El expresidente Cesar Gaviria Trujillo presento al país la idea de que en el momento en que se aplique un régimen de Justicia Transicional, luego de una eventual firma de la paz entre el gobierno nacional y las Farc, se tenga en cuenta no solamente a los jefes de las Farc y a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, sino también al grueso de la sociedad civil, que de una u otra manera han participado de la guerra en Colombia.
“Han surgido inquietudes sobre la necesidad de que la justicia transicional también cubra a los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista. Ellos no han tenido acceso a ninguna de las disposiciones de la ley de Justicia y Paz, creo que por imprevisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo”, dijo el expresidente en un extenso artículo en el diario El Tiempo el pasado 15 de febrero, haciendo énfasis en que no se pueden abrir procesos judiciales por doquier, que necesariamente irían por la vía de la justicia ordinaria, porque según el exmandatario, esto daría al traste con la paz que se logre firmar.
En la misma dirección se ha pronunciado el director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia, quien ha dicho en distintas ocasiones que no se debería afrontar el tema de la verdad con implicaciones judiciales, porque sería un gran sacrificio para las Fuerzas Militares, sino asumirlas como una verdad política tanto para militares, guerrilleros, políticos y empresarios involucrados en el conflicto.
León Valencia ha señalado en distintos foros y seminarios donde se ha tratado el tema, que “actualmente existen 4 mil militares presos en el país bajo el riesgo de que los beneficios jurídicos se conviertan en una Picota pública para los militares. Este un miedo grande frente a la justicia transicional”.
En este orden de ideas León Valencia coincide con el expresidente Cesar Gaviria, cuando este asegura que “No podemos, si de veras queremos poner fin al conflicto, elevar responsabilidades penales por cada denuncia que los no combatientes hagan frente a la Comisión de la Verdad. Ello impediría y dificultaría llegar a la verdad. Allí no llegaremos si a ella no acuden los no combatientes libres de temor.”
El expresidente Cesar Gaviria al igual que lo ha hecho León Valencia, va un poco más allá asegurando que, Si a los jefes paramilitares, incursos en gravísimos delitos de lesa humanidad, se les ha tratado con normas laxas, es apenas justo que también los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas.
En efecto, si la parapolítica por ejemplo, que se trató por vía de la Justicia Ordinaria, a pesar de que fue un proceso que surgió como consecuencia de las declaraciones del Proceso de Justicia y Paz, se hubiese llevado dentro de los lineamientos de la Justicia Transicional, muchos de los hechos que hoy por hoy no se conocen y que por tanto no se han podido cerrar judicialmente, ya hubiesen surtido su debido trámite y no estaríamos abocados a que luego de que se cierre un caso y el político juzgado se encuentra a punto de salir de la cárcel, las confesiones que se lleven a cabo luego de su primer juzgamiento, den paso a una segunda y una tercera investigación en su contra.
Vemos entonces que el definir quienes entren a formar parte de un proceso de Justicia Transicional en Colombia, va a ser un tema de largo debate, en el que se espera que las decisiones finales, aunque no dejen contentos a todos, sea la mejor en aras de lograr una paz sostenible en todo el territorio.