En la Foto: Carlos Medina viceministro de Justicia, Luis Fernando Velasco presidente del Senado, Elber Gutiérrez jefe de redacción del diario El Espectador, León Valencia director de la Fundación Paz y Reconciliación, Jorge Perdomo Vicefiscal General de la Nación y Ariel Ávila subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
“Nosotros deberíamos decirlo claramente, frente al crimen organizado o las bandas criminales, tenemos que combatirlo con toda la fuerza de la institucionalidad y, si acaso, someterlas”. Estas fueron las palabras con las que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo abrió el debate que sobre el tema organizaron ayer El Espectador y la Fundación Paz y Reconciliación.
Esa es su posición frente al futuro de las bacrim, como se conoce a estos grupos ilegales. Frente a la pregunta que se planteó como eje central del encuentro: “Escenarios de lucha contra las bacrim en el posconflicto. ¿Desmovilización o sometimiento?”. La primera no es la opción que está estudiando la Fiscalía para frenar un fenómeno que, según cifras del Ministerio de Defensa, tiene presencia en más de 491 municipios de Colombia y que, a pesar de las capturas o muertes de sus máximos cabecillas, su poder sigue imperando en el país.
La polémica sobre cómo el ente investigador va a seguir la lucha contra el crimen organizado, una amenaza que podría ser letal para un escenario de posconflicto, comenzó en 2014. En sus inicios, el vicefiscal explicó que el ente investigador planeaba un proyecto para el sometimiento de las bandas. En el encuentro de ayer, Perdomo explicó que se trata de un cambio para los sometimientos que tendrá dos fases. La primera es que los integrantes de un grupo que se quieran someter en conjunto lo pueden hacer y un fiscal estudiará a profundidad el contexto del grupo: cuántos son, qué hacen, dónde operan y qué delitos están dispuestos a confesar.
La segunda parte será el sometimiento individual, pues la Fiscalía es consciente de que no siempre toda una banda criminal comete los mismos delitos. Lo novedoso de este sistema, dijo el vicefiscal, es que hasta ahora no existe la posibilidad jurídica de un sometimiento colectivo. Esto, según Perdomo, hará más sencillos los procesos judiciales y, sobre todo, ayudará a investigar más a fondo la composición, estructura y la manera en que las bandas criminales delinquen en todo el país. Para todos los panelistas del foro, esta carencia de información es uno de los errores más graves que ha tenido la lucha contra el crimen organizado.
“Este nuevo fiscal, que llamaremos negociador, tendrá la autoridad para suspender órdenes de captura para poder negociar con los integrantes de la banda. Vamos por el segundo debate en la Cámara para poder seguir al Senado. Pero no habrá justicia transicional”, agregó Perdomo en el foro, haciendo especial énfasis en que a sus integrantes se les aplicarán los mismos mecanismos que la justicia permite en la actualidad: principio de oportunidad, preacuerdos con la Fiscalía y la reducción de hasta el 50% de su condena si aceptan cargos.
Además de la cuota de la Fiscalía, en la mesa de panelistas del encuentro de ayer participaron el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco; el viceministro de Política Criminal y Justicia, Carlos Medina, y el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila.
La nueva estrategia de la Fiscalía contra las bacrim es puramente judicial. Con el mismo objetivo, el ente investigador anunció en diciembre pasado que había firmado una directiva, la 003, en la que, dentro de otras cosas, le daba luz verde a la Fuerza Pública para bombardear a grupos jerarquizados y con poder militar. En ese momento, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le agradeció al fiscal general, Eduardo Montealegre, porque con esta medida por fin se aceptaba que Colombia está frente a una nueva realidad. Pero no todos piensan igual (ver en esta edición la entrevista con el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo).
De acuerdo con lo planteado por Perdomo en el foro de ayer, ese nuevo panorama tiene que ver con el alto nivel organizacional de las bacrim y las preocupantes características de sus hostilidades. “Esos son los dos elementos que se han consagrado en el ámbito internacional –derecho internacional humanitario– para determinar objetivamente que hay un conflicto armado. No es necesario que un gobierno lo acepte o no. No hay necesidad de un reconocimiento político como estábamos acostumbrados”, agregó Perdomo, a quien le preguntaron si en Colombia se ha entendido bien el DIH: “Es una pregunta difícil de responder incluso para la Fiscalía”.
“Si esto se va a aplicar, lo importante es que se haga teniendo en cuenta lo que hemos aprendido en años anteriores, y con base en eso la lección es que cuando el Estado se propone unas metas para cumplir, termina desviándose”, señaló el viceministro de Política Criminal y Justicia, Carlos Medina, quien además advirtió que es necesario adoptar medidas para evitar que la lucha contra las bacrim derive (como ocurrió con la guerra contra las Farc) en casos tan dolorosos como los de los falsos positivos. Los panelistas del foro estuvieron de acuerdo en que una de las prioridades para desmantelar a esas estructuras ilegales es atacar sus estructuras económicas.
El afán de reducir el impacto de las grandes bandas criminales, que según datos de la Fundación Paz y Reconciliación son 31 en todo el país –el mismo número que existían en 2008 cuando se empezó a identificar este fenómeno– es apremiante. Uno de los acuerdos que se ha logrado en La Habana apunta a que el Estado garantizará la protección íntegra de los miembros de las Farc que regresen a la vida civil. Pero la presencia de bacrim en el país y el anuncio de varias de ellas de declarar como “objetivo militar” a los excombatientes, hace pensar que las medidas que se tomen para acabar con esta guerra son las que definirán el rumbo del país en el posconflicto.