Por: Línea de Democracia y gobernabilidad. Pares.
A poco tiempo de cumplir cuatro años en su cargo -el 16 de enero de 2021-, Fernando Carrillo se prepara para dejar su puesto en la Procuraduría General de la Nación, cargo en el que fue elegido en octubre de 2017 con 92 votos del Senado. Ahora, de nuevo, el turno es para el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el presidente Iván Duque, quienes deberán presentar a sus elegidos -uno por cada institución- ante el Senado de la República, donde finalmente se decidirá quién será la nueva o el nuevo procurador.
Este proceso inicia en el Consejo de Estado y la Corte Suprema con una convocatoria, la cual fue presentada a mediados de junio, dando un plazo de llenar las inscripciones hasta finales del mismo mes. Así, desde el pasado 2 julio y hasta el 15 de julio la lista de aspirantes estuvo disponible para recibir observaciones de la ciudadanía. Ahora el paso a seguir es el análisis de cada Corte, que comenzará el próximo 27 de julio.
Realizado este paso, y con un primer grupo de preseleccionados, el 04 de agosto los candidatos se deberán presentar ante el Consejo de Estado, y el 6 del mismo mes, en la Corte Suprema. Con esto se esperaría que el 13 de agosto la Corte Suprema elija a su candidato, para ser publicado el día siguiente, mientras que el Consejo de Estado hará ese mismo proceso entre el 11 y 12 de agosto.
Claro esto, el siguiente turno sería para el presidente Iván Duque para elegir a su candidato o candidata. Con esto listo los seleccionados serán presentados ante el Senado, donde se adelantará una votación.
Ante este panorama Pares presenta 10 candidatos de los 59 inscritos -37 en la Corte Suprema y 25 en el Consejo de Estado-, de quienes se estudiaron sus hojas de vida desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación. Estos fueron los resultados:
· Ernesto Amézquita Camacho
De acuerdo con el SIGEP, Amézquita es abogado y máster en Derecho de Familia de la Universidad Libre, y doctor en Seguridad y Desarrollo Integral de la Universidad UNEFA en Caracas. Cuenta con dos especializaciones, una en ciencias penales y penitenciarias, y otra en Derecho laboral. Ha alternado su carrera judicial con la docencia, la cual ha ejercido durante 30 años en universidades como la Cooperativa de Colombia, la Libre, Incca, Nacional, Universidad del Quindío, entre otras.
También se ha desempeñado como magistrado del Tribunal de Garantías Electorales de Colombia, canciller internacional de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes de Colombia, vicepresidente de la Asociación Americana de Juristas, presidente de la Corporación Jurídica Internacional y asesor jurídico de Cancillería en 2014.
Recientemente, fungió como procurador regional de Quindío, hasta principios de 2019, luego fue procurador regional de Risaralda y posteriormente procurador ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora aspira a ser Procurador General de la Nación.
Amézquita ha saltado a la fama por varias razones. Una de las primeras fue por la defensa que le brindó a Santiago Medina Serna, quien era tesorero de campaña de Ernesto Samper en su cuestionada campaña presidencial, a quien habría presionado para que no contara de lo que sabía sobre la infiltración de los dineros del cartel de Cali en la campaña. Luego de ser despedido por Medina se enfrentó a una investigación disciplinaria solicitada por el entonces fiscal general de la nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, al Consejo Superior de la judicatura.
Mientras estaba siendo investigado, Amézquita defendió al expresidente de Perú, Alan García, quien estaba asilado en Colombia desde 1992 y que para la época tenía graves denuncias en su contra por los delitos cometidos en su país. Tras esto se lanzó a la defensa de los tres irlandeses sindicados de asesorar militarmente a las Farc-ep, así como cuatro (4) venezolanos acusados de venderles armas. Luego de este último proceso, según un Confidencial de Semana a principios de 2004, tuvo que salir por amenazas del país hacia Venezuela donde trabajó directamente para Hugo Chávez durante varios años, en los que tuvo cercanía con el círculo militar del expresidente venezolano y, según el diario digital El Expreso, obtuvo la nacionalidad del país vecino.
Según lo relata El Tiempo en 2005, Amézquita también sindicado por haber intentado cobrar un presunto título falso por 25 millones de dólares en el Banco Central de Venezuela, razón por la cual le pusieron medida cautelar no privativa de la libertad. En su momento, las autoridades venezolanas revelaron la existencia de una presunta red internacional de falsificación de bonos y señalaron especialmente a Amézquita por su facilidad de entrar y salir de Venezuela. Con base en lo anterior, fue condenado a 2 años y 8 meses por estafa agravada en grado de tentativa. No obstante, el 7 de junio de 2007 apeló a su condena ante la Corte de Apelaciones de Caracas del Circuito Penal Judicial.
Amézquita siguió su carrera en la Procuraduría de la mano del procurador general Carrillo, pasando por la procuraduría de en Armenia, luego por la regional del Quindío, por Manizales, Valle del Cauca y finalmente fue nombrado en el mismo cargo para el departamento de Risaralda en marzo de 2019. Un año antes, el entonces gobernador del Quindío solicitó a la Procuraduría General de la Nación una investigación contra Amézquita y el órgano de control seccional por filtraciones de investigaciones en su contra.
A principios de año se solicitó otra investigación disciplinaria al procurador general de la nación Fernando Carrillo, por presuntamente haber dilatado los procesos en los casos del ex contralor de Dosquebradas Fernán Alberto Cañas, quien tenía un fallo de segunda instancia con sanción de destitución e inhabilidad por 15 años.
A pesar de todo lo anterior, Carrillo habría premiado a Amézquita como procurador delegado ante la JEP en febrero de 2020. Según los certificados de antecedentes especiales de la Procuraduría y la Policía nacional no cuenta con ningún antecedente. Ahora aspira a ser Procurador General de la Nación, luego de recibir la invitación de parte de la ONG Fundación Escuela de Derechos Humanos Paz y Reconciliación Héctor Abad Gómez, creada en febrero de 2018 en Armenia, así como por la Asociación de Abogados Litigantes de Colombia.
· Juan Gregorio Eljach Pacheco
Según el SIGEP, Estudió Derecho en la Universidad del Cauca, es magíster en Gobierno Municipal y especialista en Gestión de Entidades Territoriales, Derecho Público, Derecho Constitucional y Parlamentario y, Derecho Urbano en la Universidad Externado de Colombia. En su hoja de vida presentada para su aspiración a Procurador, también ha sido docente universitario, conferencista y autor de muchas publicaciones. Es fundador del Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos.
Su carrera ha estado marcada especialmente por su paso como secretario del Senado de la República, cargo al que llegó con el respaldo del exministro Aurelio Iragorri, con quien comparten un fortín en el Cauca. De hecho, Eljach trabajó durante varios años como su asesor técnico cuando era senador. A partir de este trabajo, se acercó al Congreso, donde trabajó como abogado y secretario General de la Comisión Especial de Seguimiento.
También se desempeñó como director del Ordenamiento Territorial del Congreso, participando en la confección de la normatividad de los entes territoriales, organismos de control y los códigos disciplinario y ético. De ahí, saltó a la secretaría general del Congreso. Su aspiración llegó apadrinada por partido de la U. A pesar de las irregularidades en su elección, por diversas demandas presentadas, en 2015 el Consejo de Estado lo ratificó en su cargo. En 2014, el Senado lo reeligió y desde ahí ha ocupado el cargo ininterrumpidamente hasta la actualidad.
Se posicionó como uno de los funcionarios más poderosos del Congreso, pues es en la Secretaría donde se organizan las sesiones del Senado y es un cargo estratégico para el trámite legislativo, el funcionamiento del Congreso y las demandas de pérdida de investidura de los Senadores ante el Consejo de Estado, con lo cual tendría cercanía con sus magistrados y esto coincide con que fue a esta entidad a la que le presentó su hoja de vida para aspirar a la Procuraduría.
Durante ocho años en el cargo protagonizó diversas polémicas por dejar el micrófono abierto y presuntamente extralimitarse en sus funciones aconsejando jugadas para la aprobación o no de diversas leyes, como por ejemplo quedó registrado en noviembre de 2015 en donde se le oyó decir: “No le dé más papaya a Robledo”, con lo que buscaba interrumpir la intervención del mencionado senador.
También tuvo a cuestas investigaciones relacionadas por la presunta filtración de documentos reservados en la investigación contra Jorge Pretelt. De hecho, en junio de 2015 durante el interrogatorio en la fiscalía guardó silencio en todo el interrogatorio. Según el expediente, la Fiscalía tenía los videos en los que se observaba al funcionario repartiendo los documentos; no obstante, en enero de 2017, el ente investigador decidió archivar la investigación porque que no se pudo comprobar que Eljach incurriera en maniobras para afectar la investigación disciplinaria contra Pretelt Chaljub.
Así pues, actualmente tiene una doble aspiración: la de la Procuraduría y la de ser reelegido en su actual cargo en el Congreso el 20 de julio. De acuerdo con el sonajero de candidatos, Eljach entraría a la carrera con el apoyo del registrador Alexander Vega y Aurelio Irragori, así como una parte del partido de la U, y alguna porción del Senado con quien ha trabajado de la mano.
· Luis Felipe Henao Cardona
Henao es una de las fichas políticas más fuertes en la aspiración a procurador. Es bien sabido por la opinión pública, dada su trayectoria, el apoyo que tiene con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su cercanía con los Char. Luis Felipe es abogado de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y tiene diversas especializaciones en Derecho de Empresas y Estudios Superiores en Problemas Actuales de Derecho Penal.
Su carrera en el derecho la empezó en la oficina del abogado Jaime Lombana. De ahí, pasó a la fiscalía como técnico investigador en la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico. En 2006 fue elegido Secretario General del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cargo que ocupó hasta el 2007 cuando fue nombrado viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial.
En 2010, Henao llegó a la Secretaría General del Ministerio y en febrero de 2012 ascendió a viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos. También ocupó cargos como director encargado del INPEC y de la otrora Dirección Nacional de Estupefacientes. A mediados de mayo de 2012 pasó a ser viceministro de Vivienda y un año después, en mayo de 2013, Santos lo nombró Ministro de Vivienda.
Debido a los altos cargos que ha ocupado, Henao también ha estado involucrado en hechos polémicos. El primero de estos fue en 2017 cuando la Corte Suprema de Justicia lo citó a declarar en el marco de la investigación que se adelantaba contra el exsenador corrupto Bernardo “Ñoño” Elías y con la que se buscaba determinar la responsabilidad de los miembros del alto gobierno en el Conpes que dio viabilidad para la realización de la cuestionada vía Ocaña-Gamarra afectada por el escándalo de Odebrecht.
Paralelamente, la periodista Vicky Dávila escribió una columna sobre presuntas anomalías en la adjudicación de contratos de la multinacional Cemex relacionados con los programas de vivienda, dado que esta firma fue una de las aportantes a la campaña de Santos en 2014. Según Dávila, mientras Henao fungía como ministro, Cemex se quedó con 14 proyectos de vivienda correspondientes a 4.930 casas por un valor de más de 200 mil millones de pesos.
A esto se agregaron dos cosas, por un lado, la afirmación de Dávila que indicaba que Henao habría tenido encuentros en vacaciones en Puerto Vallarta, México, en enero de 2015 con Carlos Jacks, el entonces presidente de Cemex. Por otra parte, un estudio de la Universidad Nacional en el que se advirtió sobre las irregularidades presentadas en la adquisición de la sede del ministerio de Vivienda; sobrevalorada en $1.500 millones. En febrero de 2019 la Procuraduría General de la Nación vinculó a Elsa Noguera y Luis Felipe Henao, como exministros de la cartera ministerial encargada de la adquisición del elefante blanco.
Según los certificados de antecedentes especiales de la Procuraduría y la Policía nacional no cuenta con ningún antecedente. Aspira al cargo de Procurador General de la Nación, con el apoyo de Vargas Lleras y, al parecer, algunos miembros de Cambio Radical y Clan Char.
· Juan Carlos Novoa Buendía
Novoa es abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga, con maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional, y especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Tributario. Según el SIGEP, cuenta con numerosos y millonarios contratos en el Senado de la República, por $73,3 millones de pesos para ejecutar de julio a septiembre; en el SENA, por $141 millones, para ejecutar de enero a diciembre; en la Agencia Nacional de Hidrocarburos; en el Ministerio de Justicia, por 135 millones de febrero a diciembre. Todos en el 2020.
Novoa era procurador delegado para asuntos disciplinarios cuando, en 2014, se firmó la destitución del entonces alcalde Gustavo Petro. También se le recuerda porque ese mismo año apeló las sanciones de inhabilidad por 11 años para ocupar cargos públicos del exgobernador cuestionado Óscar Barreto (2008-2011), y los funcionarios Olga Lucía Alfonso y Alejandro Martínez, por la entrega de la licitación de la pavimentación Líbano-Villahermosa. El resultado fue la absolución por parte de Novoa el 27 de septiembre de 2014 a estos funcionarios, abriéndoles las puertas para participar electoralmente y ser nombrados en cargos públicos.
Pero, este no es el único cuestionamiento. De acuerdo con una denuncia realizada por Daniel Coronell en octubre de 2015, Novoa utilizó la Procuraduría como su propia bolsa de empleo, en donde trabajaron 2 parientes políticos y varios amigos. Según relata Coronell, se trataba de su hermana Rocío Novoa, asesora grado 24; cuatro primos: Hambeydy Novoa, auxiliar administrativa, José Novoa, sustanciador, Marleny Novoa, profesional universitaria y Jenny Ardila Buendía, profesional; una cuñada, Paola Polanía; y Yeimy Vargas, su concuñada.
Para completar el dossier de inconsistencias, Coronell también reseñó como Novoa habría realizado un presunto favorecimiento al otrora representante a la Cámara de Santander Holger Díaz, quien llego al Congreso con el aval del PIN, partido que en su momento apoyó la reelección de Ordoñez. El caso específico se derivó luego que de que Holger diera información del trámite legislativo de la ley de salud, de la cual era ponente, al presidente de Saludcoop al tiempo que le pedía dinero para consignarlo a una empresa llamada Salud con Calidad LTDA, fundada por el congresista, su esposa Gloria Quiroz y su suegro Franklin Quiroz.
Según Coronell, esta investigación llegó justamente a la sala de Novoa, quien concluyó de Holger no tenía responsabilidad porque había vendido sus acciones dos días antes de convertirse en representante a la Cámara a su suegro Franklin Quiroz, quien, en pleno proceso de la ley de salud expuesta por Holger, le vendió las acciones a Margareth Liliana Castro, su nuera.
Otro de los hechos polémicos es que Novoa también fungió como abogado suplente del senador Ernesto Macías, luego de que la procuraduría le abriera una investigación por el episodio de la “última jugadita” cuando ocupaba el cargo de presidente del Senado. Novoa actualmente se presenta al cargo de Procurador con el apoyo de Ordoñez. Según los certificados de antecedentes especiales de la Procuraduría y la Policía nacional no cuenta con ningún antecedente.
· José Andrés Omeara Riveira
Omeara es abogado de la Universidad Segio Arboleda; magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana; Magíster en Derecho Púbico de la Universidad Externado y Magíster en Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Su vida profesional se ha alternado entre la docencia, el sector público y el litigio.
En cuanto a su trayectoria en el sector público se resaltan cargos como la dirección de asuntos políticos y electorales del Ministerio del Interior y Justicia, así como director jurídico de este; la dirección de vigilancia fiscal de la Contraloría General de la República; contralor delegado del sector social y contralor delegado del sector Defensa, Justicia y Seguridad.
Aunque no resultó elegido cargo como Contralor General de la República, cargo al que se presentó en diciembre de 2018, le dieron el puesto de director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.
De acuerdo con diversas fuentes, Omeara tiene un grave cuestionamiento derivado de su presunta relación con el escándalo de la Yidispolítica. Esto es así, toda vez que su hermano, el entonces notario Luis Camilo Omeara, quien fue director de asuntos jurídicos y luego director político y electoral (mismo cargo que ocupó su hermano) del Ministerior del Interior y de Justicia en cabeza de Carlos Holmes, habría encabezado la venta de la Notaría 67 de Bogotá a Teodolindo Avendaño por un valor de $450 millones de pesos soportados en un pagaré en el que habría intermediado José Andrés, lo que sirvió como una de las dádivas para que Yidis Medina diera su voto a cambio de reformar la Constitución para permitir la reelección de Uribe en 2006.
Actualmente, aspira al cargo de Procurador General de la Nación. Según los certificados de antecedentes especiales de la Procuraduría y la Policía nacional no cuenta con ningún antecedente.
· Humberto Antonio Sierra Porto
Sierra es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde 2013 es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fungió como presidente en el bienio 2014-2015. Se desempeñó como Magistrado de la Corte Constitucional entre 2004 y 2012, Conjuez 2001 y auxiliar en 1992. Es conocido por ser escogido por azar como ponente del fallo que hundió el referendo reeleccionista, que de haber sido aprobado habría permitido el tercer periodo presidencial a Álvaro Uribe Vélez.
Adicionalmente, antes de abandonar su cargo como magistrado, fue ponente del fallo que obligó al Procurador Alejandro Ordoñez a rectificar varias afirmaciones y decisiones en relación con el aborto.
· Marco Antonio Velilla Moreno
Velilla es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta con una especialización en derecho comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana y una maestría en derecho civil (D.S.U.) de la Universidad París II y una maestría de estado en derecho económico (D.E.A.) de la Universidad de Orléans, Francia. Magistrado del Consejo de Estado donde cumplió su periodo de ocho años hasta el 2015, cargo al que fue postulado en cinco ocasiones.
En 2018 recibió la condecoración de la medalla Luis Carlos Galán por su lucha anticorrupción, luego de ser aprobado por la comisión de ética del Senado. Velilla para ese entonces era el presidente del comité de ética del partido Centro Democrático, cargo por el cual es recordado por archivar la investigación interna contra el excandidato Óscar Iván Zuluaga por presuntamente recibir dineros de Odebrecht para su campaña política. La oposición rechazó la decisión de la condecoración.
En su momento Aída Avella recalcó que Velilla demandó en febrero de 2013 a la presidencia de la república y a la Corte Suprema de Justicia por los perjuicios morales causados cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez lo postuló a la terna para reemplazar al entonces fiscal general Mario Iguarán; Velilla alegó que se habría desconocido el debido proceso en las votaciones, cuando tras múltiples sesiones de la Corte Suprema de Justicia nunca pudo elegir fiscal y Juan Manuel Santos en su presidencia retiró la terna y presentó otras postulaciones. Frente a esta demanda el Tribunal aseguró que el exmagistrado actuó de “mala fé” y que el presidente Juan Manuel Santos actúo según sus facultades.
Fue Consejero Presidencial durante el periodo constitucional del Expresidente Belisario Betancur, cuenta con una amplia trayectoria académica, experto en Pensamiento Complejo y ha sido asesor directo de Presidencias de Compañías, Direcciones y Gerencias Generales de empresas públicas como Ecopetrol, EPM-Bogotá, ICFES, Ministerio de Educación Nacional y algunos Organismos Internacionales como la UNESCO y la SECAB.
· Jorge Armando Otálora Gómez
Es abogado de la Universidad Católica de Colombia con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fue vicefiscal General de la Nación entre 2005 y 2006, cuando Mario Iguarán fue Fiscal y fue decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Santo Tomás.
En septiembre de 2012 se posesionó como Defensor del Pueblo luego de recibir 126 votos de 132 de la Cámara de Representantes. Sus contendientes eran Olga Lucia Gaitán y Beatriz Linares, las cuales alcanzaron 8 votos, 4 para cada una. Tras su elección la representante Ángela María Robledo y la directora de la MOE, Alejandra Barrios, manifestaron que Otálora no tenía la trayectoria suficiente para asumir el cargo.
En 2016 Astrid Helena Cristancho, exsecretaria privada de Otálora, radicó ante la fiscalía una denuncia por acoso sexual contra el entonces Defensor del Pueblo. A raíz de la denuncia en su contra por acoso, Otálora presentó su carta de renuncia y en marzo de ese mismo año la Cámara de Representantes aprobó su renuncia. Desde 2017 y hasta 2019 se desempeñó como asesor jurídico de la Nueva EPS.
· Wilson Ruiz Orejuela
Ruíz es abogado con especialización en derecho administrativo y doctorado en derecho. Ha sido docente de la Universidad del Rosario, Sergio Arboleda y Libre en Bogotá. Así como en la Universidad San Buenaventura e ICESI en Valle del Cauca.
Sus cargos más reconocidos dentro de la rama judicial fueron primero como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (2006 – 2008), posteriormente como conjuez del Consejo Superior de la Judicatura (2008 – 2009) y por último como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, sala jurisdiccional disciplinaria (2012 – 2015). Llegó a ser presidente de la sala y de la corporación. Además, cuenta con experiencia como abogado litigante.
En 2008 Álvaro Uribe lo ternó para ser Defensor del Pueblo. En 2016 estuvo en la carrera por la Procuraduría. Por último, en 2018 compitió por la Contraloría General de la Nación y llegó a estar entre los últimos 10 candidatos. De acuerdo con la investigación de la Agencia de Periodismo Investigativo, Ruiz nuevamente sería la carta de Uribe, ya sea como ternado por el presidente Duque o como candidato ante la Corte Suprema de Justicia.
· Margarita Cabello
Cabello es abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena y candidata a Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín.
Ejerció durante tres años (2009-2012) como Procuradora Delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, nombrada por Alejandro Ordoñez. Al parecer fue por medio del exprocurador que Álvaro Uribe, en el 2009, la incluyó en la segunda terna que presentó a la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación.
Cabello es cercana a David Name, el hermano de José Name Terán. Este último también le habría dado apoyo para su candidatura a la Gobernación del Atlántico, en donde también contó con Fuad Char Abdala y Roberto Gerlein. En ese momento al cargo fue elegido José Antonio Segebre. Cabello es hermana de María Elvira Cabello, compañera de lista de Mauricio Pimiento, condenado por parapolítica.
El 11 de junio de 2019 se posesionó como Ministra de Justicia, antes de esto había pasado por Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia como magistrada de la Sala Civil (2012) y como presidenta de esta (2016 – 2017), por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, donde también fue presidenta.
En 2018 Iván Duque la ternó para que la Corte Suprema eligiera un fiscal general ad hoc para investigar tres casos del escándalo de Odebrecht, pues el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, se había declarado impedido. Cabello renunció a la terna porque existían dudas sobre si estaba habilitada.
Margarita Cabello sería la terna que presentará el presidente Iván Duque, por lo que renunciaría al Ministerio de Justicia para poder presentarse al cargo. Esto ha generado inconformidad pues hay quienes aseguran el Gobierno estaría buscando la manera de que la ministra esté en la terna, pero con dos contendores que no sean de alto perfil para que ella sea elegida por el Senado.