Por: Sergio Saavedra y Mateo Quintero – Redacción Pares
“Me dijeron que tenía una hora para desocupar la región, que allá no me querían más”, estas fueron las palabras de hombres de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia que, dice Ever Ramos Gallego, presidente del consejo comunitario de la vereda Riociego, en Riosucio, lo han tenido marginado de su comunidad desde el pasado martes 30 de octubre. Mientras busca apoyo institucional para preservar su vida, denuncia sobre la crisis de violencia que sufre este municipio del norte de Chocó.
«Fíjese, el día 30 de octubre llegaron unos paramilitares a la comunidad, identificándose como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), me amenazaron con matarme si no me iba de la comunidad. Cerca había un grupo pequeño de exguerrilleros que están en el proceso de reincorporación, llegaron y les dijeron que tenían una hora y media para desocupar el lugar. Nos tenían en lista, ellos, en efecto, tienen claro a quién expulsar del territorio. Ellos saben que a los líderes que buscamos el desarrollo dentro de la comunidad, tarde o temprano, nos definen la presencia o de lo contrario, nos matan. Ellos utilizan a las comunidades para tenerlas sometidas a sus pretensiones, al trabajo de cultivos ilícitos con los niños, a la prostitución con las niñas, porque ellos, dicen, que una comunidad no se les puede salir de las manos.»
La región del Darién, o del Urabá chocoano, es una zona rica en recursos naturales, además, cuenta con acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, siendo un puente entre Sur y Centroamérica. Sin embargo, el desarrollo de Riosucio, así como el del Chocó, ha sido difícil. Esto se debe a que el conflicto social y armado ha azotado la región durante años.
Según datos de Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre 2016— hasta el 31 de octubre de 2018, han sido asesinados 191 líderes sociales en el país, de los cuales 14 residían en el departamento del Chocó. Además, según cifras de la Unidad de Víctimas, en 2018 se han registrado 59.931 casos de desplazamiento forzado, de estos 106 tuvieron lugar en Riosucio, donde los principales afectados son las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Los constantes desplazamientos y asesinatos a líderes sociales anulan procesos de liderazgo en la comunidad e interrumpen los procesos comunitarios que se llevan a cabo. Pares habló con Ever Ramos, quien manifestó que espera que su denuncia sea escuchada por el Gobierno, la opinión pública y la sociedad y se tomen acciones pertinentes:
¿Cuál ha sido el tratamiento del Estado ante esta situación?
El Estado no ha hecho nada. Para salir me pegué con los muchachos de reincorporación porque ellos tienen una camioneta blindada, así fue como pude salir de allá. Por ejemplo, el Ejército dijo que no tenían autorización para evacuar a alguien del territorio. La Policía no se comprometía porque ellos dicen que tienen dos motos y que por eso no se comprometen a sacar gente de allá.
¿Usted tiene medidas de protección?
Yo tengo medidas de protección que todavía están vigentes, era un chaleco antibalas y un celular. Sin embargo, en el momento en que los ‘paramilitares’ llegaron al territorio a desplazarnos, se llevaron tanto el chaleco como el celular.
La Unidad Nacional de Protección dijo que van a hacer el estudio del riesgo, pero que, hasta no tomar una decisión, no pueden tomar ninguna disposición.
¿Cuál es su situación en este momento?
La situación económica se desestabiliza no estando en el territorio. Por ejemplo, hasta que la UNP no defina es mucho más difícil la manutención. Estuve contemplando si en el Urabá Antioqueño, como región cercana, podría establecer una estadía, pero la situación de seguridad no lo ha permitido.
Otro problema es que hasta que no se haga la declaración no se activa la ruta de defensa. La declaración no se ha hecho porque fuimos a la Personería y allá nos dijeron que eso era competencia de la Defensoría. La Defensoría quedó de mandar a dos funcionarios al sitio para recibir la declaración y no los han mandado todavía.
Nosotros lo que sí pudimos hacer fue la denuncia a la Fiscalía Especializada y a ellos les hicimos la declaración. Al día de hoy no hay una fecha para la toma de declaración que active la ruta. La toma de la declaración no ha sido tomada porque, según el personero, como no es una situación colectiva, entonces toca que la Defensoría la tome.
¿Qué proceso se anula en la comunidad con su desplazamiento?
Nosotros tenemos el proyecto de sacar a la comunidad como corregimiento, también los esfuerzos conjuntos sobre la electricidad en la comunidad. Estábamos, además, elaborando un proyecto en coordinación con los muchachos que estaban en proceso de reincorporación para la vía fluvial.
Esos son procesos se han visto afectados y mermados por esta violencia. El proceso que teníamos con Paz & Reconciliación sobre el trapiche, lo que tiene que ver con participación juvenil, eso también se ha visto afectado.
Las rupturas sobre el proceso auspician que las condiciones de violencia incrementen la vulnerabilidad de la comunidad frente a las dinámicas de guerra, conflicto y economías ilegales. Así como más desplazamiento forzado,reclutamiento y asesinatos.
¿Qué está sucediendo en el territorio?
En Riosucio hay presencia de grupos paramilitares que llaman GAO (Grupos Armados Organizados). Ellos están manejando el tema del narcotráfico, de cultivos ilícitos. Para esto, utilizan a los niños para que hagan el proceso de recolección. Utilizan también a las familias para la siembra de cultivos, que ellos le compran el pronto (el producido).
Por ejemplo, uno acude al Ejército para poner una queja o va a los consejos de seguridad entre municipios y los grupos de Autodefensas ya están al tanto de lo que uno denunció y habló dentro de las reuniones. Eso parece advertir que existe, dentro de las fuerzas militares y las instancias comunales, gente que está colaborando con ellos.
Además, uno va a poner una denuncia y a ellos les da miedo y no le dan trámite. Esas instancias que cierran caminos a uno le dan mucha impotencia. Los grupos que amedrentan quieren el control de las comunidades, vienen con una supuesta idea de desarrollo, pero mentira, ellos lo que hacen es meter a las comunidades en dinámicas ilícitas que desencadenan en violencia.
Esto se evidencia, por ejemplo, en el caso que un líder esté en contra de que los niños participen en la recolección de hoja de coca. Ante esa situación, ellos vienen, lo intimidan y lo hacen salir o lo asesinan. Cuando un líder ejerce un trabajo para que las personas vayan a participar de una reunión, los paramilitares operan de igual manera.
Estos sucesos los hemos denunciado en consejos de seguridad, en los comités de Justicia Transicional, incluso lo denunciamos cuando fue el presidente Iván Duque al Urabá. Hasta el sol de hoy no sucede nada sobre esos descargos.
Los grupos operan de la siguiente manera: toda persona o líder que venga a proponer formas organizativas en las comunidades que no estén dentro de sus disposiciones y no estén dirigidas a las economías de los grupos, se convierte en objetivo militar.
Los concejos municipales tienen sus propios reglamentos, son autónomos y los reglamentos los han hecho son la comunidad. Estos reglamentos son los que deben aplicarse dentro de las comunidades, pero ellos no solo no respetan esos procesos comunales, sino que los transgreden.
¿Dedos años para acá hay aumento de la presión por parte de los Grupos Armados Organizados?
Hace dos años la presión existía, pero era significativamente más baja, ahora ha venido siendo mucho más alta. Es más, si sigue impune la situación, sin denunciarse, si no se toman cartas en el asunto, va a aumentar el asesinato de líderes y se va a presentar un incremento del desplazamiento forzado.
Dela comunidad han sido desplazados un líder más y yo, prácticamente en este año.Las personas que fueron desplazadas que se encontraban en el proceso de reincorporación fueron 13. Nosotros estamos buscando denunciar esta situación. Buscamos que exista un acompañamiento por parte del gobierno para que solucionen lo que está pasando en el territorio.