Por: Redacción Pares
Leyner Palacios y su escolta, Arley Chalá, llegaron a Cali hace un mes en busca de resguardo por las amenazas que Leyner había recibido por sus denuncias sobre la presencia de paramilitares en Bojayá, Chocó, y su tarea como secretario técnico de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Así lo comunica la comisión de la Verdad mediante comunicado publicado este viernes 6 de marzo. Ayer, Arley fue asesinado de nueve disparos de los más de 18 que le fueron hechos por tres hombres que lo esperaban cerca de la casa donde residía en Cali.
¿Por qué continúa esta incesante muerte de los líderes y lideresas sociales, esta constante ruptura de nuestra dignidad? ¿Por qué la sociedad colombiana no reacciona con la suficiente indignación por la persistencia de lo intolerable? ¿Por qué las acciones del Estado no son eficientes para detener esta tragedia? ¿A quiénes benefician estas acciones que destruyen un tejido social larga y laboriosamente construido?
La misma lucha y la misma tarea que realiza Leyner y que no es un caso aislado, pues se repite en el Cauca, en el Catatumbo, en Nariño, en Antioquia, en Córdoba y en el Huila. La defensa de los Derechos Humanos y del territorio le costó la vida en 2019 a 108 personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019).
Comunicado de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca.
Según Ariel Ávila, subdirector de Pares, cualquier persona con dos dedos de frente concluiría que: 1. En la medida que la justicia transicional avance, ya sea la JEP o la Comisión de la Verdad, las víctimas estarán más en peligro. Sobre todo, porque a medida que exguerrilleros, exmilitares, parapolíticos, etc., comiencen a contar las verdades tendrán que ir delatando a quienes los apoyaron, quienes se beneficiaron de la guerra, gente, que generalmente está en la legalidad. Esto es lo que pasa con los líderes que reclaman tierra. Los despojadores, supuestos empresarios y latifundistas, se oponen al proceso de paz, saben que si hay verdad, muchos de ellos deberán regresar lo que se robaron.
Es frustrante la indiferencia de la sociedad colombiana, la ausencia de estrategias eficientes para parar la masacre, pero sobre todo, impactan las estrategias comunicativas de varias instituciones estatales y sectores políticos para negar la masacre, parece que son los cómplices de esta matanza.