Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares
El Pacífico sur, que agrupa la costa pacífica de los departamentos de Cauca y Nariño, experimenta hoy un proceso acelerado y dinámico de reconfiguración de actores armados en función de la salida de las Farc.
Actualmente la Fundación Paz & Reconciliación ha identificado 17 grupos armados ilegales en la subregión del Pacífico Sur, unos con mayor grado de organización y poder bélico que otros, no obstante, los más poderosos son el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Óliver Sinisterra, que tiene presencia también en la Provincia de Esmeraldas, en la frontera con Ecuador. De algunos de estos grupos no se tiene mayor información, por lo que aún materia de investigación por parte de la Fundación.
Guerrillas Unidas del Pacífico
Es un grupo de desertores de los frentes 29 y Daniel Aldana de las FARC y que fue liderado por alias “Don Ye” hasta que fue asesinado. Posteriormente su hermano, alias “David”, tomó el control del grupo y lo ha expandido tanto en número de miembros como en capacidad bélica. Actualmente se conoce de su presencia en ocho municipios del pacífico nariñense y sus acciones se centran en el control de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios de clorhidrato de cocaína y el narcotráfico hacia el centro y el norte de América. Según algunas fuentes, este grupo ha trabajado de la mano con el Clan del Golfo para afianzar su capacidad de control territorial en función del narcotráfico. Actualmente cuenta con 300 hombres, aproximadamente.
Gente de Orden
Desde mediados del año 2016, se conoció de un Grupo Armado Organizado (GAO) denominado “Gente de Orden” configurado por exmilicianos de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. Esta estructura ha sido fuertemente atacada por la Fuerza Pública y, a pesar de que 117 miembros se desmovilizaron de manera individual el 27 de marzo de 2017, y los duros golpes propinados por la Fuerza Pública, Gente de Orden ha seguido disputando el control territorial en función de la apropiación de las rentas ilegales. Cuenta con aproximadamente 100 personas.
La Empresa
La Empresa, a diferencia de la gente del Orden, tiene su origen en los reductos de grupos paramilitares que controlan los laboratorios de procesamiento de pasta de coca en la parte del medio y bajo Mira, desembocadura del río Mira al Pacífico, límites fluviales y marítimos entre Colombia y Ecuador. Esta agrupación estuvo conformada por unos 30 hombres, y actualmente se encuentra casi extinta, limitando su función a garantizar el control del tránsito de droga desde Tumaco hacia las zonas de Bucheli y Candelilla, en la parte media de la ribera del río Mira. Su área de influencia es muy pequeña, pues sólo comprende la salida de Tumaco hacia Llorente, sector de Aguas Claras.
Los Negritos
Es liderado por los Alias ‘Olindillo’ y ‘Titano’, y está compuesto por unos 30 hombres que circulan en la vereda El Descolgadero, sobre las bocanas del río Mira y Tumaco. Se conoce porque fueron denunciados por las FARC en sus comunicados y su accionar fue confirmado en investigaciones del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), cuando irrumpieron amenazando a los integrantes de la Mesa de Víctimas de Tumaco.
Nuevo Grupo
En Aguas Claras tienen presencia dos estructuras armadas compuestas por pocos hombres, La Empresa y El Nuevo Grupo, de éstos no se sabe mucho, pero sí que están extorsionando a la población civil.
Frente Óliver Sinisterra
Es un grupo armado compuesto por desertores del extinto Frente Daniel Aldana de las Farc. Acogió la base social dejada por esta guerrilla, pero se ha convertido en el dueño de los cultivos de uso ilícito: su producción y exportación de clorhidrato de cocaína tanto al sur del continente, por medio de la frontera con Ecuador, como a Centroamérica y Estados Unidos. Este grupo está al mando de Jefferson Suárez Toro (alias “Cachi” o Miguelito), Guacho y Alias Fabián, su comandante.
Por otra parte, este grupo se considera a sí mismo como un frente activo de las FARC-EP y desconoce lo pactado en La Habana debido a que los beneficios derivados del Acuerdo únicamente cubrieron a unos pocos comandantes de las FARC.
Clan del Golfo- Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC
Este Grupo Armados Organizado (GAO) con alcance transnacional es sucesor y heredero de las estructuras paramilitares de las AUC. A pesar que ya habían tenido una fuerte presencia en el Pacífico Sur, especialmente en Tumaco, las Farc disputaron el territorio con este grupo y, finalmente, en el año 2013 fueron expulsados del territorio. Durante el repliegue de las Farc hacia las zonas veredales, el Clan del Golfo retornó al territorio en el marco de una gran expansión iniciada desde el departamento del Chocó hacia el sur. Actualmente, tienen un gran porcentaje del negocio del narcotráfico en la zona, algunas fuentes en territorio, aseguran que este grupo ha realizado alianzas con Guerrillas Unidas del Pacífico para fortalecerse y traficar droga de manera conjunta. No obstante, esto ha sucedido especialmente en Tumaco, debido a que, en otros municipios, como es el caso de El Charco, un enfrentamiento entre estas bandas dio origen a la masacre de seis excombatientes de las Farc en el mes de octubre de 2017.
Los Cucarachos y Los Lobos
El grupo armado ilegal denominado «Los Cucarachos» actúa en Policarpa. Según fuentes locales los miembros de este grupo armado estarían en la vía municipal que del municipio de Policarpa que conduce a las veredas Restrepo, Altamira y San Pablo, vía que ha sido caracterizada como una de las principales rutas de narcotráfico en la zona. Este grupo estaría en disputa por el control de la ruta con otro grupo más pequeño denominado «Los Lobos».
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
La presencia del ELN se hace a nombre del frente Comuneros del Sur (del ELN), compañía de milicias Toño Obando del Frente de Guerra Suroccidental que habría convocado el paro armado entre el 14 y 18 de septiembre de 2016, en Samaniego, Ricaurte, Providencia, La Llanada, Santa Cruz y sectores de Tumaco. Esta guerrilla cuenta en Nariño con unos 500 hombres distribuidos en todo el departamento.
La presencia de estos grupos ha generado un fuerte aumento en los casos de homicidio en los departamentos de Nariño y Cauca. Para el caso de Nariño, se ha presentado un aumento de 2016 a 2017 de casi cien casos de homicidio, la mayoría de estos casos ocurridos en zona rural. Por otra parte, aunque de 2012 a 2015 hubo una disminución constante de este fenómeno en el departamento de Nariño, y en el año 2016 se mantuvo igual al año anterior, el año 2017 lanzó alarmas debido a que las cifras parecen regresar a los momentos más álgidos de confrontación entre grupos herederos del paramilitarismo y las Farc.
En el departamento del Cauca la situación de la violencia homicida es similar, de 2016 a 2017 se experimentó un incremento, aunque no tan significativo, de los casos de homicidios. La zona rural es la más afectada en donde la cifra creció en 41 casos, sin embargo, en las cabeceras municipales la cifra de homicidio descendió en 11 casos.
En el departamento de Nariño el secuestro aumentó considerablemente de 2016 a 2017, lo cual expresa una contratendencia a nivel nacional. Si se tiene en cuenta que no ha transcurrido el primer semestre de 2018, la cifra de este año podría ser igual o mayor que la del año anterior si no se realizan las acciones pertinentes por parte de las instituciones estatales.
La tendencia es similar en el departamento del Cauca. Desde el año 2015 se ha experimentando un aumento paulatino en la cifra total de secuestros (simple y extorsivo) y para mayo de 2018 se han presentado menos de la mitad que el año anterior, por lo cual todo parece indicar que la cifra para este año se mantendrá constante. Es necesario señalar que en el municipio de Tumaco la Policía Nacional únicamente registra un secuestro, lo cual deja por fuera los cinco secuestros perpetrados por el Frente Óliver Sinisterra en la frontera con Ecuador, aunque no hay claridad si los secuestros se realizaron en territorio ecuatoriano o colombiano.Departamento del Cauca2012201320142015201620172018*Acto terrorista/ atentados/ combates/ hostigamientos74113662164979144905Amenazas48704159456233141638156756Delitos contra la libertad y la integridad sexual8270586541300Desaparición Forzada935416471400Desplazamiento Forzado3856836108274912198665504638355
Fuente: Registro Único de Víctimas. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. *Las cifras de 2018 tienen corte al 01 de abril.
Como puede observarse en la tabla, todas las violaciones a derechos humanos registradas han disminuido notablemente en el departamento del Cauca desde el año 2012. Sin embargo, si bien este tipo de violaciones, mayormente asociadas a situaciones de Conflicto Armado No Internacional, disminuyen de manera constante, el homicidio registrado por la Policía Nacional empieza a evidenciar aumentos considerables, en este sentido, la tesis acerca de la reconfiguración de actores armados cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que es una zona en disputa producto de la salida de las Farc.
Para el caso de Nariño las cifras registradas por la Unidad de Víctimas también muestran disminución, no obstante, la cifra de desplazamiento y de amenazas aumenta de 2016 a 2017 de manera considerable. Es aquí donde se percibe que el departamento de Nariño está más afectado por la confrontación armada entre grupos, lo que genera aumento en personas expulsadas del territorio. Cabe señalar que la Unidad de Víctimas no registra ninguna desaparición forzada en el departamento de Nariño para el año 2018, sin embargo, sólo en Tumaco las comunidades han denunciado de manera reiterada la desaparición de persona en estos primeros meses del año, incluso a principios del mes de mayo la Procuraduría señaló la existencia de siete casas de pique en el puerto, lo cual está por establecerse y, de ser así, la cifra estaría muy por encima de lo registrado por la institución.
Economías ilegales
Los principales mercados ilegales en el Pacífico Sur son el narcotráfico, con toda la cadena de producción desde el cultivo de hoja de coca hasta el clorhidrato de cocaína y la extracción ilegal de minerales como el oro y el material de arrastre, que, entre otras cosas, genera un impacto ambiental crítico en los territorios. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI-2017.
La cifra de cultivos de coca en Colombia sufrió un importante incremento al pasar de 96.000 ha en 2015 a 146.000 ha en 2016; un 52% de incremento. Sin embargo, 2016 constituye uno de los años con menor territorio afectado en toda la serie histórica; esto quiere decir que se confirma la tendencia de tener más coca en menos territorio”. Y Nariño, Putumayo y Norte de Santander siguen siendo los departamentos más afectados por cultivos de coca; en estos tres departamentos se concentra el 63% de toda la coca del país.
En ambos contextos, nacional y regional, el departamento de Nariño acumula la mayor cantidad de siembra de Coca, pasando de 29.755 hectáreas sembradas hasta diciembre de 2015 a 42.627 hectáreas hasta diciembre de 2016. De esta cantidad el 51% están sembradas en la Zona rural de Tumaco, es decir, 23.148 hectáreas. En la zona Rural de Tumaco conviven comunidades afro, pueblos indígenas como los Awá, mestizos y una gran afluencia de colonos, especialmente en las zonas de fronteras y de las riveras de los ríos Mira, Tapaje y Nulpe.
En el marco de la salida de las FARC como fuerza reguladora de las economías ilegales, específicamente de la coca, se operan cambios en el control de la cadena. En general las FARC actuaban como reguladores de precios, controladores del fluido territorial de la hoja, el traslado de la base de pasta, cobrando impuestos por su paso territorial y brindando seguridad a los grupos encargados del procesamiento y de la comercialización hacia afuera. Todas esas funciones asumidas por las FARC antes del acuerdo de la Habana, están pasando a los mismos grupos de narcotraficantes que hoy deben conformar sus propios contingentes, deben expandir su control territorial, lo que a su vez favorece la eliminación de la intermediación y de impuestos. En suma, el resultado es una mayor monopolización y hegemonía en el control de la cadena, lo que redundará a su vez en la ampliación del margen de utilidad de los grupos que quedan controlando la misma. Las economías ilegales en Tumaco y en el Pacífico Sur, sostienen las economías de estas zonas.
En Tumaco, por ejemplo, se afirma que cualquier persona puede participar con un pequeño “plante” (suma de dinero) del negocio de la exportación de cocaína, pues se han construido redes de cooperación económica al estilo de Cooperativas que, sumando esfuerzos, logran las cantidades suficientes de dinero para comprar la coca, procesarla y enviarla hacia Centroamérica o Norteamérica. Es así como la participación masiva del mercado ilegal genera un prominente desdibujamiento de los límites entre lo legal y lo ilegal, en donde prima la legitimidad de “emprender” un negocio y así, resistir frente a las agrestes condiciones del territorio.
Si bien existen formas de “emprendimiento” comunitario que de manera asociativa participan del negocio del narcotráfico, no debe olvidarse que el crecimiento de grupos armados ilegales, como el Frente Óliver Sinisterra, ha generado un tipo de producción de carácter industrial que está monopolizando el negocio en zonas rurales. En este sentido, la estrategia de la Fuerza Pública y del Estado en general de combatir a través del aumento de pie de fuerza a los grupos armados ilegales presentes en el territorio, de ninguna manera es una solución integral frente a las enormes deficiencias estructurales de la región que favorecen la producción y el circuito de lo ilegal.
El Pacífico Sur, tienen un rol territorial de acopio y de salida de la pasta coca y del clorhidrato de cocaína, lo que genera una infraestructura dedicada a facilitar esta funcionalidad. Las condiciones geográficas tampoco ayudan a que se dé la siembra masiva, ya que la composición del suelo está basada en esteros, manglares y ciénagas, drenada por miles de ríos y bocanas que dan salidas al mar y océano Pacífico. Las actividades ilegales se establecen en función del control, la vigilancia y la infraestructura que brinde garantías de movilidad de las cargas de droga, de su salida exitosa y de su llegada a los destinos del comercio y la distribución mundial a través de varios tipos de embarcaciones, lanchas rápidas y sumergibles, para los cuales se construyen astilleros artesanales en medio de la selva, los manglares y los esteros.
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