Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares
El gobierno del presidente Iván Duque ha anunciado un decreto que, basado en el Código de Policía, dará facultades a la Policía Nacional para confiscar alucinógenos a los consumidores. La iniciativa intenta responder a propuestas de la campaña electoral, pero en la vida real no servirá de mucho y parece que el nuevo gobierno desconoce cómo funciona el narcomenudeo en la actualidad. Hay cuatro datos claves en esto.
1. En 2015 se realizó la encuesta de Clima Escolar y Victimización en Bogotá, se aplicó a más de 150.000 estudiantes en Bogotá. Es la encuesta más grande sobre esta temática que se ha hecho en Latinoamérica. Allí, entre los más de 14 millones de datos que se logran recopilar, hay varios interesantes. Lo primero, es que cerca de un 9% de los estudiantes de colegios en Bogotá manifestaron que consumían algún tipo de alucinógeno. Cifra que ha sido estable en el tiempo, a veces sube un poco, a veces baja otro tanto. De esta cifra, solo la mitad lo hacía de forma recurrente, la otra mitad lo hacía de forma esporádica, de esta segunda parte se podría decir que lo hacía de forma experimental y en determinados contextos sociales.
Esto lo que significa es que los jóvenes consumen alucinógenos que podrían provocar una dependencia psicológica y no física. Por ende, lo hacen de forma esporádica y en determinados contextos: en rumbas se consume LSD, Popper o combinación de pastillas, pero el consumo de cocaína, bazuco es muy bajo. De hecho, la mayoría de pastillas que se utilizan son legales, el pegante es legal, no será tan fácil confiscar esas sustancias.
2. Lo anterior nos lleva al segundo dato interesante y es que las mayores ollas o zonas de consumo en la actualidad en Bogotá se ubican en bares, discotecas y moteles y no, como se cree popularmente, en sitios como el Bronx o la zona de San Bernardo. Si bien estos sitios aún son importantes, lo cierto es que cada vez ceden más terreno a las nuevas dinámicas del mercado.
Una zona como el Bronx es para habitantes de calle y personas con un nivel de drogodependencia alto. Incluso, Bogotá hasta hace unos años tenía una serie de ‘ollas’ de venta de droga ubicada en casas, en las cuales además de comprar la droga, era posible consumirla pagando 500 o 1.000 pesos. Eran cuartos o habitaciones donde había 15 0 20 personas consumiendo a la vez. Obviamente ese ambiente traía todo tipo de situaciones, desde violaciones hasta desapariciones forzadas. Estas casas eran para personas que habían roto sus lazos sociales cercanos, habitantes de calle es un buen ejemplo.
Desde hace 10 años estas casas comenzaron a desaparecer y es cierto que el consumo se trasladó hacia los denominados parques de bolsillo, que son esos parques pequeños ubicados en diferentes zonas de la ciudad. Ahora, con el decreto, lo que va a pasar es que las casas de consumo se volverán a crear y la droga será más costosa, al final habrá más ganancia para el jíbaro y el jefe de ‘olla’.
3. Lo tercero, y tal vez más importante, es que dentro de los datos de ingreso a las UPJ o de capturas, los pobres y los habitantes de calle son los más afectados por requisas o agresiones por parte de la Policía. Esta medida tendrá un efecto sobre esta población, pero para nada afectará a los ricos o clase media.
4. Además, lo que podría traer esta medida es un aumento de la corrupción: los consumidores entregarán dinero para que no les confisquen la droga, pero no afectará al mercado, ni el flujo de droga hacia la ciudad.
En otras palabras, se va a desgastar a la Policía en una medida sin impacto real sobre el mercado de la droga. Además, a las personas drogodependientes en la actualidad el Estado les ofrece cárcel o plomo, pero casi no hay opciones, además de fundaciones cristianas, para ayudar a que una persona se rehabilite.
En fin, una medida que no tendrá ningún efecto sobre el mercado, bastante populista y no trae nada nuevo, más de lo mismo y fracaso seguro.
Artículo publicado inicialmente en Semana.com