Por: Katerin Erazo, Periodista
Durante el pasado fin de semana, del 26 al 29 de abril, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) llevó a cabo la "Minga Humanitaria política y social por la Defensa de la Vida, el territorio y la Paz Total e integral de los pueblos" en Caldono, Cauca. La convocatoria se dio a raíz de los persistentes hechos de violencia perpetrados por grupos armados en la región. Uno de los propósitos principales de la Minga fue posicionar y empoderar a las autoridades y comunidades indígenas que conforman el CRIC, así como a los sectores sociales, étnicos, populares, sindicales, estudiantiles, jóvenes, mujeres y procesos rurales y urbanos del suroccidente colombiano, como los principales actores políticos en la construcción de paz.
Durante la Minga, los participantes reiteraron su llamado a un cese de la violencia y pidieron la implementación de acuerdos y políticas públicas que permitan el desarrollo sostenible y la reconciliación en la región. La búsqueda de la paz fue el eje central de las discusiones y se destacó la importancia de trabajar juntos para lograr soluciones duraderas y sostenibles.
En la Minga se reafirmó el compromiso de seguir trabajando por la paz y la dignidad de las personas en la región. En este sentido, Eduin Mauricio Capaz Lectamo, consejero del CRIC, en diálogo con Pares, nos habló sobre este encuentro y el panorama actual del Cauca.
¿Podría explicar en qué consistió este espacio, por qué se creó?
Este encuentro fue convocado debido a lo que nosotros consideramos una crisis humanitaria en el departamento del Cauca. Los informes estadísticos de las ONGs y de la Fiscalía General de la Nación reflejan que somos uno de los departamentos con más índices de violencia. Estos índices de violencia impactan directamente en la población indígena, en especial contra los guardias indígenas, las autoridades en ejercicio y los comuneros. Este año en particular ha habido un incremento en la violencia, lo que es preocupante dado el contexto de cese bilateral del fuego y las conversaciones de paz en las que nos encontramos actualmente con el ELN y las FARC que son o al menos eran uno de los llamados.
En este encuentro también participaron las iglesias católica y protestante, así como otros sectores sociales cercanos al movimiento indígena. El movimiento indígena lidera estos encuentros utilizando su jurisdicción especial indígena, lo que proporciona un nivel de protección adicional y facilita el diálogo directo que las autoridades indígenas reclaman para buscar soluciones a esta emergencia que enfrentamos.
¿Cuáles fueron los puntos solicitados al Gobierno y a los grupos armados durante la Minga Humanitaria?
Lo que estamos pidiendo al Gobierno son puntos clave para respaldar la ruta de paz y la ruta humanitaria del movimiento indígena. Es fundamental fortalecer los gobiernos indígenas y respetar la vida y otros aspectos importantes. A los actores armados, les pedimos que respeten ciertos mínimos humanitarios. Estos mínimos incluyen el respeto por la vida, la gente, la movilidad, la ausencia de amenazas y el respeto por los gobiernos indígenas y la guardia. Estas autoridades y todos los actos que consideramos mínimos deben ser respetados por los actores armados en territorio para que podamos estar bien
¿Cuál es el panorama actual en Cauca considerando el conflicto armado existente?
Desafortunadamente, el panorama en el Cauca sigue siendo muy complicado. A pesar de la semana de encuentro y la posterior ida a Bogotá para presentar los mandatos humanitarios y buscar soluciones, seguimos enfrentando una situación similar, con asesinatos a guardias indígenas y niveles constantes de asedio, confinamiento y amenazas en las comunidades. El panorama no es nada fácil, y nuestra preocupación es que hay una gran diferencia entre lo que se habla a nivel nacional y lo que realmente se ve en el terreno por parte de los sectores armados. No vemos coherencia entre hablar de paz y hacer paz en territorio.
¿Cuál es su percepción sobre el proceso de Paz Total?
Nosotros vemos la Paz Total como una oportunidad que hay que aprovechar y tomar muy en serio. Por eso, le pedimos a todos los actores armados que consideren seriamente las propuestas que se hacen en correspondencia con la intención del Gobierno Nacional y de la sociedad. También pedimos que se respeten los mínimos humanitarios en los territorios. Creemos que los efectos colaterales en la población civil deberían disminuirse y que todos los involucrados deberían esforzarse en lograrlo. En resumen, es una oportunidad que no debería desaprovecharse y en la que todos deben trabajar juntos para lograr la paz.
¿Cómo han sido afectados los jóvenes por el conflicto en curso?
Los jóvenes dentro de la población indígena son los más afectados. En promedio, de los 35 comuneros asesinados en este año, sus edades son entre los 22 y 23 años. La población sigue siendo muy joven y está siendo víctima de un fenómeno de reclutamiento dirigido hacia jóvenes y niños, que indican que habrían sido reclutados más de 250 niños entre 2022 y 2023. Es decir, la juventud continúa siendo una de las más afectadas. Para los pueblos indígenas, no es nada beneficioso que su generación actual y futura estén en este nivel de afectación.
¿Han recibido algún tipo de apoyo por parte del actual Gobierno?
En cuanto a la apertura de espacios de discusión por parte del Gobierno actual, consideramos que aún no se han habilitado todos los escenarios necesarios. Aunque el Comisionado de Paz está haciendo un buen trabajo en términos de articulación, creemos que el Gobierno Nacional en su conjunto, y el Estado colombiano en general, deberían hacer más para responder a las necesidades en terreno. Es importante tener en cuenta que la paz no depende únicamente del Comisionado, sino de un esfuerzo conjunto del Gobierno en su totalidad. En este sentido, si bien el Comisionado facilita y acompaña la situación, la falta de compromiso de otras estructuras gubernamentales limita la efectividad de los esfuerzos de paz. Hay un balance no tan positivo en cuanto al apoyo por parte del Gobierno y el Estado colombiano para abordar la problemática en terreno.
¿Han notado algún cambio desde que el Gobierno de Petro asumió el poder?
Se ha percibido un cambio en la dinámica de la situación, especialmente en cuanto a las acciones bélicas. Los ataques a centros poblados y la confrontación entre el ejército y los actores armados han disminuido, lo que representa una mejoría en comparación con la situación de hace algunos meses. Sin embargo, todavía se presentan casos particulares de asesinatos, amenazas y reclutamiento, los cuales siguen siendo motivo de preocupación. En particular, los asesinatos dirigidos contra las autoridades indígenas, los guardias indígenas y los mayores aviadores espirituales siguen siendo frecuentes, lo que es motivo de gran preocupación, eso es lo que tenemos hasta ahora.
¿Qué cree que debería hacer el Gobierno para generar un cambio?
Creo que es clave que todo el Gobierno de Petro, incluyendo a sus ministros, ministerios e instituciones, comprendan a fondo las propuestas de paz presentadas por el movimiento indígena CRIC. Es importante que se cumplan las exigencias, acuerdos y trabajos planteados para fortalecer su ejercicio de gobierno, ya que este es un mecanismo de protección. Además, es fundamental que se dé cumplimiento integral a las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo en distintas alertas tempranas, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algunos instrumentos internacionales.
Se debe mantener canales directos con el movimiento indígena CRIC para abordar de manera directa estas situaciones, no solo para aliviarlas, sino también para que la experiencia organizativa de resistencia no armada pueda servir a otras comunidades. Esta dinámica permitiría que la experiencia desafortunada en los territorios y la experiencia organizativa para responder a estos niveles de afectación pueda ser utilizada en beneficio de otras comunidades, como ha pasado en otras ocasiones que esta experiencia organizativa de resistencia no armada pueda servir a otras comunidades, eso sería fundamental para las comunidades, para el proceso organizativo, para la situación actual, es una solicitud al Gobierno Nacional.