Por: Mateo Quintero, Redacción Pares
El miércoles 5 de diciembre de 2018, el Congreso de la República aprobó el proyecto del gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, para aumentar el presupuesto bienal de regalías 2019 -2020. El efecto que tuvo esta aprobación fue que se pasó de 14,5 billones a 24,2 billones para presupuesto destinado a las regiones.
Según la ministra, el sector educación será uno de los más beneficiados pues, como lo afirmó, «de la producción de petróleo, gas y minerías en el país es que salen los $2 billones que irán para la educación. Estos recursos estarán distribuidos de la siguiente manera: habrá $1,5 billones para educación superior pública y $500.000 millones para básica, media y secundaria».
Sin embargo, varios colectivos estudiantiles han manifestado una preocupación constante por la redacción del texto de ese presupuesto, pues, en el documento se lee que estos recursos “podrán” ser destinados a la educación. Esto ha generado varias inquietudes en los sectores estudiantiles. Respecto a esto la ministra dijo que todos los recursos de regalías deben pasar por un proceso en el que el presupuesto aprobado debe ser solicitado y aprobado para su uso.
Después de la aprobación del presupuesto, varios sectores del gobierno nacional han celebrado con la etiqueta #MásRegalíasMásEquidad. Así fue como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Presidencia de la República, la ministra María Fernanda Suárez, el ministerio de Hacienda y el ministerio de Minas celebraron la aprobación del Congreso.
La inequidad de las regalías
Sin embargo, esta aprobación tiene matices. Pues, la plata que llega al sector extractivo se va por dos caminos: 1) al Sistema General de Participaciones, que tiene como objeto sustentar los rubros del Estado y presupuestos de inversión. Ese rubro se devuelve a los municipios mediante el mismo Sistema y es destinado a salud, profesores, médicos y hospitales; 2) las regalías. Estas son una contraprestación que pagan las empresas operadoras al Estado por aprovechar sus recursos. En principio, estos rubros obtenidos deberían invertirse directamente en los municipios, sin embargo, esto cambió con la ley 1530 de 2012. Antes de establecerse, el 90% de los recursos llegaban directamente a los municipios de donde se extraían los recursos no renovables.
Sin embargo, hubo dos argumentos para cambiar eso. El primero, la corrupción. El segundo, la equidad, pues el 90% de las regalías se concentraba en 10 municipios del país. En 2011 los dineros legaban a 655 municipios, ahora llegan a 1.095. Después de la Ley de 2012, se plantearon los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), con este nuevo órgano, cada municipio que quiera hacer uso de las regalías tiene que pasar un proyecto. Además de esto, cada alcaldía o municipio tiene que entregar un proyecto.
La entrega de los proyectos les ha generado inconvenientes a las gobernaciones. De hecho, la Gobernación de Santander propuso eliminar los OCAD y que se volviera al manejo anterior de los rubros. Incluso, la Contraloría a llegado a criticar la gestión de los OCAD, según expresa la institución, una de las dificultades del Sistema General de Regalías es que los OCAD y el DNP “no tienen la capacidad para oponerse a una decisión equivocada de una entidad territorial, ni aún en los casos en que los riesgos son evidentes”.
Otrode los problemas con los OCAD tiene que ver con la poca falta de control que tienen. Pues, según un informe de la Contraloría, los OCAD son propensos a caer en corrupción. Como informa el ente de control en cinco años se perdieron 840.000 millones de pesos de regalías, el 40 por ciento por ‘elefantes blancos’, obras inconclusas o inservibles.
Sumado a esto, según la Contraloría, el 68% de los proyectos se hacen a través de licitación, sin embargo, el 70% de esos concursos terminan con un único oferente, lo que no garantiza que el ejecutor de los proyectos sea el más idóneo para realizarlos. Además, ya que no hay objetivos estratégicos fijos, según el Contralor, “a veces prevalece el interés particular de gobernadores y alcaldes” y las regalías terminan siendo “una chequera en blanco”.
Por otro lado, otro de los problemas con las regalías, es que los rubros terminan llegando muy tarde a los municipios. Incluso, el senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, explicó que “hoy para que un municipio o departamento vea la plata de las petroleras, debe esperar unos siete años, lo que estamos haciendo es reducir de siete a dos años y serán los alcaldes y gobernadores los que sigan definiendo las obras y esto seguirá yendo a los OCAD”.