Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares
Ahora se ha vuelto común escuchar y ver noticias donde ciudadanos de diferentes ciudades matan a golpes a supuestos ladrones, violadores y agresores en general. Se reconocen como los linchamientos. Para este fenómeno hay explicaciones de todo tipo. Desde una famosa “cultura de la violencia” en Colombia, hasta explicaciones que van desde el impacto de las redes sociales en la movilización de colectivos humanos, hasta situaciones psicológicas. Pero la explicación es bastante diferente. A continuación se analiza.
Los Estados modernos nacieron bajo la figura de que los ciudadanos cedían su poder de violencia y justicia aun gran Estado y, a cambio, este Estado garantizaría la seguridad, tanto de la propiedad privada como de la vida. De ahí nacieron conceptos como el uso legítimo de la fuerza y el hecho de que hay una justicia ciega que juzga a todos por igual. De ahí nació el Estado de Derecho.
El gran problema es que en muchos países, y Colombia no es la excepción, los ciudadanos sienten que el Estado no les está respondiendo y, por ello, se toman la justicia por mano propia. En sectores de Bogotá, por ejemplo, la ciudadanía denuncia que llama al 123 o al número del cuadrante y la policía nunca llega. O que denuncian a un ladrón y lo cogen preso y dos días después esta libre. Estas dos cosas reflejan una sensación de impunidad que lleva a la ciudadanía a actuar contra los supuestos criminales. En todo caso, las explicaciones serían tres:
Hay un colapso de las instituciones estatales que deben responder las denuncias y llamados de los ciudadanos. Por ejemplo, antes en Bogotá el 123 era el único número de emergencia. Ahora, luego del Plan Cuadrantes, hay 1.051 números de emergencia, es decir, uno por cuadrante más el 123. Además, a los números de cuadrantes nadie les hace veeduría, es decir, no se sabe cuánta gente llama, qué tan rápido responde la Policía y tampoco se mide la necesidad versus la respuesta. Igualmente, el déficit de pie de fuerza, la falta de fiscales en la noche o el colapso del sistema penitenciario solo agravan la situación.
La segunda explicación es que los ciudadanos tampoco saben cómo funciona la ley, no conocen la Constitución, ni el funcionamiento de las instituciones de seguridad. Por ende, siempre presumen corrupción ante cosas que no se entienden. Por ejemplo, sin denuncias es difícil judicializar. Por otro, lado la mayoría de las personas no conocen ni donde funciona la oficina del inspector de policía que le corresponde, tampoco los teléfonos de autoridades. En fin, se sabe poco de cómo funciona el Estado de derecho.
Lo último interesante que se debe analizar, además de la sensación de impunidad y de la ignorancia del funcionamiento del Estado, es que hay un problema más profundo, y es que en varias zonas de ciudades se están creando algo así como estructuras paralelas de seguridad. Algunos políticos y analistas las defienden, pero estas estructuras podrían terminar en grupos paraestatales y cooptadas por criminales. Es decir, si el Estado no mejora su eficiencia en materia de seguridad y garantiza la microgestión de la seguridad, se podría vivir muy rápido una privatización ilegal de ella.