Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado miércoles, 14 de octubre, Carlos Ruiz, jefe de la Misión y Representante Especial del Secretariado General de la ONU en Colombia, hizo la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, en donde estuvieron 15 miembros del Consejo de Seguridad, además de Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.
En este encuentro fueron varios los puntos mencionados desde la organización y el vocero de la misma, en los cuales, si bien se afirmó que ha habido avances en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, no obstante, se hizo énfasis en la preocupación sobre la situación de violencia que atraviesa el país.
Sobre esto se llamó la atención en las consecuencias del deterioro en la seguridad en el país, que, siguiendo los datos presentados desde la ONU, se han reportado a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al menos, 42 masacres en lo que va del 2020, así como otros hechos de violencia que han venido afectando además de las poblaciones más abandonadas por el Estado, también a las personas que ejercen liderazgos sociales y defensa de los DDHH.
“Las recientes masacres son un doloroso recordatorio de cómo civiles inocentes, incluidos jóvenes, son víctimas de estos grupos”, expresó el Carlos Ruíz, quien, adicionalmente, afirmó que: “encontrar formas de detener la violencia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo de Paz”.
Vale la pena mencionar que además de las 42 masacres que se registran desde la organización, se comunicó durante la presentación que se están estudiando 13 hechos más, asimismo, se informó que se han comprobado 48 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco de mujeres.
A esto se suma, como indicó el informe, que los enfrentamientos armados han causado que unas 18.400 personas hayan sido objeto de desplazamientos colectivos y 19.000 de desplazamientos individuales, desplazamientos que en un 71 % se han concentrado en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia y Norte de Santander.
Hay que señalar que unos de los llamados que se hizo desde la ONU fue que estos hechos violentos, en su mayoría, se habían cometido en zonas sobre las que habían emitido alertas tempranas desde la Defensoría del Pueblo, por lo que se instó a ejercer un trabajo de forma coordinada, para que los riesgos reportados tengan la suficiente atención y manejo eficaz por las distintas instituciones buscando mitigar estos escenarios de peligro.
Violencia no da tregua contra excombatientes
Uno de los puntos que se señalaron y en los que se instó a efectuar medidas de protección efectivas, fue respecto a la ola de violencia y asesinatos sistemáticos que vienen cometiéndose contra firmantes de paz, solicitud que se argumentó bajo varios panoramas.
Por un lado, se afirmó que “la Misión verificó 19 asesinatos de excombatientes en el último trimestre, para un total de 50 en 2020. Desde la firma del Acuerdo, se han verificado un total de 297 ataques contra exmiembros de las FARC-EP, incluidos 224 asesinatos, 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio”.
Asimismo, se advirtió que habían sido aprobadas por parte de la Unidad Nacional de Protección 94 medidas urgentes de protección para excombatiente, sin embargo, siguiendo el seguimiento que ha venido realizando la organización, 19 excombatientes han sido asesinados en los últimos cuatro años mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección. Por lo que resaltan la importancia de que la Unidad cuente con suficientes recursos para que pueda tramitar las más de 400 solicitudes de protección pendientes.
Por otra parte, se respaldaron las más recientes versiones dadas el pasado 03 de octubre, cuando desde la JEP se comunicó que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad había recibido una carta del antiguo Secretariado de las Farc-ep, en la cual se comprometen a aportar a la verdad, esclarecer y asumir los hechos relacionados con el homicidio de Hernando Pizarro León-Gómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes, Pablo Emilio Guarín y Álvaro Gómez Hurtado.
Así, desde la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU se expresó que se “confía en que estas declaraciones irán seguidas de otros gestos de esos dirigentes y de otras personas dispuestas a cumplir la parte que les corresponde en esta labor”, además, respecto a la JEP se indicó que “gana impulso a medida que los componentes del Sistema Integral llevan a cabo su labor. Es fundamental brindarle apoyo, incluyendo el respeto de autonomía e independencia, cooperación de todos los actores, y participación de quienes hicieron parte de conflicto”.