Otra vez: ‘conejo’ a las curules de paz

Por: Esteban Salazar, Línea Democracia y Gobernabilidad – Pares


Según lo pactado entre el Gobierno y las FARC en el Acuerdo de Paz, se debían crear 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes, por dos periodos, para las subregiones en las cuales el conflicto se vivió con mayor dureza. Este proyecto hizo parte del paquete legislativo del Acuerdo que transitó en el “fasttrack”, pero resultó hundido hace un año.


En su momento, varios partidos, algunos de los cuales hoy hacen oposición al Gobierno nacional, manifestaron la necesidad de crear e implementar estas curules y, luego de una serie de pleitos jurídicos que llegaron hasta el Consejo de Estado por las irregularidades en las votaciones iniciales, volvieron a presentar la iniciativa a mediados de 2018.


Con la llegada del nuevo Congreso, que se posesionó el 20 de julio, se esperaba que el proyecto tuviera un nuevo rumbo. Sin embargo, aunque la iniciativa ya había superado su primer debate en la Comisión Primera del Senado, en las plenarias del 14 y 15 de noviembre de la corporación, en la que debió ser la segunda de ocho votaciones que debía atravesar en el Congreso, se terminaron por hundir, otra vez, la creación de las 16 curules a raíz de la injerencia del Gobierno nacional y el partido Centro Democrático.


Esto es así toda vez que varios senadores que defienden la creación de las circunscripciones hicieron señalamientos públicos a la ministra del Interior Nancy Gutiérrez y a la alta consejera para las regiones, Karen Abudinen, por intentar ejercer presión a los legisladores para que hundieran ese proyecto. Además, el senador Álvaro Uribe manifestó que, por el contrario, el Congreso debe ser reducido. Un comportamiento que refleja la posición del gobierno, pues no apoyaba el proyecto de las 16 curules de paz para las víctimas del conflicto armado debido a que, según voceros del Centro Democrático, esta propuesta está por fuera del espíritu de los Acuerdos de Paz.


En efecto, tras dos horas de intervención de los senadores en plenaria del miércoles, en el que se repitieron los temas que ya se habían debatido el martes hasta la medianoche, ante la falta de consenso para realización de la votación, el presidente del Senado, Ernesto Macías (Centro Democrático), levantó la sesión y convocó plenaria para el lunes 19 de noviembre. Al final solo estaban 2 senadores, de los cuales 42 dejaron claro su voto positivo al proyecto. Mientras que el partido Centro Democrático fue el primero en salirse para sabotear el quórum.


Sin duda alguna, estos hechos lesionaron gravemente lo acordado entre el Gobierno y las FARC para la creación de las curules, pues el tiempo en el legislativo ya no alcanza para que sean aprobadas, razón por la cual se acentúan las polémicas que venían desde el año pasado. Por un lado, por la campaña de desprestigio sobre la necesidad de que haya representación política en estos espacios, bajo el argumento de que están relacionados con presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), economías criminales, clanes políticos y altos índices de violencia.


Sin embargo, también son territorios que coinciden con el abandono estatal, altos índices de desigualdad, pobreza y brechas socio-económicas. En ese sentido, aunque haya un riesgo latente de que puedan ser cooptadas por los grupos políticos tradicionales y las mafias locales, también existe la necesidad de dar representación y visibilidad política a estos territorios.


Por otro lado, estas circunscripciones estaban articuladas con otros puntos con los cuales se buscaba implementar proyectos más ambiciosos del Acuerdo de Paz, específicamente de la Reforma Rural Integral. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que cumplen 18 meses desde la expedición del decreto de su creación (893 de 2017), coinciden con las mismas 16 subregiones a las que se busca dar representación política.


Estas curules estaban enmarcadas como el brazo político de las políticas de Estado para llevar institucionalidad a estos territorios. La representación en el Congreso buscaba garantizar los recursos y la incidencia legislativa para que haya mayor atención desde la rama y desde el ejecutivo.


Sin duda alguna, los riesgos eran latentes, de igual manera como sucede hoy en día en las circunscripciones ordinarias, pero seguirle negando la oportunidad de tener representación política especial a estos territorios se ha convertido también en una instrumentalización política para revictimizarlos.