Por: Laura Cano
Periodista – Pares
Mario Montoya se ha convertido en uno de los hombres del Ejército con más cuestionamientos en torno suyo. Esto luego de estar en esa institución por más de 30 años, ostentando cargos tan importantes como el de la comandancia del Ejército, posición en la que estuvo hasta noviembre de 2008. Además, hay que recordar que también fue comandante de Compañía del Grupo de Caballería No. 5, del Batallón de Inteligencia No. 4, de la Escuela de Caballería del Comando Operativo No. 9, de la Brigada No. 18, del Conjunto No. 1 del Caribe, en el Batallón de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur. Además, fue comandante de la Brigada IV del Ejército en Medellín desde el 2001 hasta el 2003, esto precedido por su comandancia en el Batallón Antinarcóticos del Ejército en Caquetá, cargo en el que fue nombrado en el año 2000.
Los cuestionamientos a la gestión de Mario Montoya dieron un paso importante cuando, el 17 de octubre de 2017, el general (r) firmó el acta de sometimiento ante la JEP. Desde entonces, ha participado de dos diligencias: una pública, de sometimiento, y otra reservada, dentro del caso 03, que investiga los asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado (este caso fue abierto el 12 de junio de 2018). Por el momento, el proceso está en curso, pero en los últimos días se conoció que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, decidió imputar a Montoya por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales.
Los homicidios, según las investigaciones de la Fiscalía, habrían tenido lugar entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, mientras Montoya se desempeñaba como comandante del Ejército. Durante ese periodo (en el que regía la política de privilegiar a los uniformados con mayores números de capturas y muertes en combate), se presume que múltiples asesinatos de civiles se reportaron como resultados operacionales exitosos. Del total de estos casos, cinco habrían sido cometidos contra menores de edad.
Se informó en Blu Radio que, según varias investigaciones, “el general Montoya había recibido muchas quejas de manera directa e indirecta a través del inspector del Ejército o de sus delegados. Desde el 20 de noviembre, Montoya recibió la orden de cambiar la forma de evaluar la campaña. Montoya comunicó la nueva directiva, pero no la aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes de todos los niveles del mando por la cantidad de muertes en combate reportadas. En este orden de ideas, de manera consciente, el general Montoya habría desobedecido la orden emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares”.
Las reacciones a esta imputación han sido múltiples. Por una parte, desde la JEP, Eduardo Cifuentes dijo al diario El Tiempo que entre este organismo y la Fiscalía no han habido enfrentamientos: “Por el contrario, ambas instituciones tenemos la madurez para trabajar en el objetivo común de luchar contra la impunidad”. Además, aseguró que la imputación realizada por la Fiscalía no sería vinculante a las decisiones de la JEP, sino que solo se tomaría en cuenta dentro de las investigaciones realizadas por este tribunal. Al respecto, es importante mencionar que, recientemente, la JEP ha imputado, como parte del proceso por ejecuciones extrajudiciales, a 15 militares por 127 asesinatos en la costa Caribe.
Por otra parte, la defensa de Montoya también se pronunció y afirmó que la Fiscalía no puede imputarle cargos al general (r). Esto argumentando que Montoya se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz desde 2018 y que, si bien la Fiscalía puede mantener la competencia de las investigaciones que marchaban en la justicia ordinaria, esta entidad no puede tomar decisiones de fondo ni citar a las personas involucradas a diligencias judiciales.
“El señor fiscal no puede derogar en ningún momento ni el acto legislativo que reglamenta el Acuerdo de Paz que le da competencia prevalente a la Justicia Especial para la Paz y tampoco puede desconocer la Ley Estatutaria que estipula que la Fiscalía no puede citar a diligencias judiciales que impliquen la afectación de derechos para quien están sometidos a la JEP”, señaló Andrés Garzón, abogado de Montoya.
Las sombras de Mario Montoya (Te podría interesar: La afrenta de Montoya contra las víctimas del Ejército)
Un martes 4 de noviembre de 2008, el general (r) Mario Montoya dejaba la comandancia de las Fuerzas Militares luego de que el país conociera sobre la trágica desaparición de jóvenes en Soacha que, posteriormente, fueron asesinados y presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander.
Más tarde, se sabría que esta práctica, denominada por los medios como ‘falsos positivos’, fue recurrente entre el 2002 y 2008, y que fueron más de cuatro mil los jóvenes asesinados por la fuerza pública. Al general (r) lo señalan de ser el verdugo que ordenó miles de muertes. Desde ese momento ya se estimaba que entre febrero de 2006 y noviembre de 2008 —tiempo en que el Montoya comandó las fuerzas militares— una (1) de cada tres (3) muertes en combate fue una ejecución extrajudicial.
A pesar de lo que ya se conocía en Colombia sobre el papel de Mario Montoya y su puesta en marcha de la Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez; el General (r) recibió en seis (6) ocasiones, la máxima distinción que se entrega en la República de Colombia a los militares: la Orden de los Libertadores ‘Cruz de Boyacá’.
Detrás del General Montoya no sólo reposan las investigaciones sobre los homicidios extrajudiciales. Fue mencionado en las versiones libres del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien confesó la complicidad que existió entre los ‘paras’ y la IV Brigada del Ejército Nacional mientras Montoya fue su comandante entre 2001 y 2003. Según ‘Don Berna’, entre el 16 y 19 de octubre de 2002, tropas de la IV Brigada, en compañía de paramilitares, realizaron el operativo militar urbano más grande de la historia: ‘La Operación Orión’, en donde hubo 88 homicidios y más de 600 víctimas.
Además de esto, es necesario señalar que en las comparecencias de Montoya, este se ha negado a aceptar las acusaciones que se le hacen. Incluso en una de sus versiones aseguró que quienes cometieron estos crímenes lo hicieron “por falta de capacitación”. En este momento, el caso puede seguir en la JEP si Montoya cumple y aporta a la verdad y a la reparación a las víctimas. De no ser así, podría afrontar una pena de alrededor de 20 años de cárcel.