiendo mensajes por redes sociales defendiendo la gestión del presidente Iván Duque en la compra de vacunas para inmunizar a la sociedad colombiana del virus Covid-19. Por ejemplo, el pasado 19 de diciembre, Peñalosa dijo en su cuenta de Twitter que a finales de febrero de 2021 ya habrían vacunado a 1.7 millones de colombianos, mensaje que ha sido cuestionado no solo por las cifras sino por los usuarios en Twitter. Al primero de marzo, en Colombia se han vacunado casi 170.000 personas, es decir, el 10% de la cifra escrita por Enrique Peñalosa.

PARES identificó a cuatro contratistas en la Subcuenta-Covid19 que tuvieron relación directa con la administración de Enrique Peñalosa en Bogotá, entre 2015 y 2019. Si existe un patrón en los contratos revisados sobre la relación de Peñalosa: Sandra Milena Romero Garzón, Leyla Marjit Botiva Ramos, Jorge Luis Bastidas Crespo y Servicios Postales Nacionales S.A.


Miguel Uribe

El ex concejal y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, está siendo postulado para reemplazar al ex presidente Álvaro Uribe como cabeza de lista para las elecciones parlamentarias en 2022 del partido Centro Democrático. Este líder político está relacionado con cuatro personas contratadas por la subcuenta Covid 19 que trabajaron con él, tanto en la Secretaría de Gobierno en la administración Peñalosa como en su campaña para ser mandatario de los capitalinos.


La gerente general de la subcuenta, Adriana Lucía Jiménez; y otros contratistas como Claudia Candela Bello, Juan Sebastián Castro Gaona, Cristian Francisco Pulido Acuña; tienen relación con Uribe Turbay. Esta denuncia se conoció inicialmente por una columna de Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y ex secretario de Transparencia de la Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, publicada por ‘Los Danieles’.


Hay casos más graves que otros. Cuatro contratos evaluados tienen problemas de forma, como mala redacción e información falsa, errores en los datos o ausencia de estos. Lo que se traduce en que el 42% de la contratación, correspondiente a un valor de $146.570.619.526 (ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta millones seiscientos diecinueve mil quinientos veintiséis pesos) son contratos mal firmados. Esto sucede a pesar de que la UNGRD está pagando entre 5 y 17 millones de pesos mensuales a personal profesional en Derecho, que supuestamente acreditó su idoneidad para la realización de estos.