Por: León Valencia
De llegar a la presidencia, Gustavo Petro tendrá un reto mayor: establecer una relación armónica y transformadora con las Fuerzas Armadas. No será fácil. Las prevenciones y las distancias son enormes.
El pasado guerrillero de Petro genera en la Fuerza Pública una gran desconfianza. No es para menos, en esta larga guerra una multitud de soldados quedaron tendidos en los campos y en los hospitales. Los dolores acumulados no son pocos. Pero Petro lleva también a cuestas las heridas de la tortura y la cárcel a que fue sometido en su juventud por unidades del Ejército Nacional. De esto habla con especial afectación en su libro Una vida, muchas vidas.
Ahora bien, más allá del pasado del candidato y de las afrentas personales, están las graves acusaciones, críticas y cuestionamientos que las izquierdas le han hecho siempre a la Fuerza Pública del país. Una de esos cuestionamientos brotó en plena campaña. Gustavo Petro hizo eco de las declaraciones de alias “Otoniel”, quien señaló que algunos generales estaban a sueldo del Clan del Golfo. De inmediato, Eduardo Zapateiro, comandante del ejército, respondió airado trayendo a colación escándalos del candidato.
El rosario de acusaciones contra la Fuerza Pública va desde esa connivencia con las mafias y los hechos de corrupción, hasta graves violaciones a los derechos humanos. La tragedia más dolorosa y monumental, conocida como los falsos positivos, en la cual murieron 6.402 personas inocentes e inermes, según lo ha dicho la Justicia Especial para La Paz.
De ahí que la izquierda tenga entre sus principales banderas la reforma a la Fuerza Pública. El mismo Petro lamenta que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no hubiera abocado “una reestructuración democrática de las Fuerzas Armadas”. Señala que su movimiento, en cabeza de Antonio Navarro, claudicó por miedo a que el ejército organizara un golpe contra la nueva Carta.
El ascenso de Petro a la presidencia —si es que se da— y la importante bancada parlamentaria que conquistó la izquierda en las elecciones de marzo, configurarían una oportunidad de oro para adelantar cambios en la doctrina, estructura y despliegue territorial de las Fuerzas Militares y de Policía.
Por otro lado, se generaría un ambiente institucional especialmente favorable para las labores de la justicia transicional, un gran respaldo para la JEP, los hallazgos de la Comisión de la Verdad y las pesquisas que adelanta la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La virtuosa ocasión de juntar la reforma a las Fuerzas Armadas y el protagonismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, permitiría forjar una nueva Fuerza Pública comprometida con el posconflicto y la paz.
Pero para hacer estas transformaciones sin graves traumatismos, es preciso reconocer el enorme valor de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, su sacrificio en esta guerra, la urgencia de integrarlas a las grandes conquistas de la sociedad colombiana. La reforma tiene que ir acompañada de incentivos para los 170.000 policías y los 310.000 militares que componen esa enorme familia.
La izquierda en el poder estará obligada a mirar con otros ojos a la Fuerza Pública. Tuve el privilegio de participar en un programa de conversatorios sobre la paz y los derechos humanos que organizó la Universidad de Oslo. Fueron diez años de encuentros recurrentes con la oficialidad del país. Por estos conversatorios pasaron 1.080 coroneles y generales. Algunos de ellos participaron luego en las negociaciones con las FARC y contribuyeron a que se firmara este gran acuerdo.
La oficialidad colombiana pertenece a la clase media. Buena parte de su educación se realiza en instituciones propias, su contacto con las grandes universidades ha sido limitado. El roce con las élites del país es también escaso. Comparten lugares de vivienda y de esparcimiento. Se entrelazan en familias y terminan compartiendo buena parte de sus vidas. Segregación puede ser una palabra muy fuerte para calificar el aislamiento social que viven muchos de ellos, pero algo tiene de eso.
El nuevo presidente debe poner especial atención a esta realidad para hacer las transformaciones estructurales. Pero tiene una tarea urgente. Debe recuperar el mando civil y trabajar en la cohesión de la fuerza. En el gobierno de Duque creció la autonomía de la cúpula militar y se produjeron divisiones y fisuras preocupantes en las filas.