Por: Línea Conflicto, paz y postconflicto
Los teóricos del postconflicto dividen esta etapa de transición en dos grandes periodos. Al primero se le llama Estabilización, el cual se refiere a los 36 meses luego de la firma del acuerdo de paz. Se le da este nombre de estabilización pues, durante estos tres años, el Estado tiene tres objetivos. Por un lado, reducir los indicadores de violencia y evitar el resurgimiento de nuevas olas de terror, por ende el modelo de seguridad es fundamental en este periodo de tiempo. En segundo lugar, se debe comenzar a trabajar con la población que durante años vivió bajo el control de un grupo armado ilegal o bajo contextos de economías ilegales, aquí de lo que se trata es de irlos sacando de este círculo de la ilegalidad. No se trata de resolver todos los problemas estructurales que los aquejan, pero sí de mostrarles que la paz trae cambios. Por ello, las inversiones en estas zonas de conflicto son básicas. El tercer objetivo en este periodo de tiempo, y sobre todo en aquellos postconflictos que se desarrollan en medio de economías ilegales, se trata de evitar que otros actores crimínales copen el territorio del grupo con que se hizo la paz, o evitar la formación de organizaciones criminales en estas zonas.
Luego de la Estabilización, viene lo que se denomina la Normalización, periodo que se refiere a tres objetivos centrales: 1) Las zonas que vivieron bajo la guerra deberán tener planes estables de mediado plazo para consolidar el Estado de derecho y consolidar la salida de actores criminales y economías ilegales; 2) El modelo de Justicia Transicional deberá comenzar a dar resultados y se deberá consolidar el derecho a la garantía de No Repetición; 3) Se deberá estar avanzando en la implementación de acciones institucionales que mitiguen las causas estructurales que provocaron la violencia, ya sea el conflicto armado o la guerra civil.
Con este panorama, llegó la hora de hacer los balances en el postconflicto colombiano. Han pasado 24 meses desde la firma del Acuerdo de Paz, igualmente las FARC ya se encuentran haciendo política, hubo un cambio de gobierno donde ganó la opción política más crítica al Acuerdo de Paz y la Justicia Transicional arrancó. El camino ha sido tortuoso, tal como lo ha venido informando la Fundación Paz y Reconciliación en sus diferentes informes.
Tal vez, el primer ítem a analizar son los indicadores de violencia asociados al conflicto armado. Antes de comenzar, se deben recordar dos cifras. Por un lado, de los 1.122 municipios que tiene Colombia, en 242 hubo presencia de las FARC durante su última década de existencia. Por su lado, el ELN operaba en 99 municipalidades, en varios de ellos operaban ambas estructuras. Así las cosas, se priorizaron 281 municipios del postconflicto. El otro dato, se refiere a que los números del año 2018 que se verán a continuación están hasta el 30 de septiembre de 2018, por ende en algunos casos habrán proyecciones, pues lo números definitivos se conocerán hasta enero de 2019.
El primer dato a analizar es el número de homicidios. La siguiente gráfica muestra la evolución anual del homicidio a nivel nacional. Desde el año 2012 comenzó una reducción que llegó a su punto más bajo entre 2016 y 2017. Pasando de una tasa de homicidio de 34 por cien mil habitantes hasta 24 por cien mil habitantes. Los datos de 2018 se deben leer hasta el 30 de septiembre.
Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre.
Entre 2016 y 2017 se produjo un fenómeno que se conoce como “piso de cristal”; es decir, la reducción que se venía presentando desde 2012 se detuvo. Ahora bien, la reducción de los últimos años, se dio en zonas de conflicto y en zonas urbanas, a nivel internacional a este fenómeno se le denomina “efecto contagio”. Es decir, que un hecho significativo tira hacia abajo los datos de violencia en todo el territorio. La siguiente gráfica muestra la evolución del homicidio discriminado entre zonas rurales y zonas urbanas. Como se sabe, el impacto más directo del conflicto se presentó en zonas rurales, nótese como la disminución fue impresionante en ambas zonas.
Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre.
La tendencia indica que en 2018 se mantiene el piso de cristal pero con un alza marginal. La siguiente gráfica compara en los últimos tres años los meses entre enero y septiembre. Nótese como 2018 tiene los números más altos.
Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre para cada año.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con los 281 municipios priorizados para el postconflicto los datos son los siguientes. Dos cosas llaman la atención, por un lado, la tendencia se quiebra en 2017; es decir, luego de reducciones desde 2012, año del arranque los las negociaciones de paz, en 2017 se presentó un aumento importante de homicidios. Todo parece indicar que una vez las FARC dejaron las armas se produjo un vacío de poder que elevó los indicadores de violencia. Los datos de 2018 están hasta el 30 de septiembre, la tendencia indica que al finalizar el año la cifra estará cercana a los 3.400 homicidios.
Al discriminar estos datos en los 281 municipios entre lo rural y lo urbano, el resultado es impresionante. Históricamente, la mayoría de los homicidios eran urbanos, los rurales eran más bajos. Sin embargo, en 2017 la tendencia cambia, la salida de las FARC dejó un vacío de poder que el Estado no fue capaz de copar. Los datos se ven a continuación.
Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Estadísticas Delictivas, Policía Nacional. Los datos de 2018 comprenden del 01 de enero al 30 de septiembre.
Ese brote de violencia tendría dos grandes explicaciones. Por lado, un copamiento criminal, ya sea por parte del Clan del Golfo, el ELN, o los grupos postfarc. Por otro lado, una situación que se ha denominado de anarquía criminal, la cual describe un deterioro de la seguridad no derivado de un copamiento criminal, pero sí del aumento de la delincuencia común o problemas entre pares, es decir, entre vecinos. No debe olvidarse que en muchas de estas zonas las FARC funcionaban como un para-estado, controlaban todo: desde la movilidad de personas hasta la venta de licor. Con la salida de ellos los conflictos en medio de consumo de licor, o por linderos se dispararon y en muchas zonas los campesinos se han tomado la justicia por sus manos.
Al revisar los datos de los últimos tres años, entre enero y septiembre, se nota que para 2018, los 281 municipios del postconflicto, muestran un deterioro de las cifras de violencia homicida. Obviamente los datos no son homogéneos, ya que hay zonas que viven verdaderas guerras y otras zonas con una mejora sustancial de la seguridad. A continuación se muestran los datos.
Lea el informe completo de Cómo va la Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz aquí.