Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Esta semana una amiga me dijo que en el mundo a las personas las podemos dividir en dos clases: las que aguantan hambre porque les toca y las que lo hacen por decisión propia. Es decir, entre aquella población que está obligada a soportar el hambre por que no cuenta con los recursos suficientes para acceder a una alimentación apropiada –tanto en cantidad como en calidad–, y aquella que, a pesar de contar con los recursos, decide no comer porque sus mentes así se lo exigen.
En esta ocasión quiero hablar sobre el primer grupo; compuesto por todos aquellos hombres y mujeres a quienes les gustaría tener en su mesa –si es que la tienen– las tres comidas diarias, pero debido a sus bajos flujos de ingresos o mínimo nivel de riqueza monetaria no pueden tenerlas. Un grupo bastante numeroso en el mundo que, según cifras de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), está compuesto por entre 720 y 811 millones de personas para 2020, o sea, cerca del 10% de la población mundial.
Porcentaje que –si bien se han dado cuenta– crece en la medida en que nos acercamos al lugar donde habitamos; incluso cuando se trata de aquellos sitios –como la ciudad amurallada en Cartagena o El Poblado en Medellín– donde están los hogares con mayor nivel de riqueza en Colombia. Lugares que, al mismo tiempo, están rodeados por una amplia población en situación de pobreza que carece, casi por completo, de una alimentación diaria y que tienen una alta probabilidad de padecer hambre en el tiempo presente.
Así lo muestran las cifras para Colombia y Medellín. Según la Encuesta Pulso Social del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en mayo de 2021, en el país, el 34,5% de las familias –es decir, 2.6 millones de hogares– sólo podían acceder a dos platos de comida al día. Y para Medellín este porcentaje aumenta: según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2020, el 59,1% de los hogares se encontraban en inseguridad alimentaria, de los cuales el 19,2% estaba en el nivel severo.
Una condición altamente preocupante para el país, pues se esperaría que Medellín, al ser la segunda ciudad más importante de Colombia –tanto en términos poblacionales como económicos–, donde las condiciones de vida son relativamente altas en comparación con el sector rural y donde existe una institucionalidad muy preocupada por el bienestar social de su población, no ocurriera esto. Sin embargo, allí, uno de cada cinco habitantes está en riesgo alto de padecer de hambre en la actualidad.
Situación que, por supuesto, no es igual para todo el territorio. Si incrementamos el zoom del lente que observa el hambre nos daremos cuenta de que existen zonas aún más vulnerables. En lugares como la Comuna 1 de Medellín, la misma Encuesta de Calidad de Vida de 2020 encontró que el 74% de los hogares se encontraban en inseguridad alimentaria, es decir, solo una de cada cuatro familias cuenta con los recursos para no padecer de física hambre.
Para informar al lector, digámosle que la Comuna 1 está ubicada en las laderas de la ciudad de Medellín y se encuentra habitada por una población históricamente excluida, compuesta por personas desplazadas –víctimas del destierro del que fueron objeto por causa del conflicto armado del país–, migrantes –en especial provenientes del vecino país de Venezuela–, mujeres cabeza de familia, población étnica (como afrodescendientes e indígenas) y personas con discapacidad.
Este rezago histórico –que bien puede ser el mismo de otros territorios urbanos en Colombia– ha convertido a la Comuna 1 en un lugar con precarias condiciones socioeconómicas para sus habitantes. De esta forma, nos encontramos con un territorio habitado por una población que padece de estigmatización y que hace parte de la economía informal. La mayoría de su economía está basada en pequeños empresarios dedicados a las ventas ambulantes y el reciclaje. Además, cuenta con una alta proporción de mujeres en situación de empleo precario y economía del “rebusque”.
Y como todo puede ser peor para la población vulnerable, a la aguantada de hambre se le ha unido un incremento de problemáticas psicosociales y el aumento de la violencia hacia grupos vulnerables –niños, niñas y las mujeres–, sobre todo en los hogares. Esto sin nombrar el reclutamiento de menores que hacen los grupos criminales que ocupan el territorio y que extraen de los escasos ingresos de la población rentas por vigilancia y control territorial.
En este entorno desfavorable, el hambre se ha profundizado y la inseguridad alimentaria y nutricional se ha agudizado como consecuencia de la pandemia de la covid-19. La desaceleración de la economía, producto de las medidas de confinamiento para controlar el contagio del virus, recrudeció la inequidad distributiva. El confinamiento obligó a la mayoría de los habitantes de la Comuna 1 a quedarse en casa y a no percibir ingresos a causa de su condición de empleados informales o trabajadores del rebusque.
De esta manera, para la población que habita esta comuna se redujo la posibilidad de comprar alimentos. Carencia que, a pocos días de iniciar la pandemia, dibujó el hambre en los rostros de los niños y niñas, de las mujeres y de los adultos mayores, y que obligó a que, en medio del desespero, optaran, inicialmente, por colocar trapos rojos en las ventanas y puertas de sus hogares, buscando que las autoridades municipales y la población civil les brindaran ayuda alimentaria.
Sin embargo, con el pasar del tiempo y ante la reducción de las ayudas asistencialistas tanto del Estado como de la población civil, surgieron innovaciones sociales para resistir ante la difícil situación de hambre e inseguridad alimentaria. Entre estas, se destacan el fortalecimiento de las huertas urbanas, los comedores comunitarios y algunas estrategias para mejorar la educación alimentaria y nutricional. Esfuerzos comunitarios con el objetivo de construir entornos y capacidades para garantizar el derecho a una alimentación saludable.
Innovaciones sociales que están descritas en una reciente investigación financiada la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia y que realizó este año la Escuela de Nutrición y Dietética, que puso el zoom en la Comuna 1 en tiempo de aislamiento social –proyecto realizado en el contexto de la convocatoria Iniciativa UdeA responde al Covid-19–.
Allí, el equipo investigativo evidenció el avance en el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la población de la Comuna 1 de Medellín, y muestra cómo el suministro de alimentos para esta territorialidad se ha visto afectado de manera creciente. También reveló cómo, en este contexto, se fortalecieron las capacidades organizativas comunitarias que emergieron de las lideresas y líderes que jugaron un papel fundamental para la articulación de esfuerzos como un motor para afrontar la crisis social y alimentaria producto de la pandemia.
No obstante, igualmente insisten que, a pesar de estos esfuerzos, el riesgo del hambre aumenta para la ciudad. Sus habitantes no tienen garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos que requiere una persona para agenciar su proyecto de vida digna. Las políticas asistencialistas y cortoplacistas, además de la persistencia de determinantes de la pobreza, hacen que los problemas alimentarios y nutricionales continúen en el territorio. La inseguridad alimentaria es la constante y, como diría Augusto Monterroso, “el dinosaurio” del hambre aún sigue aquí.
Hoy, en la ciudad, como en la mayoría de las capitales del país, se observa una notable dificultad para acceder a los alimentos básicos de la canasta familiar. Una situación lamentable que es posible evidenciar en todos los lugares cuando se le ve con el zoom del hambre; circunstancia que es fruto de las condiciones estructurales y preexistentes de pobreza e injusticia social y que, unido al deterioro provocado por la covid-19, ha llevado a un recrudecimiento de las inequidades sociales y de la inseguridad alimentaria y nutricional.
De allí que, como reflexión final, resulta muy pertinente que en estos momentos –donde inicia la época navideña y se supone hay abundancia y un creciente de gastos por las fiestas de fin de año– nos preguntemos, como parte de esta colectividad, por las personas que hoy sufren hambre, en especial por aquellas que no comen por falta de recursos –y no porque tienen miedo a engordar–. Es necesario reflexionar sobre esta población más vulnerable y proponer innovaciones sociales que ayuden a actuar por cambiar esta situación.
No podemos, como sociedad, seguir permitiendo que los problemas alimentarios y nutricionales persistan y crezcan. La inseguridad alimentaria provoca trastornos en la vida de las personas que se verán reflejados en los rostros de los niñas y niños, y en el de las generaciones futuras. Su impacto no solo es fisiológico o biológico, también es psicológico y emocional; y afectará a la población venidera, impactando la salud de los recién nacidos, el desempeño económico y social de las personas, y el bienestar y la libertad de toda la sociedad.
Debemos unirnos para exigirle a los gobiernos –nacional, regional y local– respuestas integrales no convencionales –asistencialistas y cortoplacistas–, políticas y programas que cincelen las bases de las brechas de desigualdad; acciones bien planificadas que generen condiciones para que los hogares colombianos cuenten con los alimentos necesarios para la consolidación del sistema alimentario, propendiendo por la soberanía y la seguridad alimentaria y por la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada.