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“No me amenace con la cárcel”: Álvaro Uribe Vélez

Por: Guillermo linero Montes



Es bastante evidente que el expresidente Uribe sigue siendo en Colombia el supremo líder de la derecha y de la extrema derecha. No en vano, a la gente que se manifiesta afín a su línea política, así no tengan nada que ver con el expresidente, ni con el Centro Democrático, se les denomina peyorativamente “uribistas”. De hecho -exceptuando al Centro Democrático, y por cuenta de las confesiones de miembros de las fuerzas militares acerca de los 6.402 jóvenes asesinados por la espalda- los seguidores de los expresidentes Iván Duque, Juan Manuel Santos y César Gaviria; tanto como los militantes de los partidos Cambio radical, De La U, y Conservador, venían negando sus nexos lacayos con el expresidente Uribe, cuando lo cierto es que, desde el 2002, nunca le han desconocido su condición de líder de la derecha.


Por eso, al expresidente Uribe, no le ha preocupado que lo hayan dejado solo, o que lo nieguen sin aspavientos, pues entiende que eso es parte de una estrategia de tales partidos para no contaminarse con todo lo atroz que la mayoría de los colombianos y colombianas dicen acerca de él. De hecho, estos partidos citados están conectados visceralmente a los gobiernos anteriores al de Gustavo Petro, y han sido beneficiarios conscientes de tal contexto político, donde robarse las arcas del estado era parte de las reglas de juego y, para conseguirlo, la corruptela era una regla de oro en las contrataciones estatales.


La idea falaz de que cuando se roba al estado se roba a un ente abstracto, dio pie a una moral política rapaz que, sólo y únicamente resultaba rentable para los clanes políticos y sus familias, si la ignorancia del pueblo se mantenía como otra regla de oro. Cuando algunos valientes politólogos o pensadores libres, empezaron a denunciar que Colombia era un “narco estado”, o una “narco-democracia”, se referían, sin precisarlo, no sólo a los vínculos de políticos y gobernantes con el narcotráfico (pues eso ha sido igualmente un recurso financiero de las guerrillas y de las bandas criminales), sino se referían, también, a la corrupción política. Dos aberraciones, el narcotráfico y la corrupción, que hoy están siendo fuertemente afectadas por las acciones de las fuerzas militares al mando del presidente Gustavo Petro. De hecho, los estertores de la agonía de estas dos maneras del crimen organizado, se visualizan en los erizamientos de la oposición, cuyo único y real interés es no perder los poderes políticos y económicos, obtenidos precisamente gracias a esas dos aberraciones, el narcotráfico y la corrupción.


Lo cierto es que los partidos de derecha, hasta hace muy poco -con vergonzante hipocresía- se mostraban distantes del expresidente Uribe; pero hoy vuelven a mostrarse alineados a sus perversidades, sin duda movidos por el odio que le profesan en común al presidente Petro y por la fobia que le tienen a las prebendas sociales. En efecto, los partidos de derecha coinciden con el expresidente en esta barbaridad: que a falta de verdades jurídicas y de hechos políticos negativos -con los cuales acusar y derrocar al presidente- y después de haber fracasado con las estrategias del golpe blando (con falsas noticias, guerra legal y desprestigio infundado) no queda otra opción que pensar en darle al presidente un golpe fuerte, un golpe militar.


Sería muy descabellado e irresponsable, exponer esto así, como lo estoy haciendo, de no ser porque el expresidente Uribe, ha convocado públicamente a las fuerzas militares para que desobedezcan las órdenes del presidente, que es constitucionalmente el jefe máximo de las fuerzas militares. Ha dicho Uribe que: “Las fuerzas militares no pueden quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras que ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN, para que presionen con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha popular, finalmente armada, y de otro lado las fuerzas armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia, por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la república”.


En lógica consecuencia, la alineación a la cual me he referido, toma forma con la actitud de estos partidos mentados que, frente a estas declaraciones temerarias del expresidente, han preferido guardar un silencio cómplice, del cual se traduce una suerte de implícita aceptación. Y, desde luego, tal postura resulta bastante coherente, si consideramos que, ya en mitad del mandato de Petro, comienza la lucha electoral y es apenas natural que estén visualizando la victoria de otro progresista, o de cualquier candidato que asegure la continuidad de las políticas del presidente Petro. De tal suerte, es apenas lógico deducir que, para impedir que ello ocurra, hayan decidido cambiar de estrategia, pasando del fallido libreto del golpe blando, al libreto de un golpe fuerte, de un golpe militar.


Si lo expresado por el expresidente Uribe en la Universidad de la Sabana, lo hubiera dicho Pedro, Martha, Miguel, Clara, Esteban, Nicolás, o cualquier ciudadano común y corriente -bien en una cafetería, en una cancha de futbol o en cualquier lugar de menor importancia que un estrado universitario- sería desproporcionado amenazarles con la cárcel, recordándoles los artículos 467 y 468, del código penal colombiano, que castigan la sedición. Y juzgarlos por ello, sería en verdad una pérdida de tiempo y de dinero para la justicia; porque, los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes, con ese lenguaje de rebelión no pondrían en riesgo la seguridad nacional por falta de una audiencia que se les sume. Pero, si quien lo expresa es alguien que ha estado al mando de las fuerzas militares por casi 20 años -como lo estuvo el expresidente Álvaro Uribe en un periodo de atroces delitos- y además lleva las riendas de un partido político opuesto al gobierno; entonces es de temer, y hay que recordarle al expresidente que las leyes colombianas, igual que todas las leyes del mundo civilizado, tienen la función teleológica de advertir -o de amenazar si prefiere interpretarlo así- acerca de que las conductas tipificadas como delictuosas en nuestro código penal, ocasionan sanciones y castigos.

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