Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado 26 de octubre se conoció que Carlos Navia, fundador y fiscal de la Asociación de Juntas de Acción Comunal -Asocomunal-, además, integrante del Coordinador Nacional Agrario –CNA- y del Congreso de los Pueblos, había sido asesinado en Argelia, Cauca, en hechos que todavía no están claros.
La vida de Carlos fue otra vida perdida en uno de los departamentos más golpeados por la ola de violencia que se vive en el país: Cauca, zona donde solo en el periodo del 01 de enero de 2020 hasta el 21 de octubre habían sido asesinados, al menos, 79 líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, cifra que más allá de la cantidad demuestra el riesgo en el que están las personas y procesos organizativos que dedican su trabajo a proteger a la comunidad y el territorio.
A esto se suma que en este mismo departamento se han registrado 09 masacres, según datos de Indepaz, siendo la segunda zona con más casos de este tipo, que en el país se han convertido en una alerta y un llamado a los organismos que deberían garantizar la seguridad en el país, pues se tiene el crítico registro de un 68 masacres, en las que han sido asesinadas 270 personas.
Hay zonas donde la violencia ya logró vencer cualquier miedo de la gente a la pandemia, y les ha convocado a las calles a exigir que cese la persecución que hay contra procesos organizativos, personas que ejercen liderazgos sociales y de defensa a comunidades. Imagen: Pares.
En este contexto se agrega que hay zonas donde la violencia ya logró vencer cualquier miedo de la gente a la pandemia, y les ha convocado a las calles a exigir que cese la persecución que hay contra procesos organizativos, personas que ejercen liderazgos sociales y de defensa a comunidades.
Las últimas movilizaciones convocadas en todo el país el pasado 21 de octubre y la Minga Indígena del Suroccidente que llegó desde el Cauca hasta Bogotá con un claro mensaje al presidente Iván Duque: un debate político por la vida, el territorio, la democracia y la paz, son una clara muestra de ello . Petición que a pesar de su urgencia para todo el territorio nacional no fue asumida por el mandatario.
Esta necesidad de movilización ha llegado a zonas como el Cañón del Micay, constituida por los municipios de Argelia, El Tambo y López del Micay, puntos del Cauca atravesados por el río Micay, una de las afluentes más extensas del departamento, que además recuerda lo rica que es esta región, donde dicha riqueza natural le ha costado la explotación minera, y de paso el daño al entorno natural, así como convertirse en un importante corredor de tráfico de drogas y armas, que ha desatado un serie de críticos conflictos.
Siguiendo lo anterior, es necesario nombrar que, según lo publicado en el informe ‘Más sombras que luces’ de Pares, en el Cañón del Micay tiene presencia las Guerrillas Unidas del Pacífico, el ELN, el grupo postFarc del anterior Frente 6, autodenominado Carlos Patiño y otro, del antiguo Frente 29, conocido como Frente Estiven González. A esto se le ha sumado la presencia del Clan del Golfo con una estructura criminal de tercera generación que se designa como “Héroes de la Cordillera”.
Este panorama ha dejado que en la zona se sigan reportando masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamiento, que, además de generar un ambiente de miedo y zozobra para la gente que allí habita, también están afectando el tejido social, y puesto en riesgo cualquier tipo de organización campesina, afrocolombiana e indígena.
Acciones de exigencia y defensa en el Cauca
Ante esto más de 30 organizaciones entre las que están el Coordinador Nacional Agrario –CNA-, el Proceso de Comunidades Negras –PCN-, el Congreso de los Pueblos –CDP-, el Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA-, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria –FENSUAGRO-, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente –PUPSOC, han convocado a una caravana humanitaria.
Precisamente llevará el nombre de la Primera Caravana Humanitaria al Cañón Del Micay: un canto por la vida y la paz del territorio, la cual está programada desde el próximo 29 de octubre hasta el 2 de noviembre, días en los que se recorrerán los municipios de Argelia y El Tambo junto a la gente y los procesos organizativos que reclaman mayor seguridad en los lugares que habitan y justicia con lo que ha ocurrido en estos puntos del Cauca, esto con el fin de dignificar el territorio y hacer un llamado para que el Gobierno Nacional ponga atención sobre lo que está ocurriendo en el Cañón Del Micay.
Esto, pues la solución promovida por Iván Duque ha sido militarizar el departamento: “más de 7.600 militares patrullan el territorio, pero su accionar está lejos de recuperar la paz y la tranquilidad de sus habitantes. Su accionar se enfoca en reprimir y criminalizar los tejidos organizativos de las poblaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas que hacen presencia en la región”, se denunció en el comunicado emitido por la Caravana Humanitaria.
A lo anterior se agrega que en dicho contexto y al haber una intención de la Fuerza Pública por la erradicación forzada, se han generado tensiones y estigmatización de la sociedad civil, que además del señalamiento, incluso a los procesos organizativos, también ha provocado otra serie de violencias ejercidas por instituciones como la Policía y el Ejército, que en este año en zonas como Norte de Santander ha dejado a varias víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Por eso se insiste en otro tipo de acciones para frenar la violencia, empezando por el cumplimiento a lo acordado en La Habana, lo cual había generado una esperanza en el territorio, al ser uno de los más afectados por el conflicto armado y que ha estado en un constante retorno a escenarios de violencia, por lo que además de esto se exige que se dé paso al proceso de diálogo entre el Gobierno y el ELN.
Adicionalmente se pide, sin obtener respuesta positiva hasta el momento, que se haga acompañamiento institucional a los procesos de las comunidades organizadas que trabajan por la permanencia en el territorio, la dignificación de la vida, la protección de la madre Tierra y la defensa de los Derechos Humanos.
Además de avanzar en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Así como fortalecer por parte de las autoridades competentes las medidas necesarias para eliminar la violencia y realizar las investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de los pueblos y comunidades.
También se agregó un llamado a organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos para que hagan veeduría de lo que ocurra antes, durante y posterior a la Primera Caravana Humanitaria al Cañón Del Micay.
La violencia no ha dado tregua, mientras que las acciones de protección parecen lejanas por parte del Gobierno Nacional, por eso, unas 400 personas marchan con destino a Bogotá, lideradas por Deciberio Aguilar, líder del centro poblado Georgina Ortiz, ubicado en la vereda La Cooperativa, de Vistahermosa, pidiendo respeto por la vida y garantías para poder seguir apostándole a la paz. Imagen: Pares.
Los excombatientes también se movilizan por la vida
Tras el asesinato de los firmantes Juan de Jesús Monroy Ayala y Luis Largo, la regional del Meta del Partido Farc decidió realizar una movilización desde Vistahermosa hacia Bogotá desde el pasado 21 de octubre, con el fin de insistir en la protección de las personas que se acogieron al Proceso de Paz, así como para exigir justicia por los sistemáticos asesinatos cometidos contra personas en proceso de reincorporación, que a la fecha son 236 luego de la firma y una cifra que asciende las 50 personas en lo que va del año.
Asimismo, como se informó desde el Partido, estos hechos se han venido concentrando en los departamentos de Norte de Santander, Cauca y Antioquia. Adicionalmente, desde la Agencia de Reincorporación y Normalización se informó hace unos días que 13.936 personas están acreditadas y desvinculadas en el marco de los acuerdos con las Farc. De ellas 13.098 están en proceso de reincorporación con la ARN, mientras que de estas últimas 2.626 han optado por permanecer en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y 9.561 de ellas se han ubicado por su propia cuenta en distintos puntos alrededor de todo el país.
No obstante, e incluso con el compromiso de cada persona que continúa su proceso de reincorporación, la violencia no ha dado tregua, mientras que las acciones de protección parecen lejanas por parte del Gobierno Nacional, por eso, unas 400 personas marchan con destino a Bogotá, lideradas por Deciberio Aguilar, líder del centro poblado Georgina Ortiz, ubicado en la vereda La Cooperativa, de Vistahermosa, pidiendo respeto por la vida y garantías para poder seguir apostándole a la paz.
Además, a la peregrinación por la vida y por la paz también se han sumado desde otras regiones del país, tanto firmantes, como organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, quienes también han convocado actos de exigencia en distintos puntos del país. Por el momento, la caravana continúa en Villavicencio y se espera que pronto llegue hasta la capital del país y que tras este largo y simbólico recorrido Iván Duque tome decisiones efectivas y eficaces.