Por: Redacción Pares.
Los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia enviaron una carta a los verificadores internacionales y miembros de las instancias de acompañamiento del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la exguerrilla de las FARC, con el fin de hacer seguimiento y verificación al punto 4 del Acuerdo que aborda el tema de la “solución al problema de las drogas ilícitas en Colombia”.
Esta solicitud se da en el marco de diferentes incumplimientos por parte del Gobierno Nacional en la implementación del punto 4 del Acuerdo. Entre los incumplimientos que denuncian los congresistas se encuentra la desfinanciación al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS–, la aspersión con glifosato y la violación de Derechos Humanos en operaciones de erradicación forzada.
“Si bien, se han impulsado algunas iniciativas legislativas para dar lugar al cumplimiento del punto 4, ellas no han conseguido consensos entre lo pactado, y la visión de Gobierno. Esa circunstancia ha conducido a que entre 2016 y 2020 hayan sido privados de la libertad, por cuenta de medidas de aseguramiento o condenas, 174 pequeños productores; y hayan sido capturadas, en ese mismo periodo, otras 306 personas, señaladas de los delitos de “conservación o financiación de plantaciones” y de “destinación ilícita de muebles e inmuebles”, señala la misiva enviada por los parlamentarios.
En ese sentido, los senadores denuncian que la financiación por parte del Gobierno Nacional a los programas para sustituir los cultivos de uso ilícito se han recortado sin una justificación clara. Según el informe de la Contraloría General de la República, en el periodo 2017-2019, para la implementación del punto 4 se registró una ejecución de $3 billones de pesos, sin embargo, sin explicación, en 2020 el Gobierno destinó solo 97.527 millones. Es decir, disminuyó notoriamente los recursos para la ejecución de este programa.
Para el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, la política del Gobierno Duque está enfocada en la erradicación forzada y la militarización de las regiones con altos índices de violencia. “El Gobierno Nacional seleccionó unas zonas en el país denominadas ‘Zonas Futuro’, que reviven la vieja la estrategia Uribista de militarizar las regiones con cultivos ilícitos, sin ofrecer opciones alternativas a los campesinos, recrudeciendo la violencia y generando altos índices de violación a los DDHH.”
Por su parte, el senador Iván Cepeda sostuvo que el Gobierno señala que el narcotráfico prolifera, pero no implementa el Acuerdo como la única fórmula eficaz para contrarrestar en los territorios esta economía ilícita, con el desarrollo de programas que ayuden al campesinado para que pueda optar por la sustitución. “Ante el incumplimiento de todo lo acordado en el punto cuarto del acuerdo de La Habana, con relación a la sustitución de cultivos y una política y un enfoque distintos frente al narcotráfico, hemos elevado una petición a los organismos que verifican el Acuerdo para que haya una exigencia de cumplimiento al Gobierno Nacional”.
La misiva fue enviada a José Mujica Cordano y Felipe González, Notables para la verificación de la implementación del Acuerdo de Paz; António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas; Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Khalid Tinasti, secretario ejecutivo de la Comisión Global de Política de Drogas.