Por: Redacción Pares
Este lunes 1 de junio, un grupo de ciudadanos encabezados por el senador Antonio Sanguino y el director de la Fundación Pares, León Valencia, instauraron una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, contra el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum y el Embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos.
Los accionantes argumentan que al impulsar el derrocamiento del gobierno de un país vecino y permitir el lanzamiento de acciones armadas desde el territorio colombiano, los funcionarios actúan al margen de la ley y desconociendo los principios constitucionales que rigen la política exterior colombiana, lo que puede constituir una falta disciplinaria gravísima.
Asimismo, los denunciantes argumentan que no basta con que el gobierno desconozca la legitimidad del gobierno de otro país para que asuma funciones en el ámbito internacional que le corresponden a organismos multilaterales que sí tienen las atribuciones para actuar, en este caso, las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad.
Agregan que los funcionarios denunciados no pueden actuar al margen de la ley con base en la presunta ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, porque ni el ordenamiento nacional ni el internacional les asigna esas funciones. Dada la disputa geoestratégica que se libra en torno a Venezuela, las actuaciones de los funcionarios pueden involucrar a Colombia en un conflicto internacional con grave perjuicio para todos los ciudadanos del país.
La denuncia relaciona 25 puntos que demuestran las actuaciones ilegales: declaraciones expresas, el “cerco humanitario humanitaria” que desconoció los protocolos establecidos para la entrega de ayudas y el decomiso de un cargamento de armas para apoyar un golpe de Estado contra Maduro, entre otros. En este caso, el venezolano Cliver Alcalá se entregó a las autoridades y de inmediato fue trasladado a Estados Unidos sin que las autoridades colombianas le imputarán cargos por los delitos que cometió. Ahora le corresponde a la Procuraduría estudiar la denuncia y determinar el alcance de las faltas disciplinarias de los tres funcionarios.