Por: Laura Cano Periodista – Pares
Tras una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que se estudiaron cerca de 12 millones de documentos, se encontró cómo funciona el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, a través de las cuales se promovería la riqueza secreta, la evasión de impuestos y, en algunos casos, el lavado de dinero por parte de las personas más poderosas y adineradas del mundo. Entre otros datos relevantes, es necesario mencionar que en estos archivos aparecen involucrados 35 presidentes o expresidentes, 14 de ellos pertenecen a América Latina.
Respecto a estas investigaciones, hay que señalar que los documentos estudiados abarcan más de cinco décadas de registros de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados. Dichas firmas estarían especializadas en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.
Tal como se refiere en el diario El País, medio de comunicación participante de la investigación, los paraísos fiscales son sitios donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales industrias e, incluso, en algunos casos, la única. Suele tratarse de países o territorios pequeños que buscan atraer a clientes e inversionistas en el extranjero con impuestos bajos, facilidad para abrir empresas y confidencialidad en los registros. El anonimato es un factor crucial. Muchas personas que recurren a estas jurisdicciones buscan seguridad y administrar su patrimonio de forma discreta. Es también uno de los aspectos más problemáticos: para los Gobiernos es muy complicado seguir el rastro del dinero y puede convertirse en campo fértil para delitos como fraude, blanqueo de capitales y actos de corrupción.
Por otra parte, hay que señalar que el concepto de una sociedad offshore se refiere a aquella empresa creada en países con mayor permisividad fiscal que la existente en el país donde su titular reside. Puntualiza el medio de comunicación citado que: “los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en jurisdicciones opacas, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal”. Y esta sería, precisamente, la situación de muchos casos que han salido a la luz a raíz del escándalo de los ‘Papeles de Pandora’. Tras el velo de estas sociedades se presentaría un flujo de recursos ilícitos que podrían dar paso al cohecho, la evasión fiscal, el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. En el caso de América Latina, en la región se perderían “más de 40.000 millones de dólares en impuestos cada año por el abuso de estructuras offshore, según un informe publicado por el Tax Justice Project, una organización especializada en evasión fiscal”.
Después de Brasil, Colombia sería el país que más impuestos pierde al año por este tipo de evasión: un total de 11.600 millones de dólares se perderían anualmente.
El capítulo colombiano de los Pandora Papers
Según las investigaciones, en total, en este escándalo se cuentan 588 nombres de personas naturales y jurídicas del país, entre los que están empresarios, personalidades políticas y artistas. En la lista de implicados aparecen personajes como Cesar Gaviria y Andrés Pastrana, expresidentes señalados de ser beneficiarios centrales de sociedades panameñas. Gaviria está vinculado con la panameña MC2 Internacional S.A. y Pastrana con Vanguard Investment Inc.
A ellos se suman personas del sector empresarial como Luis Carlos Sarmiento Angulo; Alejandro Santo Domingo; Francisco y Juan Barberi; Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski; y Eduardo Pacheco Cortés. Asimismo, entre las personalidades del sector público que aparecen salpicadas por estas revelaciones se encuentran: la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; el director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira; el exministro Guillermo Botero; el exministro Fernando Araújo Perdomo; el embajador de Colombia en China y expresidente de Ferrovías, Luis Diego Monsalve; Isaac Yanovich, expresidente de Ecopetrol y señalado director de la sociedad panameña Sylvester Holding Inc.; y Gina Parody, quien aparece como beneficiaria de la sociedad Harmony Trust, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Adicionalmente, en medio de este escándalo, ha aparecido el nombre de Julio Gerlein, miembro de uno de los clanes políticos más fuertes del país (el ‘Clan Char’), quien aparece como director de la sociedad Kessler Business Corp (de las Islas Vírgenes Británicas). El empresario ha asegurado que nunca fue accionista ni propietario de esta sociedad, pero que sí lo son su esposa e hijos. Sobre Gerlein hay que decir que, a través de las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se han establecido sus relaciones con el ‘Clan Char’ para seguir concentrado el poder en la política atlanticense por medio de la financiación de campañas políticas.
Hay que señalar que la mayoría de personas implicadas han asegurado que tienen las propiedades, pero que han hecho lo que indica la ley y, por ende, han realizado las debidas declaraciones y registros. Entre otras cosas, resulta llamativo el hecho de que, justamente, la persona a la cabeza de la DIAN, institución encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras del país, se encuentre señalada por presuntamente intentar evadir impuestos a través de paraísos fiscales. Por esta razón, múltiples sectores de la sociedad civil y de la oposición al Gobierno han solicitado la renuncia de Lisandro Junco a su cargo como director de la DIAN. Y para rematar, se ha conocido que Luis Carlos Quevedo, el director de Fiscalización de esta misma entidad, quien tiene 6 procesos abiertos en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, favorecimiento a servidor público, corrupción, prevaricato por omisión y concusión.
Sin duda, apenas se empiezan a desenredar los hilos que se esconden detrás de estos entramados que abren la puerta de par en par a la evasión fiscal y, junto a ella, a delitos relacionados a la corrupción, el lavado de dinero y el fraude. Las personalidades del país implicadas, especialmente aquellas del sector público, ¿asumirán costos políticos por este escándalo? Eso estará por verse.