Ordóñez abraza a Narváez y a Pretelt



Me cuesta mucho entender por qué el procurador Alejandro Ordóñez ha pedido la absolución de José Miguel Narváez, acusado de una larga colaboración con los paramilitares y de haber participado en los asesinatos de Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas; y por qué ha dedicado en los últimos meses tantas energías a defender al magistrado Jorge Pretelt, acusado de varios actos de corrupción y también de adueñarse de tierras de campesinos en la región de Urabá en tiempos del azaroso conflicto armado que asoló esa región.

He comprendido sus críticas al proceso de paz. No las he compartido. Me ha parecido además que tienen un muy definido sabor político. Pero se afincan en la defensa de las víctimas. Ese es el filo de la argumentación y en varias reuniones que he tenido con él, a lo largo de este año, le he escuchado razonamientos inteligentes y quizás bien intencionados sobre la necesidad de proteger jurídicamente, hacia el futuro, los acuerdos con la guerrilla. Le he escuchado que su gran preocupación es que, con acuerdos mal hechos, o con acuerdos que después se incumplen, continúe la violencia. Su punto fuerte, éticamente fuerte, es la no repetición.

En los casos de Narváez y Pretelt ocurre todo lo contrario. Tomó partido por personas que han vulnerado de manera ostensible la vida y los derechos de los ciudadanos o han afrentado al Estado y a la sociedad. Algunas de las irregularidades las han realizado, además, en calidad de funcionarios públicos del más alto nivel. Narváez cuando era subdirector del DAS y Jorge Pretelt como magistrado de la Corte Constitucional. Lo cual sugiere que, en vez de asumir la defensa, el procurador debería estar contribuyendo a recaudar información para ayudar a la Justicia. No. La función se invierte de manera escandalosa: la Justicia acusa y el procurador absuelve.