Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha hecho un juicioso seguimiento a las irregularidades en contrataciones que se han dado en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, en donde en un primer momento en el informe El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia, se encontraron 313 casos de contratos en los que habría irregularidades, estos se celebraron en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital.
Ahora, también por medio de la Fundación Paz y Reconciliación se alerta sobre cuestionados contratos que se han hecho por medio de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres a empresas que por años han estado relacionadas con hechos irregulares, pero que sin embargo siguen siendo contratadas y gozando de impunidad.
Los hechos fueron presentados en el programa El Poder de Ariel Ávila, donde el pasado jueves junto a Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, se hizo un recorrido por los hechos que enlodan a cuatro empresas que han estado relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de distintos departamentos, también con la entrega de alimento en las Fuerzas Militares, y algunas instituciones y cárceles del país.
Hay que iniciar diciendo que estas empresas hacen parte de una dinámica para conseguir contratos denominada cartelización, que como se explicó en medio del programa son acuerdos entre competidores para defraudar al Estado, en el que se enmarcan pactos para generar sobrecostos, presión en organismos para promover las contrataciones, prorrogas o adiciones en procesos contractuales.
El equipo de investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, y su equipo de trabajo hicieron un recorrido por los hechos que enlodan a cuatro empresas que han estado relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de distintos departamentos, también con la entrega de alimento en las Fuerzas Militares, y algunas instituciones y cárceles del país. Imagen: Pares.
Previo a los hallazgos de Pares, en abril de este año, La W informó sobre unos presuntos sobrecostos a la hora de contratar mercados que fueron entregados durante la pandemia. Igualmente, de cuestionados comportamientos de los contratistas que hicieron estos multimillonarios contratos que estarían involucrados en presuntas cartelizaciones, y, además, de posibles coimas que estarían pidiendo para entregar contratos.
Estas son algunas de las empresas que encontró la Fundación Pares con cuestionables actuaciones, que han sido contratadas por la UNGRD:
1. Proalimentos Liber S.A.S
Sobre esta empresa, que está representada legalmente por Jairo Humberto Becerra Rojas, se encontró que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de la Resolución 46587 de 2018, abrió un proceso, pues Proalimentos Liber S.A.S habría hecho parte de un cartel de contratación para quedarse con distintas licitaciones de miles de millones de pesos por más de una década dentro del programa de refrigerios escolares.
A esto se suma que también se les involucra con la creación de la Asociación Colombiana de Alimento ASOPROAL, con la que se habrían aliado para incidir en las licitaciones. Esto fue probado por distintas conversaciones halladas por la SIC; en las que, entre otras cosas, mostraban cómo entre Beatriz Becerra, representante legal suplente de Proalimentos Liber y Mónica Becerra, directora de ASOPROAL, se acordaron los términos de las adiciones de contratos realizados por la Secretaría de Educación de Bogotá para la provisión del PAE, – esas conversaciones se habrían dado en 2016-.
“Ellos manejaron más o menos durante unos 15 años el PAE en Bogotá, era un cartel que tenía más o menos unas 20 empresas que fueron investigadas no solo en este cartel, sino también en otros. Se les extendió el tiempo y solo hasta 2018 se les investiga en la SIC con un proceso muy robusto, con pruebas muy contundentes”, contó Daniela Gómez Rivas.
Como indicó Daniela Gómez, esta empresa no solo estaba involucrada con este cartel, también lo estuvo con Unión Temporal ProSantander, al que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, entregó por contratación directa parte de la operación del PAE a dicho cartel que está conformado por en un 55% por Proalimentos Liber.
Además, hay que decir que en 2016 y 2018 Germán Trujillo Manrique fue vinculado, primero en un proceso penal por irregularidades en la contratación del PAE en Santander, y luego por la cartelización empresarial en 21 procesos de contratación. Trujillo era miembro del cartel nombrado y además es esposo de Cielo González Villa, exgobernadora del Huila. Adicionalmente, en Norte de Santander la Unión Temporal Nutrinorte, que también estaba conformada por Proalimentos Liber S.A.S, fue inhabilitada jurídicamente por la omisión de la presentación de la póliza de seriedad de la oferta.
A esto se suma que, en marzo de 2020, según el diario El Tiempo, empleados de esta empresa encargada de la alimentación de los presos en cáceles de Boyacá y Bogotá se les encontró entre la comida que debían proveer a Cómbita: 52 celulares, 68 cargadores, 52 manos libres, 54 cables de USB, 5 baterías para aparatos móviles. Además, días antes se les había incautado 20 celulares que trataban de ingresar a la cárcel El Buen Pastor.
“Resulta muy extraño que sean tantas las irregularidades y es de suma gravedad que se haya incautado no solo en Cómbita, sino también en el Buen Pastor. El gerente de esta empresa ha dicho que los responsables son sus subalternos y que ellos no han tenido nada que ver, pero es raro que sea en dos procesos diferentes, porque estos procesos de provisión de alimentación en las cárceles son raciones muy grandes y se manejan por lo general divididos”, señala la investigadora.
El llamado a la Unidad es que esta se puede regir por contratación por derecho privado, siempre lo ha hecho así, quien paga los contratos incluso son las fiduciarias del Estado, pero eso no obsta para que esté obligado a publicar todas sus restricciones. Para la Fundación Pares fue casi imposible reconstruir y conseguir el manual que ellos citan en la respuesta, dado que no está publicado en la página web, solamente se encontró este en una copia en caché. Es un llamado a mejorar los estándares de transparencia y a asumir los estándares frente a los contratistas que están presuntamente cartelizados. Imagen:Pares.
2. Iberoamericana de Alimentos y Servicios S.A. -Ibeaser S.A.
De esta empresa, de la cual el representante legal es Juan Carlos Almansa Latorre, se informó en El Poder que obtuvo un contrato de casi $1.000 millones en la UNGRD, pero que también tiene cuestionamientos. Incluso en 2018 junto a la empresa anterior, se le imputaron cargos por parte de la SIC. Este proceso fue sancionado en agosto 3 de 2020 con una multa de $2.200 millones que debía pagar Ibeaser y $1.600 millones por los que debía responder Almansa Latorre.
Todavía más grave, fue que se halló que había relaciones con la empresa Catalinsa, la misma que resultó con el mismo objeto social y dueños de Mauro Food, la cual hizo parte del cartel de la contratación en Bogotá en la época de Samuel Moreno. Que, como se denunció, a pesar de dedicarse a actividades relacionadas con alimentos, terminó de contratista en la construcción de una calzada de la Calle 153.
Por otra parte, y en relación con estas empresas nombradas, hay que señalar que la SIC alertó que la directora de ASOPROAL y el gerente administrativo y financiero de Ibeaser se habían puesto de acuerdo para presionar en la entrega de licitaciones a través de miembros del Concejo de Bogotá.
Asimismo, se afirmó que en el cartel al que estaban afiliados Ibeaser y Catalinsa fueron direccionados contratos por más de $45 mil millones entre 2011 y 2018 con sobrecostos de hasta el 50%, en donde además de estar vinculadas directamente estas dos empresas, también lo estaban Hayder Mauricio Villalobos (gerente de Mauros Food y asesor externo de Catalinsa) y Juan Carlos Almansa (gerente y representante legal de Ibeaser). Por esto, Ibeaser ante la SIC reconoció haber incurrido en los comportamientos ilegales de los que se le acusaba, por lo que en 2019 la delegatura de la protección de la competencia recomendó declararlos culpables.
Sobre esto Daniela Gómez Rivas dijo que: “Ellos reconocen eso para que se les haga una rebaja en la multa que se les pondría. Esto es un entramado demasiado complejo, son más de $45 mil millones los que se redireccionaron por casi 10 años, e incluía desde la creación de asociaciones para demandar licitaciones que no ganaban o incidir en otras que necesitaban como las adiciones del PAE en Bogotá, hasta hablar con miembros del Concejo y además para que presionaran a la Alcaldía Local para que les entregara esas contrataciones. Hay que señalar que hasta el momento no se han compulsado copias a pesar de que se probaron las conductas criminales”.
3. Ardiko A&S construcciones, suministros y servicios SAS
En esta empresa se quedó un contrato por $4.689 millones. Además, Pares encontró que este es solo uno de los 143 procesos de contratación que, según Secop, tiene la empresa desde 2010 con entidades públicas como el INPEC, las Fuerzas Militares y las alcaldías de Villeta y Mosquera.
De esta empresa también se encuentran varias particularidades. Por un lado, como se dijo en El Poder: “entre 2011 y el 2016 hizo parte de la Unión Temporal, la cual proveía alimentos en la Universidad Distrital, las Fuerzas Militares y el Sena. En ese momento trabajaba junto a Francisco Javier Sandoval, quien, según el portal Verdad Abierta, habría sido acusado por varios paramilitares de ser el artífice de la llegada de las AUC a Fresno, Tolima. Así como de haber adquirido diferentes predios a partir de la presión ejercida por este grupo”.
Por otro lado, en 2013 le fue suspendido el registro de Invima, decisión argumentada por la falta de estándares de salubridad en alimentos que repartían en las cárceles de El Bosque (Barranquilla) y el Buen Pastor. No obstante, y con estos cuestionamientos encima, Ardiko tiene en su lista de logros más recientes, además del contrato celebrado, hacer parte -con un 20%- de la Unión temporal que se ganó el PAE en Santander. Además, también lo es de la Unión Temporal Quindío Solidario 2020, que este año se quedó con la administración del PAE en ese departamento.
4. Luket SAS
Por último, en esta tanda de empresas, se presentó a Luket SAS, la que está bajo la representación legal de Luis Eduardo López Rosero. Aquí y siguiendo a lo expuesto en El Poder, hay un importante cuestionamiento que hacer y es que esta fue una de las entidades beneficiadas por la contratación exprés por más de $53 mil millones entregados durante el periodo de Juan Manuel Santos para la construcción de las zonas veredales transitorias de normalización, en las que se instalarían los excombatientes de la antigua Farc EP en proceso de reincorporación.
¿Qué pasó ahí? Pues bien, se conoce que del total del dinero dispuesto fueron entregados cerca de $20 mil millones a esta empresa. Sobre este dinero se hizo un primer contrato por cerca de $11 mil millones con el objeto de entregar la adecuación de terreno y la construcción de alojamientos temporales, zonas comunes, instalación de servicios de esenciales; agua, saneamiento básico y energía, en las zonas veredales a su cargo: Nariño: Betania (Policarpa), Variante (Tumaco); Guaviare: Colinas (San José del Guaviare), Charras (San José del Guaviare); Caquetá: El Carmen (La Montañita), Miravalle (San Vicente del Caguán) y La Esperanza (Cartagena del Chairá).
Luego se le hizo una adición a ese contrato y se hicieron varias prrrogas, “el contratista que había incumplido de forma reiterada. De hecho, según el portal ColombiaCheck, para el caso de La Paloma el presupuesto terminó siendo de 1.388 millones de pesos y solo se dejó un depósito de madera que hoy se mantiene como la única intervención de la empresa en la zona veredal. Mientras tanto la Unidad de Gestión de Riesgo no hace públicos los informes de interventoría a la labor de Luket para saber qué pasó con la plata pagada”.
En relación con esto Daniela Gómez también aseveró que “finalmente las ZVTN nunca fueron entregadas y no nos han dejado conocer los informes de veeduría de estas zonas, pero en efecto no se hicieron porque ni en la Variante (Tumaco), ni en La Paloma, ni en Guaviare se entregaron al final esas obras, que en algunos casos fueron los exguerrilleros quienes tuvieron que hacer sus propios cambuches, zonas comunales y carreteras”.
¿Qué dice la UNGRD?
Durante la emisión de El Poder se informó que se le solicitó a la Unidad que informara si tenía conocimiento de los cuestionamientos de las empresas investigadas, las cuales son contratistas de dicha entidad. Sobre esta solicitud se recibió un documento, en el que parte de la respuesta decía:
“La Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de acuerdo con el manual de contratación el Fondo Nacional de Riesgos y Desastres adoptado mediante la resolución 0683 de 20 de julio de 2017, establece que para los trámites respectivos de contratación para la adquisición de Asistencia Humanitaria de Emergencia (alimentaria y no alimentaria), materiales, elementos, equipos, servicios, alquileres, suministros para la ejecución de respuesta ante la emergencia que haya generado la declaratoria de calamidad pública, desastres o similar naturaleza requiere de parte de los proveedores o la parte a contratar antecedentes disciplinarios, penales y fiscales de la empresa promovedora, en ese sentido a la fecha y de acuerdo con la información radicada por los proveedores en mención y la verificación realizada por la UNGRD no se encontró ninguna inhabilidad para la prestación del servicio requerido por la entidad”.
Igualmente, de cuestionados comportamientos de los contratistas que hicieron estos multimillonarios contratos que estarían involucrados en presuntas cartelizaciones, y, además, de posibles coimas que estarían pidiendo para entregar contratos. Imagen: Pares.
Con esto la conclusión que dio Daniela Gómez Rivas fue: “El llamado a la Unidad es que esta se puede regir por contratación por derecho privado, siempre lo ha hecho así, quien paga los contratos incluso son las fiduciarias del Estado, pero eso no obsta para que esté obligado a publicar todas sus restricciones. Para la Fundación Pares fue casi imposible reconstruir y conseguir el manual que ellos citan en la respuesta, dado que no está publicado en la página web, solamente se encontró este en una copia en caché. Es un llamado a mejorar los estándares de transparencia y a asumir los estándares frente a los contratistas que están presuntamente cartelizados”.