Por: Línea Democracia y Gobernabilidad
Sin duda el nombramiento que más causó revuelo fue el del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez en la cartera de defensa. Ese era uno de los nombramientos más esperados, pues después del cruce de trinos entre Petro y Zapateiro, quedó claro que el manejo de las Fuerzas Armadas sería uno de los puntos álgidos de su gobierno. Con este nombramiento, Petro pone al frente del ministerio que más enfrentó escándalos en los últimos cuatro años a un hombre incorruptible, que fue clave para descubrir y enjuiciar a los parapolíticos en Colombia y uno de los mayores contradictores del expresidente Álvaro Uribe.
Iván Velásquez Gómez es oriundo de Medellín y abogado de la Universidad de Antioquia. Al comienzo de su carrera, Velásquez dirigió el Colegio Antiqueño de Abogados “Colegas”, desde allí estuvo en contra del “Estatuto de defensa de la justicia”, el cual establecía a los llamados jueces sin rostros y los denominados testigos secretos.
En la década de los noventa, Velásquez entró al servicio público. Primero, entre 1991 y 1994, fue procurador departamental de Antioquia, desde donde lideró investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos de fuerza contra población civil. Además, desde su oficina se trabajó por la creación de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, que se encargó de la investigación de violaciones de derechos humanos. Fue también interlocutor entre las autoridades, las organizaciones sociales y el clero, permitiendo la creación del Comité Interinstitucional de Derechos Humanos. Algo que poco se menciona, pero que es fundamental en la carrera de Velásquez, es que en este periodo fue uno de los que descubrió los lujos que Pablo Escobar tenía en la cárcel La Catedral.
En 1996 salió de la Procuraduría para entrar al Consejo de Estado como magistrado auxiliar. Al año siguiente, en 1997, fue designado como director regional de fiscalías en Medellín. En los dos años que estuvo como director regional lideró varias investigaciones en torno al paramilitarismo.
En el 2000 saltó a la Corte Suprema de Justicia, siendo designado como magistrado auxiliar. Entre 2006 y el 2012 estuvo encargado de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal de la Corte Suprema, desde donde lideró las investigaciones por parapolítica en el Congreso. Las acciones realizadas por esta comisión llevaron a que la Corte Suprema de Justicia ordenara investigaciones contra políticos por crímenes de lesa humanidad, esto porque estuvieron implicados en la perpetuación de masacres, homicidios y desplazamientos realizados por grupos paramilitares. Por esas investigaciones han condenado a por lo menos 50 excongresistas y vinculado en investigaciones previas a más de 130 políticos por la llamada “narcopolítica”.
Por el trabajo que realizó hasta esa fecha Velásquez fue condecorado en 2011 con el Premio Mundial de Derechos Humanos que otorga la International Bar Association. En 2012, por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales, fue reconocido por la Asociación de Jueces Alemanes.
En 2013 Iván Velásquez fue designado como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como secretario general adjunto de la ONU. La CICIG fue creada en un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco para el fortalecimiento de la justicia local. Junto con la fiscal Thelma Aldana, revelaron hallazgos contra La Línea, un grupo de funcionarios públicos del gobierno de Guatemala que se quedaba con el dinero que recaudaba la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por impuestos de aduana. Entre los acusados de pertenecer a la organización delictiva se encontraba la vicepresidenta Roxana Baldetti. Este hecho, mezclado a las manifestaciones ciudadanas, llevó a que el presidente Otto Pérez Molina, tuviera que dejar su cargo por ser el presunto jefe de la organización criminal.
En 2017, después de que la CICIG de Velásquez pidió retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales por su presunta relación con el caso de corrupción de financiamiento electoral ilícito, Morales declaro como “no grato” a Velásquez en Guatemala y tomó la decisión de expulsarlo. Aunque la Corte de Constitucionalidad de este país le impidió a Morales que lo expulsara, en 2018, tras una salida de la cabeza de la CICIG rumbo a Estados Unidos, el gobierno de Morales ordenó desde la Dirección de Migración de Guatemala que Velásquez no podía ingresar al país. Hasta allí llegaría el trabajo de la CICIG bajo su liderazgo.
Aunque desde la campaña era claro que Petro quería a Velásquez dentro de su gabinete, o incluso dentro de su baraja en la terna para fiscal, lo cierto es que este nombramiento manda un duro mensaje sobre las intenciones de combatir la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Velásquez no ha sido cercano al sector defensa y por lo tanto desde ahora se nota que el énfasis del gobierno entrante en esta cartera será luchar contra los escándalos de corrupción y tener un enfoque más orientado hacia la defensa de los Derechos Humanos, en donde la trayectoria de Velásquez sí es amplia.
Los escándalos en los que ha estado involucrada la Fuerza Pública en el último tiempo no son pocos. Desde las presuntas alianzas entre militares y grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, que pagarían por los servicios de los uniformados, hasta la venta de armas a narcotraficantes y disidencias de las FARC, muestran que Velásquez tendrá mucho trabajo.
Pero este no es el único reto que enfrenta el sector Defensa. El deterioro de la seguridad nacional en los últimos cuatro años, evidente en el aumento de los hombres de las dos disidencias grandes de las FARC (Segunda Marquetalia y la que comandaba alias Gentil Duarte antes de su muerte), del ELN y su expansión en la frontera colombo-venezolana, y en el control que el clan del Golfo ha afianzado en zonas como el bajo cauca antioqueño, Chocó y Urabá también será otro de los grandes retos el ministro entrante.
Aunque ha habido rumores sobre una disposición a negociar de parte de estos grupos, aún no se ha concretado ninguna ruta de acción clara y, de hecho, el Clan del Golfo negó que estuvieran buscando acercamientos con el gobierno Petro. Sin embargo, el ELN sí ha manifestado intención de negociar y Petro está buscando que se concreten las condiciones de negociación a través del nuevo canciller, Álvaro Leyva, para buscar el objetivo de “la paz total”.
Otro de los retos que tiene entre sus manos el Ministerio de Defensa, en compañía con el Ministerio de Justicia, es la política contra las drogas. Los resultados de la erradicación de los últimos años muestran que ha sido un recurso poco efectivo para disminuir significativamente las hectáreas de coca cultivadas en el país y mientras tanto el narcotráfico, en conjunto con otras economías ilegales, sigue siendo la columna vertebral del flujo de dinero de los grupos al margen de la ley.
El programa de gobierno con el que ganaron las elecciones Petro y Márquez incluye asuntos como el cambio en el enfoque “prohibicionista” por uno basado en los derechos humanos, sin criminalización de los cultivadores y con planes de sustitución de tierras. También plantea la búsqueda del sometimiento judicial de las organizaciones criminales y la prohibición de la aspersión aérea.
Ahora bien, mientras se concreta la salida de la Policía del Ministerio de Defensa a un nuevo Ministerio de la Paz, el reto más difícil que afrontará Velásquez será ganarse la confianza de los uniformados y de las tropas. Esto no es sencillo porque el imaginario construido desde hace años es que los gobiernos de izquierda son enemigos de la Fuerza Pública y entre ambos hay recelo. Por eso, será clave el nombramiento de la cúpula militar y de Policía y tejer lazos con los mandos medios, que vienen en formación y que no acarrean las sombras de la vinculación con los falsos positivos, sin duda el escándalo que más ha afectado el trabajo de las Fuerzas Armadas en las últimas dos décadas y su reputación. Para ello, el ajuste en la política de ascensos que se consignó en el programa de gobierno para darle prioridad a la meritocracia puede ser un gran incentivo.
Por su parte, propuestas como acabar con el Esmad o la “desmilitarización” de la vida social, a través de eliminar la obligatoriedad del servicio militar, por ejemplo, causan polémica dentro de los miembros de la Fuerza Pública, porque lo sienten como un ataque contra sus actuaciones y razón de ser.
La presencia de Velásquez en el Ministerio de Defensa es un guiño para poner en marcha los asuntos relacionados con esta cartera que se consignaron en el Acuerdo de Paz. Uno de los objetivos primordiales plasmados en el plan de gobierno fue el de consolidar el de la autoridad civil sobre la militar y es lo que hace Petro al mantener la tradición de poner al frente de la cartera a Velásquez y no a un militar o exmilitar. A su vez, es un golpe para la oposición uribista, pues por toda la opinión pública es conocida la rivalidad entre Velásquez y Uribe, que tuvo de por medio de las chuzadas contra Velásquez durante su gobierno y el montaje en el que pretendieron involucrarlo con el paramilitar alias “Tasmania”.
Lo que deja el empalme
En la plataforma que dispuso el gobierno entrante para consultar la información sobre cada uno de los sectores del empalme no aparece aún cargada información alguna sobre el sector defensa. Sin embargo, dentro de la metodología utilizada de semáforos rojos y verdes, aunque no se destacó nada en verde relacionado con el sector defensa, quedaron algunas cosas especialmente preocupantes, es decir, que se señalaron en rojo e involucran las actividades del ministerio en cuestión.
El primero hace referencia a la protección de los líderes sociales. Señala que es preocupante que el proceso de evaluación del riesgo se encuentre en cabeza del sector defensa, cuando debería estar en el ámbito civil, y más específicamente, depender del Ministerio del Interior.
Por otra parte, señala respecto del Acuerdo con las FARC que la Política Ruta Futuro, que el gobierno de Iván Duque planteó para hacerle frente al problema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico, va en contravía de los puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas) porque promueve la erradicación forzada de cultivos —el gobierno erradicó casi 400,000 hectáreas de coca en estos cuatro años— y la aspersión con glifosato, que intentó reactivar pues está suspendida desde 2015.
El gobierno de Duque hizo sendos esfuerzos para poder asperjar la hoja de coca, pero la Corte Constitucional rechazó el Plan de Manejo Ambiental que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le había autorizado en abril de 2021 a la Policía para reanudar las fumigaciones.
Ahora bien, tomando en consideración esos “puntos en rojo” dentro de las propuestas de los primeros cien días se cuenta una articulación justamente entre los ministerios de Defensa e Interior para diseñar y poner en marcha un Plan de emergencia para la protección de la vida de los líderes sociales.
Igualmente, pretenden adoptar vía decreto ese plan, que también incluiría la seguridad para personas que “ejercen liderazgo social, defensores (as) de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y comunidades afectadas por la actual agudización de la crisis humanitaria”.
Del mismo modo, aunque solo toca tangencialmente el sector defensa, se propone avanzar en los diálogos con el ELN y en un proceso metodológico para conseguir la “paz total”.