Por: Laura Cano. Periodista Pares.
En el pasado fin de semana se registró la muerte de dos médicos: Carlos Nieto de la Clínica Colombia y William Gutiérrez del Policlínico del Olaya, ambos centros de salud ubicados en la capital del país. Además del fallecimiento de Joaquín Satizábal, conductor de ambulancia del Hospital El Rosario de Ginebra, Valle del Cauca. ¿Cuál es la situación de estos recursos y de garantías laborales en este sector?
Dada esta situación, la Clínica Colombia se pronunció el sábado 11 de abril resaltando, entre otras cosas, la importancia de los equipos de servicios médicos y la del personal de salud. Por su parte, días antes del fallecimiento de William Gutiérrez, el Policlínico del Olaya presentó un comunicado en donde se hacía referencia a que los casos positivos que habían sido detectados en trabajadores de este establecimiento no tenían relación con la atención a pacientes, quitando responsabilidad a la ARL por enfermedad laboral y desconociendo el panorama al que se enfrentan quienes desde su profesión le hacen frente al virus.
Lo cierto es que en ambos comunicados se nombraba la relevancia del uso de implementos de protección. Ante esto es necesario preguntarse:
Tras el panorama anterior y el reiterativo llamado a cuidarse, varias organizaciones del personal de salud han solicitado que con los discursos oficiales no solo se haga la invitación a los aplausos como muestra de agradecimiento, sino también, y más importante, a la dotación de implementos de protección para todas las personas que permiten el adecuado funcionamiento de los hospitales; guardas de seguridad, personal de aseo, enfermeras, médicos, cocineras, personal de mantenimiento y demás administrativos.
Faltan implementos de protección
Por esto la Federación Médica ha insistido en denunciar lo que está pasando con quienes están trabajando en los hospitales y clínicas del país. Esta organización recientemente realizó una encuesta a expertos de diversos campos del sector de la salud. Luego de esta se informó que de 797 médicos encuestados solo el 4.65% de los de medicina general cuenta con tapabocas N95, mientras que quienes están en urgencias confirmaron que el 0.5% contaban con este implemento.
Asimismo, se aseveró que un 5.64% de anestesiólogos cuenta con este instrumento de protección, y por su parte de 545 profesionales de medicina intensiva e interna consultados solo 77 pueden hacer uso de este utensilio. Adicional, según lo hallado por el Colegio Médico de Bogotá la falta de mascaras N95 es de 87.7%, la de gafas de protección es de 77%, la de escudos faciales es del 90% y la de trajes de bioseguridad es de 92.7%.
Deterioro de garantías laborales afecta al sector salud
La movilización social y el reclamo por justas causas no han sido ajenas a las y los trabajadores de la salud, quienes por años han venido reclamando insistentemente por la democratización de los servicios y el respeto a la salud como derecho fundamental.
Esto motivado por varios hechos, principalmente por la Ley 100, que, entre otras cosas, derivó en la intermediación de entidades promotoras de salud (EPS) en la administración de los recursos destinados por el Estado y los aportes de los contribuyentes, lo que ha deteriorado la atención y el acceso a servicios, y ha fortalecido la corrupción y lucro de entidades privadas.
Esta realidad ha generado una baja en los recursos que son invertidos directamente a la salud, pues el dinero se queda en el circulo que la privatización genera, favoreciendo empresas y afectado los servicios de salud como bien común y derecho fundamental. Este control de los recursos por parte de terceros ha supuesto a su vez falencias en las garantías laborales de quienes trabajan en este sector.
Por esto el debate ha sido llevado a escenarios legislativos y también a las calles, donde se ha denunciado el deterioro en el que está el sistema de salud y que ante la llegada del Covid-19 al país, representaba una de las mayores problemáticas, pues no se podría dar abasto con una alta demanda de pacientes, tanto de manera estructural y en cuanto a personal.
Ya se había advertido sobre la crisis
Estos reclamos trasversales al contexto con o sin virus, tuvieron espacio durante el Paro Nacional iniciado el pasado 21 de noviembre, donde desde el sector de la salud se alertó cómo a través del Plan Nacional De Desarrollo se adoptarían medidas que conducirían a la inviabilidad de 900 hospitales públicos del país, que atienden alrededor de 23 millones de personas en zonas rurales. Además, se fortalecerían las EPS con más recursos a través de incentivos.
Agregándosele como denuncia la precarización laboral a la que han sido sometidos los trabajadores de la salud, que desde ese momento se denunciaba que el 80% trabajan bajo formas indignas, ilegales o por subcontratación, lo que ha estado provocando retraso en los sueldos desde hace casi siete meses.
Esto, además agudizando las preocupaciones del personal de salud, que no solo están en alerta por la vulnerabilidad de contagio, sino de inestabilidad económica, pues ante las pocas garantías de protección social y el riesgo de dar positivo en COVID-19, no se tenía claridad en cuanto a quién debía asumir los gastos de la incapacidad, o si por el contrario por el tipo de contratación no se recibían pagos.
Esta situación también afecta a los estudiantes que están como internos o residentes en centros hospitalarios, pues además de los pocos implementos de protección, no se cuenta con la información suficiente para determinar si ante un posible contagio el responsable de los gastos es la ARL, la universidad o el hospital.
Un decreto sin garantías
Con todas estas trabas, faltas de información y trampas contractuales se implementó a través del Decreto 538 del 12 de abril de 2020 la obligación de trabajadores de la salud a estar disponibles para enfrentar el covid-19:
“Durante el término la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión la del Coronavirus COVID-19, todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, reforzar y apoyar a los prestadores de salud del país.
El acatamiento a este llamado se presentará si hay escasez de personal médico y sanitario”. “(…) Entiéndase por talento humano en salud en formación, los estudiantes del área la salud de programas de educación superior, que estén cursando el último año de su pregrado y quienes estén realizando especialización u otra formación de posgrado, y aquellos quienes estén cursando el último periodo académico de programas educación para el trabajo y desarrollo humano”.
A pesar que se establecen excepciones a mujeres en estado de embarazo, a padres o madres cabeza con hijos menores de edad, cuidadores de adultos mayores o personas en condiciones de discapacidad, a padres o madres con hijos menores de un mismo núcleo familiar donde ambos ejerzan alguna profesión del sector salud, a los mayores de 70 años y a quienes tengan una enfermedad de alto riesgo para el contagio de Covid-19.
Falta dar claridad de quiénes van a responder por las garantías laborales tan necesarias y de implementos a las y los trabajadores, porque aunque se nombra a las ARL para las dotaciones, es necesario establecer una veeduría rigurosa y herramientas que permitan proteger a quienes laboran en este sector, porque si algo nos ha demostrado la emergencia sanitaria es que pasar del papel a acciones reales cuesta mucho, sobre todo cuando de garantías sociales se trata, esto mientras se siguen perdiendo vidas y mientras se siguen reclamando respuestas a problemas que el Covid-19 nos ha hecho ver más de cerca.