Por: Redacción Pares
En Colombia, unos 86 líderes sociales y 77 excombatientes de las FARC fueron asesinados en 2019. El Secretario General de la ONU llama a que se adopten medidas más efectivas para protegerlos, tales como una política pública para desmantelar grupos armados ilegales y organizaciones criminales que llevan a cabo reclutamiento forzado, homicidios, desplazamientos, ataques y amenazas.
Unos 77 excombatientes de las FARC fueron asesinados en 2019, elevando la cifra a un total de 173 desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, firmado en 2016, señala un nuevo informe del Secretario General de las Naciones Unidas.
La falta de seguridad es aún más crítica para los líderes sociales: desde la firma del Acuerdo de Paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de las garantías fundamentales y líderes sociales, 86 de los cuales (incluidas 12 mujeres) ocurrieron en 2019.
De acuerdo con António Guterres, la seguridad de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsecamente vinculada a la seguridad de sus comunidades.
“A pesar de las mejoras generales en la seguridad registradas tras el Acuerdo de Paz, las comunidades continúan siendo atacadas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales en áreas donde la limitada presencia del Estado ha dejado vacíos institucionales y donde la falta de oportunidades económicas ha hecho que las comunidades sean vulnerables a las economías ilícitas”, aseguró el Secretario General.
Dijo además estar alarmado por las consecuencias, especialmente para las comunidades étnicas, de los combates entre grupos armados ilegales en el corredor de tráfico ilícito que se extiende desde la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, hasta el departamento del Chocó, así como la incesante violencia en el departamento del Cauca.
“La presencia de grupos armados ilegales en los territorios étnicos sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos, reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos”, expresó.
El Secretario General reiteró su llamamiento al Gobierno colombiano a adoptar medidas más efectivas para proteger la vida de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, incluidas provisiones específicas para las lideresas y defensoras y para los líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos.
“Reitero también mis llamamientos a que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz. Los familiares, incluidos los niños, de los excombatientes asesinados desde la firma tienen vulnerabilidades particulares, y se deben considerar acciones específicas para apoyarlos”, dijo.
António Guterres destacó que una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como se estipula en el Acuerdo de Paz, es esencial para frenar la violencia que estos grupos infligen a las comunidades vulnerables.
“Aliento al Gobierno a que vuelva a convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para avanzar en la finalización e implementación de esta política. Se debe considerar la posibilidad de seguir avanzando en la implementación del Decreto núm. 660 de 2018, relativo al Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, que es otro vehículo importante para mejorar la seguridad de las comunidades en las antiguas zonas de conflicto”, agregó.
El titular de la ONU recordó que, si bien el Acuerdo de Paz preveía una transformación a largo plazo de Colombia, particularmente de las zonas devastadas por el conflicto, los fundamentos de esa transformación deberían construirse desde ahora a través de acciones concretas de todos los actores para implementar el Acuerdo en su totalidad.
“Con el Acuerdo de Paz como hoja de ruta, Colombia puede continuar construyendo la paz que sus ciudadanos tanto anhelan. Las Naciones Unidas siguen plenamente comprometidas con ese objetivo, trabajando en asociación con las partes, con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional”, concluyó.