Por: Naryi Vargas, investigadora de la Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
El más reciente monitoreo de cultivos de uso ilícito realizado por la UNODC registra que en 2017 se sembraron 177.000 hectáreas de coca en Colombia. Lo que representa un aumento del 17% con respecto a las cifras de 2016. Nariño sigue siendo el departamento con las mayores cifras y Tumaco, a pesar de la disminución en un 16% de los cultivos, el municipio con mayor concentración. Los municipios más afectados son Tumaco, Tibú, Puerto Asís, El Tambo, El Charco, Barbacoas, El Tarra, valle del Guamuez, Sardinata y Orito, es decir, los mismos 10 que han figurado en la lista durante los últimos años. Sólo hubo un cambio con respecto al 2016, cuando San Miguel (Putumayo) integraba esa lista en lugar de El Charco. En estos municipios se concentra el 44% del total de los cultivos a nivel nacional, 5% menos que el año pasado, cuando representaban el 49%.
El mayor aumento se registró en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca. Uno de los casos más preocupantes es el de Antioquia, en el que los cultivos pasaron de 8.855 has a 13.681, es decir, un aumento del 55%. Ese hecho fue el motivo por el cual el Gobernador de ese departamento, Luis Pérez, solicitó la implementación de un “plan piloto” de fumigación de glifosato con drones. El mandatario adquirió con recursos de la gobernación dos drones que serán utilizados en los municipios de Valdivia, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Tarazá, los cuales registran el mayor número de hectáreas en Antioquia.
De esta manera se materializa oficialmente la promesa de Iván Duque y su ministro de Defensa de volver al glifosato. Luego de 3 años, volvemos a esa vieja y probada fórmula. En Antioquia se tenía previsto empezar el piloto de fumigación el 12 de octubre, pero no fue posible porque por la empresa que prestaría el servicio no contaba con una póliza de riesgo necesaria.
Los campesinos de la zona han manifestado su desacuerdo, pues allí se tiene la expectativa de que la sustitución voluntaria por medio del PNIS se mantenga y sea implementado de manera integral, tal como lo contempla en Decreto que permitió su creación. Hasta el momento, 2.460 hectáreas de coca han sido levantadas por los campesinos en el marco del PNIS, y a pesar de las dificultades que el Programa ha tenido en materia de pagos, asistencia técnica para proyectos productivos y otras obras que se contemplan para el desarrollo económico y social de las regiones, los campesinos cocaleros piden que no este no sea suspendido.
Los campesinos no son los únicos que reconocen la importancia de la sustitución. El año pasado, Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoció la ineficacia que tiene la erradicación forzosa en corto mediano y largo plazo. Según Mathiasen, la resiembra de coca en casos de erradicación forzosa llega a un 25 o 30% luego de tres meses y después de un año alcanza el 50 % o más. Sin embargo, a pesar de la experiencia que ha tenido el país, el actual gobierno insiste en fórmulas que ya evidenciaron el fracaso.
Es importante precisar que la política del glifosato no comenzó con Duque, sino con el expresidente Santos. En el mes de junio del año en curso, el ex Ministro Luis Carlos Villegas llevó al Consejo Nacional de Estupefacientes la autorización para reactivar la fumigación con glifosato, pese a que en 2015 el Gobierno la había suspendido y en 2017 la Corte Constitucional prohibió su uso en respuesta al pedido de protección de una comunidad indígena del Guaviare. Esta decisión se tomó en el marco de la construcción y puesta en marcha del Plan Quinquenal 2018 – 2023, que promete a los Estados Unidos reducir en 5 años un 50% del total de cultivos de coca, que para ese momento se calculó en 180.000 hectáreas. Dicho Plan es la estrategia del Estado para la lucha contra el narcotráfico e incluye la vieja fórmula de la aspersión aérea, además de la sustitución voluntaria y la erradicación manual.
La justificación que tuvo el anterior gobierno para volver al glifosato tiene un doble matiz: por un lado, la necesidad de frenar la expansión de los cultivos y erradicar de manera rápida los ya existentes; y en segundo lugar afirmó que se realizará con un “innovador método” que permitirá mitigar los efectos dañinos que tiene este agente químico sobre las personas, el medio ambiente y los territorios. Al decir esto se refería a la fumigación con drones, que en palabras de Luis Carlos Villegas “se necesita la mitad de la concentración de veneno que se usaba en los aviones que hacían aspersión aérea. Ese método necesitaba cerca del 45% de glifosato puro, aquí estamos hablando de menos del 25 % de la mezcla, lo que significa menores riesgos sanitarios, menores riesgos de pérdida y mayor efectividad del acción de la erradicación; tiene una efectividad comprobada en 99%, solo se requieren ocho personas entrenadas para asegurar su operación, la concentración de glifosato puro es de 2,5 litros por cada 10 y el costo estimado por hora es de $600.000, mientras que el costo con los aviones era de $6.000.000”.
Así las cosas, en los últimos dos meses de ese mandato se desarrolló un plan piloto en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Este comenzó en Tumaco, y para ello se contrató a la empresa FumiDrone S.A.S. para que asperjara 120 hectáreas por un total de 78 millones de pesos.
Sin conocer el resultado de ese plan piloto, el actual presidente Iván Duque se comprometió con el Plan Quinquenal 2018 – 2023 y anunció desde su campaña que incluiría la fumigación como una estrategia para luchar contra el narcotráfico. Y es que el retroceso no es menor, pues la aspersión demostró su ineficacia en 2015, cuando luego de 12 años de practicarse en el país, la reducción en los cultivos fue tan sólo de 16.000 hectáreas. A esto se suman los diagnósticos en materia de salud acerca de los efectos cancerígenos del glifosato, corroborados por la OMS y por un tribunal estadounidense que condenó a la Monsanto por el uso de este químico.