Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Llegó la época del año donde la discusión acerca de lo que será el salario mínimo para el próximo año comienza a estar en la agenda de muchos sectores y de la gente, y aunque anualmente se puede prever ciertos escenarios, este año está marcado por varios contextos, pues la pandemia ha traído consigo consecuencias específicas en cuanto a lo laboral, consecuencias que afectarían lo que se decida para el próximo año.
Dichas consecuencias están relacionadas con la crisis económica que desató la pandemia y las medidas de restrictivas de movilidad, pues muchas personas tuvieron que dejar de asistir a sus sitios de trabajo para proteger su salud y la de sus familias, lo que generó que muchas empresas tuvieran que suspender sus actividades, pues también estos por decretó no podían continuar.
Lo anterior fue generando que muchas familias vieran gravemente afectados sus ingresos, y que muchas empresas cerraran con el pasar de los meses. Sin dejar, de nombrar que en todo esto otro de los sectores con críticos impactos fueron las y los trabajadores informales, quienes en marzo también tuvieron que dejar de salir, significando para muchos/as dejar de recibir lo del diario.
Con esto hay que señalar que a octubre el DANE informó que “la tasa de desempleo fue 14,7%, lo que significó un aumento de 4,9 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,8%). La tasa global de participación se ubicó en 62,3%, lo que representó una reducción de 1,8 puntos porcentuales frente a octubre del 2019 (64,1%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 53,2%, presentando una disminución de 4,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,8%)”.
Por otro lado, siguiendo la información entregada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), entre enero y agosto se liquidaron 37.000 empresas, lo que representó un incremento del 63% frente al mismo período del año anterior. De esta cifra, el 99% eran mipymes, el 95% personas naturales y el 5% personas jurídicas.
Todo esto ha venido trayendo otras consecuencias, todas relacionadas con la poca solvencia de miles de familias, muchas de ellas mayormente vulnerables, pues muchas de estas no han podido tener acceso a vivienda digna durante la pandemia, otras no han podido garantizar los mínimos alimenticios, además, varias de estas tuvieron que suspender estudios, así como servicios a los que venían accediendo.
Este panorama ha sido constante, incluso durante los primeros meses de cuarentena se convirtió en parte del paisaje los trapos rojos en muchas ciudades y municipios de país, los cuales eran muestra que en muchas familias el hambre era la mayor prioridad que no estaba siendo atendida, incluso cuando salieron millones en recursos destinados a apoyos y mercados, que finalmente parte de estos terminaron en la dinámica de la corrupción.
El DANE informó que, entre enero y octubre de 2020, el 63,8% de los colombianos no ganaba más de un salario mínimo y el 48,6% tiene ingresos inferiores al mínimo. Adicionalmente, según datos de la CEPAL, entre 2000 y 2018 el salario mínimo en Colombia ha tenido un crecimiento acumulado en términos reales de 23,76%, uno de los que menos ha aumentado en el conjunto de América Latina.Imagen: Pares.
Pues bien, esto es parte del contexto que acompaña el panorama laboral y social, pues hoy la discusión sobre el salario mínimo está atravesada por la necesidad de la reactivación económica, pero también por poder garantizar que cada trabajador y trabajadora pueda vivir de forma digna, y que pueda solventar sus gastos, factor que tiene estrecha relación con la nombrada reactivación económica, pues si no hay capacidad adquisitiva por más esfuerzos que se hagan será muy difícil lograr dicha estabilidad.
¿Qué hay ahora?
La discusión que ahora se suma a todo esto es la propuesta hecha por el uribismo, quienes desde el partido Centro Democrático, e inicialmente impulsada por Álvaro Uribe Vélez, ya ha tenido avances, pues el pasado viernes 04 de diciembre la plenaria del Senado aprobó el proyecto, y ahora le espera dos debates más en la Cámara de Representantes.
El proyecto se trata de reducir las 48 horas semanales a 40, las cuales podrán ser distribuidas en 5 o 6 días, según acuerdo entre empleadores y trabajadores, manteniendo el día de descanso, y habiendo un tope de máximo de horas trabajadas diarias de nueve (9) horas. En labores insalubres o peligrosas, el Gobierno puede ordenar la reducción mayor de la jornada laboral.
Agrega el documento que el “empleador y trabajador pueden acordar -temporal y permanentemente- la organización de turnos de trabajo sucesivos, siempre y cuando no exceda de 6 horas al día y 35 a la semana. En estos casos no se pagarán recargos nocturnos, in dominicales o festivos, pero sí se reconocerá el salario de una jornada ordinaria”.
La poca solvencia de miles de familias, muchas de ellas mayormente vulnerables, pues muchas de estas no han podido tener acceso a vivienda digna durante la pandemia, otras no han podido garantizar los mínimos alimenticios, además, varias de estas tuvieron que suspender estudios, así como servicios a los que venían accediendo. Imagen: Pares.
Por otra parte, se señala que las y los adolescente autorizados para trabajar también se verán impactados con el proyecto, pues quienes estén entre los 15 y 17 años tendrían jornadas de máximo 6 horas diarias y 30 semanales, y su horario no podrá ir más allá de las 6 p.m. Y, más precisamente, quienes tengan 17 años, tendrían tiempos máximos de trabajo de 8 horas diarias y 40 a la semana, y solo podrían hacerlo hasta las 8 p.m.
En este sentido, de ser aprobado el proyecto este sería implementado de forma escalonada; en el primer año las jornadas bajarían a 45 horas; a partir del segundo año, bajarán a 42 y a partir del tercero, serán de 40.
Llama la atención que, aunque se establece que el proyecto no tendría ninguna consecuencia con los salarios de las y los trabajadores, la motivación del proyecto, más allá de permitir darle más tiempo a los empleados/as, es, como lo aseveró el expresidente, el “aumento de productividad por horas y ser menos permisivos en materia de ausentismo e incapacidades” con las y los trabajadores.
Adicionalmente, hay que mencionar que la propuesta, a pesar de ser aceptada en el Senado ha tenido múltiples rechazos, por eso, por eso Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, señaló que algunos de los problemas son que “siempre que se habla de automatización y robotización, etc. Pero no siempre se plantea centralmente la necesidad de derivar la reducción de tiempos de disponibilidad del trabajador y por mejorar la distribución de las decisiones de la soberanía de la asignación de tiempos de trabajo/ vida personal (…) Los efectos en materia de empleabilidad deben evaluarse en el marco de los estándares de productividad más allá de la productividad”.
En lo que va la discusión del salario mínimo
Hay que señalar que tradicionalmente el salario mínimo se fija por criterios de inflación y productividad, pero más allá de eso, se debería establecer partiendo que más allá de un costo de producción, como lo exponen algunos/as empresarios, el salario mínimo representa el poder o no solventar necesidades básicas, en la mayoría de los casos, de todo un núcleo familiar, además, y a propósito de la discusión sobre la reapertura, también significa la posibilidad de que las familias tengan posibilidad de consumo, pues solo esto y la garantía de la entrega del mínimo vital permitirían esta dinámica. “Para la reactivación es clave la recuperación de la demanda recuperando la capacidad adquisitiva de los trabajadores fuertemente deteriorada en la crisis económica sanitaria”, agregó Jaramillo.
Pues bien, siguiendo esto hay que señalar que la Andi, Asobancaria, Fenalco, Acopi y la SAC, propusieron un aumento del 2 % tanto en el salario mínimo -que actualmente está en $877.803-, así como en el auxilio de transporte – $102.853- . Es decir, de acogerse esta propuesta el salario mínimo para el próximo quedaría en cerca de $1.000.547.
Mientras que desde las centrales obreras se instó a que el salario básico para los trabajadores sea de 1 millón de pesos – un incremento del 13,9% -, más $120.000 de auxilio de transporte, lo que significa un salario mínimo total mensual para el 2021 de cerca de $1.200.000. Asimismo, se promovió que el Gobierno Nacional asuma las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas, que brinde una renta básica para las familias más vulnerables y que se derogue el Decreto 1174, que contempla el Piso de Protección Social.
Con esto, hay que resaltar que el DANE informó que, entre enero y octubre de 2020, el 63,8% de los colombianos no ganaba más de un salario mínimo y el 48,6% tiene ingresos inferiores al mínimo. Adicionalmente, según datos de la CEPAL, entre 2000 y 2018 el salario mínimo en Colombia ha tenido un crecimiento acumulado en términos reales de 23,76%, uno de los que menos ha aumentado en el conjunto de América Latina.
“La totalidad de derechos laborales fueron reorientados para afrontar la crisis económica y sanitaria afectando la capacidad de consumo y los denominados costos ‘no salariales’. Como parte de la necesidad de recuperar la demanda agregada, un aumento mesurado consecuencia de la incertidumbre y una renegociación en función del balance del primer semestre 2021 puede ser un escenario para considerar. (…) el incremento del salario mínimo debe adscribirse a los criterios de constitucionalidad (mínimo, vital y móvil) previstos en el artículo 53 de la Constitución Política en un contexto de pisos legales de difícil mejora en la negociación colectiva multinivel, que explica la fuerte incidencia del piso legal en el sistema de relaciones laborales en Colombia”, concluyen Diana Londoño, Iván Daniel Jaramillo y Paul Rodríguez, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y Andrés García-Suaza, de la Universidad EIA de Medellín, autores del informe «Panorama de la negociación del salario mínimo para 2021».