Los ‘pecados’ de los candidatos a Procurador General

Por: Línea de Democracia y gobernabilidad. Pares.

A poco tiempo de cumplir cuatro años en su cargo -el 16 de enero de 2021-, Fernando Carrillo se prepara para dejar su puesto en la Procuraduría General de la Nación, cargo en el que fue elegido en octubre de 2017 con 92 votos del Senado. Ahora, de nuevo, el turno es para el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el presidente Iván Duque, quienes deberán presentar a sus elegidos -uno por cada institución- ante el Senado de la República, donde finalmente se decidirá quién será la nueva o el nuevo procurador.

Este proceso inicia en el Consejo de Estado y la Corte Suprema con una convocatoria, la cual fue presentada a mediados de junio, dando un plazo de llenar las inscripciones hasta finales del mismo mes. Así, desde el pasado 2 julio y hasta el 15 de julio la lista de aspirantes estuvo disponible para recibir observaciones de la ciudadanía. Ahora el paso a seguir es el análisis de cada Corte, que comenzará el próximo 27 de julio.

Realizado este paso, y con un primer grupo de preseleccionados, el 04 de agosto los candidatos se deberán presentar ante el Consejo de Estado, y el 6 del mismo mes, en la Corte Suprema. Con esto se esperaría que el 13 de agosto la Corte Suprema elija a su candidato, para ser publicado el día siguiente, mientras que el Consejo de Estado hará ese mismo proceso entre el 11 y 12 de agosto.

Claro esto, el siguiente turno sería para el presidente Iván Duque para elegir a su candidato o candidata. Con esto listo los seleccionados serán presentados ante el Senado, donde se adelantará una votación.

Ante este panorama Pares presenta 10 candidatos de los 59 inscritos -37 en la Corte Suprema y 25 en el Consejo de Estado-, de quienes se estudiaron sus hojas de vida desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Estos fueron los resultados:

· Ernesto Amézquita Camacho

De acuerdo con el SIGEP, Amézquita es abogado y máster en Derecho de Familia de la Universidad Libre, y doctor en Seguridad y Desarrollo Integral de la Universidad UNEFA en Caracas. Cuenta con dos especializaciones, una en ciencias penales y penitenciarias, y otra en Derecho laboral. Ha alternado su carrera judicial con la docencia, la cual ha ejercido durante 30 años en universidades como la Cooperativa de Colombia, la Libre, Incca, Nacional, Universidad del Quindío, entre otras.

También se ha desempeñado como magistrado del Tribunal de Garantías Electorales de Colombia, canciller internacional de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes de Colombia, vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas, presidente de la Corporación Jurídica Internacional y asesor jurídico de Cancillería en 2014.

Recientemente, fungió como procurador regional de Quindío, hasta principios de 2019, luego fue procurador regional de Risaralda y posteriormente procurador ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora aspira a ser Procurador General de la Nación.

Amézquita ha saltado a la fama por varias razones. Una de las primeras fue por la defensa que le brindó a Santiago Medina Serna, quien era tesorero de campaña de Ernesto Samper en su cuestionada campaña presidencial, a quien habría presionado para que no contara de lo que sabía sobre la infiltración de los dineros del cartel de Cali en la campaña. Luego de ser despedido por Medina se enfrentó a una investigación disciplinaria solicitada por el entonces fiscal general de la nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, al Consejo Superior de la judicatura.

Mientras estaba siendo investigado, Amézquita defendió al expresidente de Perú, Alan García, quien estaba asilado en Colombia desde 1992 y que para la época tenía graves denuncias en su contra por los delitos cometidos en su país. Tras esto se lanzó a la defensa de los tres irlandeses sindicados de asesorar militarmente a las Farc-ep, así como cuatro (4) venezolanos acusados de venderles armas. Luego de este último proceso, según un Confidencial de Semana a principios de 2004, tuvo que salir por amenazas del país hacia Venezuela donde trabajó directamente para Hugo Chávez durante varios años, en los que tuvo cercanía con el círculo militar del expresidente venezolano y, según el diario digital El Expreso, obtuvo la nacionalidad del país vecino.

Según lo relata El Tiempo en 2005, Amézquita también sindicado por haber intentado cobrar un presunto título falso por 25 millones de dólares en el Banco Central de Venezuela, razón por la cual le pusieron medida cautelar no privativa de la libertad. En su momento, las autoridades venezolanas revelaron la existencia de una presunta red internacional de falsificación de bonos y señalaron especialmente a Amézquita por su facilidad de entrar y salir de Venezuela. Con base en lo anterior, fue condenado a 2 años y 8 meses por estafa agravada en grado de tentativa. No obstante, el 7 de junio de 2007 apeló a su condena ante la Corte de Apelaciones de Caracas del Circuito Penal Judicial.

Amézquita siguió su carrera en la Procuraduría de la mano del procurador general Carrillo, pasando por la procuraduría de en Armenia, luego por la regional del Quindío, por Manizales, Valle del Cauca y finalmente fue nombrado en el mismo cargo para el departamento de Risaralda en marzo de 2019. Un año antes, el entonces gobernador del Quindío solicitó a la Procuraduría General de la Nación una investigación contra Amézquita y el órgano de control seccional por filtraciones de investigaciones en su contra.

A principios de año se solicitó otra investigación disciplinaria al procurador general de la nación Fernando Carrillo, por presuntamente haber dilatado los procesos en los casos del ex contralor de Dosquebradas Fernán Alberto Cañas, quien tenía un fallo de segunda instancia con sanción de destitución e inhabilidad por 15 años.

A pesar de todo lo anterior, Carrillo habría premiado a Amézquita como procurador delegado ante la JEP en febrero de 2020. Según los certificados de antecedentes especiales de la Procuraduría y la Policía nacional no cuenta con ningún antecedente. Ahora aspira a ser Procurador General de la Nación, luego de recibir la invitación de parte de la ONG Fundación Escuela de Derechos Humanos Paz y Reconciliación Héctor Abad Gómez, creada en febrero de 2018 en Armenia, así como por la Asociación de Abogados Litigantes de Colombia.

· Juan Gregorio Eljach Pacheco

Según el SIGEP, Estudió Derecho en la Universidad del Cauca, es magíster en Gobierno Municipal y especialista en Gestión de Entidades Territoriales, Derecho Público, Derecho Constitucional y Parlamentario y, Derecho Urbano en la Universidad Externado de Colombia. En su hoja de vida presentada para su aspiración a Procurador, también ha sido docente universitario, conferencista y autor de muchas publicaciones. Es fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos.

Su carrera ha estado marcada especialmente por su paso como secretario del Senado de la República, cargo al que llegó con el respaldo del exministro Aurelio Iragorri, con quien comparten un fortín en el Cauca. De hecho, Eljach trabajó durante varios años como su asesor técnico cuando era senador. A partir de este trabajo, se acercó al Congreso, donde trabajó como abogado y secretario General de la Comisión Especial de Seguimiento.

También se desempeñó como director del Ordenamiento Territorial del Congreso, participando en la confección de la normatividad de los entes territoriales, organismos de control y los códigos disciplinario y ético. De ahí, saltó a la secretaría general del Congreso. Su aspiración llegó apadrinada por partido de la U. A pesar de las irregularidades en su elección, por diversas demandas presentadas, en 2015 el Consejo de Estado lo ratificó en su cargo. En 2014, el Senado lo reeligió y desde ahí ha ocupado el cargo ininterrumpidamente hasta la actualidad.

Se posicionó como uno de los funcionarios más poderosos del Congreso, pues es en la Secretaría donde se organizan las sesiones del Senado y es un cargo estratégico para el trámite legislativo, el funcionamiento del Congreso y las demandas de pérdida de investidura de los Senadores ante el Consejo de Estado, con lo cual tendría cercanía con sus magistrados y esto coincide con que fue a esta entidad a la que le presentó su hoja de vida para aspirar a la Procuraduría.

Durante ocho años en el cargo protagonizó diversas polémicas por dejar el micrófono abierto y presuntamente extralimitarse en sus funciones aconsejando jugadas para la aprobación o no de diversas leyes, como por ejemplo quedó registrado en noviembre de 2015 en donde se le oyó decir: “No le dé más papaya a Robledo”, con lo que buscaba interrumpir la intervención del mencionado senador.

También tuvo a cuestas investigaciones relacionadas por la presunta filtración de documentos reservados en la investigación contra Jorge