‘Muerte política’ para Eduardo Pulgar

Por: Laura Cano Periodista – Pares

El Consejo de Estado, a través de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura número 24 del alto tribunal, decretó la pérdida de investidura de Eduardo Enrique Pulgar Daza. Esta decisión implica que el exsenador del Partido de la U no podrá volver a hacer política.

Pulgar había sido elegido senador para los períodos 2014-2018 y 2018-2022, y fue justamente en el desarrollo de este tiempo, más exactamente en 2017, cuando habría ejercido su influencia como congresista para intentar sobornar a un juez.

Las investigaciones en su contra se desprendieron de una demanda interpuesta por el abogado Camilo Araque Blanco, quien aseguró que Pulgar habría cometido esta irregularidad dentro de su periodo como congresista y en el marco del caso que se desarrollaba por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, que estaba siendo disputado por dos vertientes de la familia Acosta. Por un lado, por el empresario Luis Fernando Acosta Osío, su hermano Juan José Acosta Osío (actual rector de la universidad) y Alberto Acosta Pérez (primo de los anteriores, consejero de la entidad); y, por el otro lado, por Ivonne Acosta Acero y su esposo, Carlos Jaller. Este proceso está relacionado con un millonario pleito por la herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa Sofía Acero de Acosta. Esa herencia es la Fundación Acosta Bendek (FAB), que no solo daría el control de la Universidad, sino también el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla.

En este caso, se encontró falsedad ideológica en documento privado a través de unas actas que habrían sido alteradas, motivo por el que Juan José Acosta Osío y Alberto Acosta permanecen en casa por cárcel luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme esa decisión el pasado 1 de julio. Esto ocurrió después de que el exsenador Pulgar fuera condenado a 4 años y 10 meses de cárcel, pena que cumple en La Picota y a la que se le sumó la orden del pago de una multa de 178.74 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, además, la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 63 mes