Por: Cristian Mauricio Peña Acosta. Investigador Pares.
En lo corrido del 2021 se identifican en Norte de Santander dos zonas que exhiben el escalonamiento de los conflictos armados; la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente entre el área rural de Cúcuta, Puerto Santander y Tibú; y la zona alta de la subregión del Catatumbo. Ello, registró para el año en mención una incursión armada de AGC, más de 20 homicidios, desplazamientos colectivos permanentes, cinco (5) secuestros, atentados, enfrentamientos entre grupos armados y combates con Fuerza Pública, entre otros.
El cíclico duelo en la frontera
Para la zona de frontera del departamento de Norte de Santander, durante lo corrido del año 2021, entre los meses de enero a la segunda semana de febrero, PARES ha registrado 16 homicidios en trochas, donde han sido implementadas armas de fuego para cometer estos delitos.
Los casos se concentran para el mes de enero en el municipio de Villa del Rosario, veredas La Parada, Bocono y El Palmar. En las últimas dos semanas, estos hechos se vienen presentando en mayor número sobre la zona rural de Cúcuta, específicamente en el Corregimiento de Banco de Arena, veredas Puerto León y El Infierno, donde se registra el homicidio de William Antonio Rodríguez Martínez, ex edil y líder comunal.
En dicha zona fronteriza, donde limitan la zona rural de Cúcuta y Tibú, desde 14 de diciembre del 2020, se manifiestan denuncias por parte de organizaciones sociales y la comunidad en general, sobre una incursión armada, inicialmente compuesta por alrededor de 150 hombres que, el 16 de diciembre, se presentan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC o el Clan del Golfo, e indican que su objetivo es establecer el control territorial de manera armada.
Desde la presencia de las AGC, se han aumentado los enfrentamientos entre los grupos armados allí presentes. El suceso de mayor impacto, partiendo de dicha incursión armada, sucede el 29 de diciembre del 2020 en la zona rural de Tibú, vereda La Silla, surgiendo un fuerte y prolongado combate entre las AGC y el ELN. Allí, se denuncia un riesgo inminente contra aproximadamente 40 familias, causando el desplazamiento inicial de 80 personas hacia el sector del Ambato, refugiadas en una escuela, manteniendo desde dicho desplazamiento una salida de personas de manera permanente.
A finales del mes de diciembre, hasta la última semana de enero, se intensifico el desplazamiento forzado de 250 personas. La incertidumbre en la región es tal, que durante el mes de enero se propagó el suceso de una masacre de tres personas en la vereda Totumito-Carboneras, manifestando la presencia de 17 hombres armados que ingresan a una finca y realizan disparos contra un finquero y algunos trabajadores, generando así el desplazamiento colectivo de familias. Este supuesto hecho de masacre fue investigado y desmentido por la Defensoría del Pueblo, exponiendo que, según testimonios, el grupo armado no realizó el cometido, pero si el intento de perpetrarlo. Imagen: Pares.
Desplazamientos forzados
Entre los meses de diciembre del 2020 a enero del 2021 son registrados dos picos de desplazamientos forzados colectivos en el corregimiento de Palmarito y las veredas La Silla, Tutumito-Carboneras, presentando de la misma manera el desplazamiento perenne de manera individual y colectiva, alcanzando un número aproximado de 400 personas desplazadas (salen de los las veredas de Palmarito, Banco de Arena, Buena Esperanza, Agua Clara y Guaramito).
El conflicto que allí se vivencia se ha caracterizado por mantener alto nivel de riesgo, siendo emitidas para el año 2020 tres alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo3, 011 de marzo, 035 de agosto y 050 de noviembre. Estas alertas hacen referencia al permanente enfrentamiento que se presenta entre los grupos armados a causa del control territorial y las nefastas consecuencias que esto ha dejado; así como también presenta recomendaciones a las instituciones que al momento no han sido acatadas.
Con lo anterior, concurren diferentes hipótesis; alianza entre la AGC con Los Rastrojos para combatir el ELN y que los grupos de origen paramilitar vuelvan a tomar el control de este territorio; las AGC quieren tomar el control total del territorio aprovechando el debilitamiento de Los Rastrojos y combatir el ELN; o, fortalecer el grupo armado de Los Rastrojos para dar continuidad al control que allí se establecía por mas de diez años.
Sobre dichos hechos, es importante resaltar las diferentes posiciones de las instituciones locales de gobierno y Estado, llegando a la negación durante el mes de diciembre por la Fuerza Pública y la alcaldía municipal de Cúcuta, anunciando la existencia de los mismos actores armados que venían haciendo presencia durante el 2020 (ELN y Los Rastrojos). Las primeras instituciones en hacer presencia y corroborar las denuncias de la incursión de las AGC fue la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía municipal de Tibú, quienes entran en controversia con las instituciones anteriores.
Las acciones de la Fuerza Pública se despliegan en la primera semana de febrero; comunicando la incautación de material bélico y un combate contra la AGC en el corregimiento de Banco de Arena, ciudad de Cúcuta. También se registró la captura a un presunto miembro de este grupo armado, señalado como el segundo cabecilla al mando en esta zona, conocido con el seudónimo de “Samuel”, y se conoce una identificación irrisoria del máximo cabecilla de las AGC que viene dirigiendo las acciones armadas en esta zona de frontera.
El conflicto armado en el Catatumbo, un drama que no acaba
Entre Convención, Teorama, El Tarra y Ocaña, para el mes de enero se presentaron seis (6) homicidios con arma de fuego. De estos, uno cometido contra el excombatiente, firmante del acuerdo de paz, Geovanny Claro García. Según versiones de medios locales, este quedo en medio de un enfrentamiento entre hombres armados, presuntamente del EPL, y un grupo armado posFARC, los hechos generan disputas entre estos, reveladas por medio de comunicados, donde el GAPF señala al ELN de realizar acciones violentas en contra de las comunidades, mientras el EPL se defiende pronunciando su compromiso por la región y señalando a bandas criminales que usan su nombre para cometer delitos.
Los homicidios también se caracterizan por la forma selectiva que han venido sucediendo. El uso de letreros que reposan sobre los cuerpos donde se “justifica” el asesinato, o el hallazgo de cuerpos con signos de ejecución. También es importante resaltar el modus operandi de los intentos de homicidio; la denuncia que realiza la fuerza pública sobre un posible “plan pistola” en el municipio de Tibú, el cual ha dejado tres (3) policías heridos y cinco (5) ataques a ejército y policía, o el intento de homicidio contra Eliud Camargo, exalcalde de Teorama y notario de este municipio, siendo atacado por un grupo amado al margen de la ley en medio de un retén ilegal.
En dicha zona del Catatumbo se han cometido cuatro (4) secuestros, sumando otro más, ocurrido en la parte alta del municipio de Tibú. Los registros sobre estas acciones se presentan en mayor medida contra soldados del Ejercito Nacional y uno contra el líder social, excandidato a la alcaldía y maestro Johan Vargas Sánchez, secuestrado en el municipio de El Tarra. Estos hechos se atribuyen principalmente al ELN y al GAPF presente en la zona, destacando que, en los últimos dos meses, dichos grupos han realizado entregas humanitarias de secuestrados a la Defensoría del Pueblo. Imagen: Cortesía.
Los combates entre el Ejército Nacional y los grupos armados (principalmente el ELN y los Grupos Armados PostFARC) se han agudizado en lo corrido del último mes, resaltando acciones por estos últimos que se identifican como ataques sorpresa, utilizando presuntamente cilindros bomba y otros tipos de artefactos explosivos. En los hechos se ha realizado una presunta baja del ELN por parte del ejército y se pronuncia la intranquilidad por parte de las comunidades allí presentes.
Sobre este escenario, la Defensoría del Pueblo emitió para el año 2020 la Alerta Temprana número 0344, que aborda el análisis y advertencia del riego presente en el municipio de Ocaña, relacionado al conflicto entre ELN, EPL y GAPF Frente 33, que se ha venido agudizando desde el año 2018 en la zona alta del Catatumbo. Sobre ello, se logra concluir la manifestación de constantes reconfiguraciones en las dinámicas del conflicto en la zona, que se siguen presentado y transformando rápidamente, señalando desatenciones por parte de los actores institucionales allí presentes a las recomendaciones de dichas alertas.
En la actualidad, según los registros de violencia presentados en la parte alta del Catatumbo, se escucha el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo con una nueva alerta temprana para esta zona alta del Catatumbo, abordando El Carmen, Convención y Teorama.