Por: Esteban Salazar Giraldo, Coordinador
Línea Democracia y Gobernabilidad
@estebanalitic
Durante la última década, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho un trabajo para develar la corrupción política y electoral, la violencia política, los clanes políticos y sus estructuras clientelares. El costo de este trabajo ha sido alto: la censura, la persecución ilegal e, incluso, judicial. Algo que se materializó, nuevamente, con el ataque al portal de la Fundación, eliminando los contenidos publicados durante el último año por la Línea Democracia y Gobernabilidad.
Desde esta Línea, luego de un año electoral bastante álgido, se implementó un Plan Maestro de Seguimiento Electoral con 26 departamentos priorizados y el apoyo de 100 enlaces en todo el país. Se construyeron 6 boletines bimensuales sobre la violencia política y electoral. El balance: 222 víctimas, una cada día de por medio, de las cuales 29 fueron asesinadas. Apenas en el 32% se pudo identificar como presunto responsable a una organización armada como Clan del Golfo, ELN y/o disidencias; mientras que en el 68% de los casos se desconoce el agente perpetrador.
Adicionalmente, se construyeron 4 informes sobre los/as precandidatos/as, candidatos/as y congresistas cuestionados/as que resultaron elegidos/as en las elecciones al Congreso. Previo al proceso de inscripción de candidatos/as se advirtió desde Pares en medios nacionales e internacionales sobre 438 precandidaturas de las cuales 127 tenían cuestionamientos. Los partidos políticos, que se hicieron de oídos sordos, permitieron la inscripción de 105 candidatos/as cuestionados/as. Los partidos con más candidatos/as cuestionados/as fueron: Conservador, La U, Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático.
57 de estos cuestionados resultaron elegidos: 33 en Senado y 24 en Cámara de Representantes. Una disminución de 11 congresistas cuestionados en comparación con 2018, gracias a las advertencias y la labor realizada por Pares durante el cuatrienio. También se identificaron 77 congresistas elegidos asociados a los clanes políticos, el fenómeno de principal estudio de la Línea Democracia y Gobernabilidad en la última década, y de los cuales Pares ha sido víctima de hechos de persecución judicial y también presuntas amenazas por el trabajo realizado en defensa de la democracia colombiana.
Y es que la democracia del país ha estado secuestrada por 54 familias que han constituido igual número de clanes políticos a nivel territorial, con un dominio electoral y burocrático sin competencia durante las últimas décadas en los 32 departamentos, así como en los espacios de representación de cargos públicos.
Desde Pares se ha hecho un seguimiento a estos clanes y su relación con los autoritarismos subnacionales. Un fenómeno que incide directamente en el uso de partidos políticos como vitrinas electorales, más allá de factores ideológicos, consolidando gobiernos con baja o nula alternancia en el poder.
Al no constituirse como una institución electoral e ideológica, hay partidos con una trayectoria tradicional que han servido como vehículo para estos clanes. Se trata de partidos como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical y La U, los cuales han acogido en sus avales a los barones y baronesas electorales a cambio de impulsar una agenda centrada en las transacciones burocráticas, que luego se han convertido en graves focos de corrupción. Partidos que, como se mencionó, coinciden con la mayor cantidad de cuotas cuestionadas en los cargos de elección popular.
Sin una alternancia del poder, unos partidos como vitrinas electorales y un alto riesgo de corrupción, Pares se ha convertido en pionero en denunciar cómo funcionan estos clanes, sus herencias y sus estructuras clientelares. Se trata de complejas estructuras, con un alto dinamismo en sus relaciones, que han sido mapeados en dos importantes libros: Los clanes políticos que mandan en Colombia (2020) y Herederos del Mal. Clanes, mafias y mermelada (2014).
Aunado a ello, se han realizado diversos informes de alto impacto ante la opinión pública, en los que se han denunciado políticos corruptos que, a pesar de las advertencias de Pares, han resultado elegidos y posteriormente capturados y presos. Casos como el de Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile en Córdoba, ambos investigados y condenados por escándalos como Odebrecht y el Cartel de la Toga. Clanes asociados a la corrupción departamental como los Aguilar, en el que el jefe del clan, Hugo Aguilar y sus dos hijos, Mauricio y Richard, han sido investigados.
Y más recientemente, el caso de Mario Castaño, exsenador del partido Liberal, al que Pares le ha hecho un seguimiento en su cuestionada trayectoria política y al que, a pesar de haber advertido al partido Liberal sobre sus cuestionamientos, se decidió avalar y posteriormente resultó elegido. Esto sin haberse podido posesionar debido a la orden de captura emitida por la Corte Suprema por los graves hechos de corrupción en los que está vinculado.
Pero desde la Línea Democracia y Gobernabilidad no solo se han investigado y denunciado a los clanes y los hechos de corrupción en estos. Otras denuncias han estado relacionadas con la necesidad de reformar el sistema político y electoral.
Desde 2018 Pares fue el primero en denunciar las irregularidades en el funcionamiento del sistema electoral en el marco del proceso del escrutinio y la diferencia de los votos registrados al momento de cerrar las urnas por los jurados de votación y posteriormente en las mesas escrutadoras. Este problema no se logró solucionar en 2019 ni en 2022, llevó a que se consolidara la Alianza para la Veeduría Electoral (AVE) en 2022 con organizaciones como el Instituto Anticorrupción y el Extituto de Política Abierta.
Desde la AVE se hicieron advertencias sobre los riesgos en el proceso electoral del 13 de marzo de 2022 y las elecciones presidenciales, con especial énfasis en el contrato por más de 1,2 billones de pesos dentro del cual la Registraduría llevó a cabo diversos procesos electorales que tuvieron fallas en los softwares y en la implementación técnica. Un hecho que sirvió para que la Registraduría realizara ajustes que siguen siendo insuficientes para solucionar los problemas de raíz.
Finalmente, desde la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares se han hecho investigaciones sobre sofisticados entramados de corrupción, asociados a la evasión de contratación pública por medio de sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado en casos como Antioquia y Montelíbano. Se ha hecho un seguimiento a los mecanismos que han promovido la opacidad en la contratación, como sucedió con el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la compra de insumos y vacunas contra el Covid-19; así como las estructuras clientelares que operan en universidades públicas, como sucedió con el exrepresentante del partido Centro Democrático Milton Angulo y la UniPacífico.
En suma, se trata de un amplio y diverso trasegar investigativo y de defensa de la democracia, que ha significado una persecución por fuerzas oscuras de la política, de las mafias asociadas a los clanes e, incluso, de grupos armados ilegales sobre los cuales se han hecho diversas investigaciones y el Estado no ha brindado las garantías suficientes para investigar estos ataques, reconocer a sus responsables y prevenir esta mordaza que quieren poner a la democracia por la labor que se realiza en Pares.