Por: Laura Cano
Periodista Pares
La situación de violencia en Norte de Santander se ha mantenido constante a raíz de diversos problemas estructurales que, por años, no han tenido respuesta ni solución integral por parte del Estado colombiano. Esta realidad se ve acentuada, de diferentes formas, en los municipios que conforman este departamento y, justamente, en dos de estos, la Defensoría del Pueblo ha encontrado situaciones que han llevado a este organismo a emitir recientemente la Alerta Temprana 025-21, en la que establece que hay 12.000 personas que están en riesgo inminente por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, el ELN y el EPL.
Más precisamente, los municipios sobre los que llama la atención la Defensoría del Pueblo son San Calixto y El Tarra, donde las poblaciones que están en mayor riesgo son las conformadas por menores de edad, mujeres, migrantes, campesinos, desmovilizados y personas líderes y defensoras de derechos humanos. Sobre estas personas, se ha identificado que pueden afrontar hechos de victimización como homicidios selectivos, desplazamientos forzados masivos e individuales, confinamientos de población, paros armados, amenazas y restricciones a la movilidad. De acuerdo a lo señalado por la Defensoría, en los centros urbanos de ambos municipios, los puntos con riesgo más alto son aquellos cercanos a bases militares y estaciones de Policía, pues usualmente son el objetivo de acciones violentas contra la fuerza pública; mientras que respecto a las zonas rurales con mayor riesgo, en el Tarra, se identificaron las veredas del corregimiento de Filo Gringo, y en San Calixto, a las veredas de la zona norte (donde se señala la existencia de minas antipersonal y municiones sin explotar).
Al respecto, es importante recordar que, durante este año, en Norte de Santander han ocurrido hechos violentos como el que tuvo lugar el pasado 15 de junio, en el cantón San Jorge (Cúcuta, Norte de Santander), cuando fue activado un carro bomba al interior de esa instalación militar. Justamente, por este hecho, el pasado 19 de octubre la Procuraduría General de la Nación anunció que está investigando la conducta de los militares, quienes presuntamente no habrían adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la Brigada y del personal.
Asimismo, en septiembre de este año, se informó acerca de un hostigamiento con arma de fuego a la estación de Policía de Tibú. Según lo que se conoció, detrás de este hecho estarían las disidencias del ‘Frente 33’ de las FARC. Este tipo de acciones violentas contra este establecimiento del municipio han sido constantes durante este año.
Adicionalmente, el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), durante el año, ha reportado un total de 9 hechos de violencia que han afectado miembros de la fuerza pública, así como a sus instalaciones, tanto en El Tarra como en San Calixto. De estos hechos, tres tendrían como responsable al ‘Frente 33’ de las disidencias de las FARC.
Por su parte, hay que señalar que desde la Defensoría del Pueblo se han emitido, entre 2018 y el presente año, 6 alertas tempranas en las que se ha incluido la situación tanto en El Tarra como en San Calixto. Más puntualmente, se han emitido las alertas 018-20, 011-19, 035-19, 022-18, 026-18 y 032-18. En la mayoría de ellas, se plantea la problemática a raíz de la presencia y copamiento de grupos armados ilegales, afectando la seguridad de los municipios y fomentando las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Por ejemplo, más puntualmente, en la Alerta Temprana 011-19, se establece que en el municipio de El Tarra, “ante la dinámica fronteriza de ilegalidad y laxitud en los controles territoriales por parte de las autoridades tanto de Colombia como de Venezuela, le confiere un amplio margen de acción a los grupos armados ilegales”.
Por su parte, Cristian Peña, investigador regional de la subregión del Catatumbo, señaló que las situaciones tanto en El Tarra como en San Calixto, a pesar de estar inmersas en dinámicas de violencia, son diferentes. Así las cosas, el investigador expuso que “en El Tarra, en la actualidad, tienen control dos actores armados: el ELN y el grupo armado posfarc del ‘Frente 33 Mariscal Sucre’. Entre estos dos grupos hay un acuerdo de no agresión y control al interior del municipio, lo que ha permitido que no se recrudezca la violencia en esta zona. Por esto es que, en este municipio, lo que mayormente ha pasado son los ataques y hostigamientos hacia la fuerza pública. El Tarra es, además, el cuarto municipio con mayor producción de hoja de coca a nivel nacional”. Asimismo, refirió que en San Calixto “hay presencia del ELN, el EPL y el ‘Frente 33’. Durante este año se han presentado enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, así como entre estas estructuras y la fuerza pública. A su vez, este municipio es uno de los que tienen los números más altos de desplazados a raíz de estas pugnas“.
Por su parte, en la alerta temprana que ha emitido más recientemente la Defensoría del Pueblo, se ha señalado que, entre los actores armados que hacen presencia en ambos municipios, se encuentran dos facciones disidentes de las antiguas FARC-EP: el ‘frente 33 Mariscal Sucre’ y el ‘frente 41 Cacique Upar’, sin mando definido. Además, se encuentra el ELN, frente de guerra nororiental y sus frentes ‘Camilo Torres Restrepo’, ‘Carlos Armando Cacua Guerrero’, ‘Comandante Héctor’, y las ‘Compañías Comandante Diego’, ‘Héroes del Catatumbo’; así como el Ejército Popular de Liberación (EPL), ‘Frente Libardo Mora Toro’.
Concretamente, respecto a las dinámicas entre estos actores armados, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, ha advertido que la Defensoría ha encontrado “que se puede generar una confrontación violenta entre la disidencia del ‘frente 33’ de las antiguas FARC-EP y el ELN, debido al fortalecimiento progresivo de la disidencia en los últimos tres años”. Ante este escenario, resulta indispensable que el Estado y su aparato institucional adopte medidas efectivas e integrales que permitan prevenir que se vulneren los derechos humanos de las poblaciones de San Calixto y el Tarra.