Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La entrante ministra de agricultura, Cecilia López Montaño, le ha prometido al país que realizará una nueva reforma agraria; además, ha insistido en que la hará “sin timidez”. Lo que significa –según la etimología de la palabra– que buscará una “transformación” real del campo colombiano, dándole a este “una nueva forma”.
Su propuesta de reforma se concentrará en dos grandes acciones. La primera, cambiar el uso del suelo, dándole un uso más racional y eficiente; y la segunda, transformando la propiedad y tenencia de la tierra, buscando reducir la alta concentración de la propiedad y buscando entregar tierra a los habitantes del sector rural.
El primer objetivo, aunque novedoso en el país, se enmarca en la clásica propuesta cepalina de transformación productiva de los años noventa, la cual consiste en cambiar la vocación agrícola y pecuaria del país, pasando de una ganadería extensiva a una intensiva y buscando que se produzcan otros bienes agrícolas necesarios para la economía, como el maíz, el trigo o el arroz.
El segundo compromiso, aunque menos novedoso que el anterior, es una propuesta más ambiciosa. Buscará reducir la concentración de la propiedad de la tierra, dotando a los campesinos, colonos, arrendatarios, indígenas y demás habitantes rurales de mayor acceso a tierras, para que avancen en su seguridad alimentaria y reduzcan los niveles de pobreza rural multidimensional.
En síntesis, el objetivo de la nueva ministra será la difundida propuesta latinoamericana de una transformación productiva del campo con equidad. Buscará acercar al país a la meta de usar las 22 millones de hectáreas de tierra productiva que tiene, reduciendo la tierra para la ganadería y entregando tierra nueva a los habitantes de la ruralidad.
De lograrlo –el gobierno Petro y su ministra– estarían atendiendo a los dos problemas que históricamente ha mantenido el campo colombiano. Además, enfrentarán y tratarán de reducir las nefastas consecuencias que la violencia, el desplazamiento forzado y el abandono estatal han provocado sobre el sector rural.
Igualmente, estarían avanzando en los objetivos del país de generar una seguridad alimentaria, reducir la pobreza –que para el campo proporcionalmente es el doble del sector urbano– y controlar el riesgo inflacionario –al depender menos de las importaciones de productos e insumos agrícolas que para el país oscilan por el 30%–.
Pero lograrlo será muy difícil. Son muy pocas las razones que hacen pensar que la historia de una fallida reforma agraria no se repetirá. Desde el siglo antepasado el país ha buscado periódicamente realizar reformas de este tipo y lo que ha hecho es profundizar la situación de abandono del campo, de concentración de la tierra y de aumento de la violencia rural.
Un repaso rápido por tres momentos de la historia del país en los siglos veinte y veintiuno evidencian el desasosiego que embarga propuestas como esta.
Hace 84 años, por ejemplo, a través de la Ley 200 o de Tierras de 1936, y que se complementó con la Ley 100 de 1944, se intentó una redistribución de la tierra y una coparticipación de los campesinos en la explotación de la misma, sin embargo lo que se logró fue el inicio y consolidación de la época de la Violencia.
Luego le siguieron, como respuesta paliativa, las leyes 135 de 1961 y la 4ta de 1973 que buscaron, igualmente, una reforma social agraria: dotar a la población rural de tierras y explotar adecuadamente los predios. Lo que se consiguió fue un enojo de los terratenientes, una concentración aún mayor de la propiedad y el origen de varios movimientos armados.
Finalmente, en los últimos cuarenta años se ha insistido en varias reformas, como las que se configuraron en torno a las leyes 35 de 1982, 30 de 1984, 160 de 1994 y la 1448 de 2011. Con las que se ha buscado nuevamente transformar el sector rural, un contexto de desmovilización armada y transformación productiva del campo. Sin embargo, de nuevo, la violencia se ha extendido por el país y la pobreza rural se profundiza.
La última ley, por ejemplo, la 1448 de 2011, ha buscado restituir el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado, pero los avances han sido pocos. El país no ha logrado avanzar significativamente en entregar tierras y títulos de propiedad a los despojados, ni tampoco mejorado sus condiciones socioeconómicas para que estos tengan una vida digna.
Incluso, con normas más recientes como el Decreto Ley 902 de 2017, que busca implementar el Acuerdo Final de Paz y crear e implementar un Fondo de Tierras, con una meta de 7 millones de hectáreas para que campesinos, trabajadores y colectivos con vocación agraria, sin tierra o con tierra insuficiente, participen en programas de asentamiento y reasentamiento, no se ha avanzado mucho.
En casi cuatro años de implementación –entre 2018 y 2021, con corte a 30 de mayo–, según el Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), solo se han logrado regularizar 717.434 hectáreas en 40.926 títulos a campesinos, que equivale únicamente a un 10% del total de hectáreas a formalizar a 2026 según el Plan Marco de Implementación.
En conclusión, al revisar nuestro pasado reciente y no tan reciente, se observa cómo el país ha intentado de forma recurrente realizar reformas agrarias, en cuyo centro están tanto el uso como la propiedad de la tierra, además de programas para el acompañamiento efectivo a la tierra, a asistencia técnica a campesinos y el acceso a créditos, riegos y comercialización. Pero esta implementación ha sido fallida o al menos no se ha logrado lo proyectado.
Con este antecedente se pone en duda y se apacigua el optimismo sobre el cumplimiento de la promesa de la ministra y el gobierno Petro de realizar una reforma agraria “sin timidez”. Realmente, han sido muchos los intentos por lograr una redistribución equitativa de la tierra en el país y pocos los avances que se han tenido en todos estos años en búsqueda de un cambio estructural al sector rural.
Son varios los sectores que se opondrán nuevamente a que se realicen reformas en el sector rural. Lo más seguro es que los ganaderos lucharán contra la idea de reducir sus 34 millones de hectáreas a 15 millones con vocación ganadera. Y harán todo lo posible para que, como dice López, cada una de sus vacas mantenga la tierra con que “un millón de familias campesinas podrían subsistir”.
Tal vez, el único factor positivo y diferenciador que se tienen hoy frente a ese pasado es la triple confluencia de tener unos ministros y ministras con una gran experiencia en temas agrarios –Ocampo y López–; el compromiso de un presidente de trabajar por el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y el cambio climático; y el consenso social sobre la necesidad de reparar a las víctimas del conflicto armado, en especial, a las del sector rural, con las que tenemos una deuda histórica.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.