Los cuestionados contratistas del Gobierno Nacional

Por: Laura Cano. Periodista Pares.

Desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha hecho un juicioso seguimiento a las irregularidades en contrataciones que se han dado en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, en donde en un primer momento en el informe El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia, se encontraron 313 casos de contratos en los que habría irregularidades, estos se celebraron en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital.

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Ahora, también por medio de la Fundación Paz y Reconciliación se alerta sobre cuestionados contratos que se han hecho por medio de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres a empresas que por años han estado relacionadas con hechos irregulares, pero que sin embargo siguen siendo contratadas y gozando de impunidad.

Los hechos fueron presentados en el programa El Poder de Ariel Ávila, donde el pasado jueves junto a Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, se hizo un recorrido por los hechos que enlodan a cuatro empresas que han estado relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de distintos departamentos, también con la entrega de alimento en las Fuerzas Militares, y algunas instituciones y cárceles del país.

Hay que iniciar diciendo que estas empresas hacen parte de una dinámica para conseguir contratos denominada cartelización, que como se explicó en medio del programa son acuerdos entre competidores para defraudar al Estado, en el que se enmarcan pactos para generar sobrecostos, presión en organismos para promover las contrataciones, prorrogas o adiciones en procesos contractuales.

l equipo de investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, y su equipo de trabajo hicieron un recorrido por los hechos que enlodan a cuatro empresas que han estado relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de distintos departamentos, también con la entrega de alimento en las Fuerzas Militares, y algunas instituciones y cárceles del país. Imagen: Pares.

Previo a los hallazgos de Pares, en abril de este año, La W informó sobre unos presuntos sobrecostos a la hora de contratar mercados que fueron entregados durante la pandemia. Igualmente, de cuestionados comportamientos de los contratistas que hicieron estos multimillonarios contratos que estarían involucrados en presuntas cartelizaciones, y, además, de posibles coimas que estarían pidiendo para entregar contratos.

Estas son algunas de las empresas que encontró la Fundación Pares con cuestionables actuaciones, que han sido contratadas por la UNGRD:

1. Proalimentos Liber S.A.S

Sobre esta empresa, que está representada legalmente por Jairo Humberto Becerra Rojas, se encontró que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de la Resolución 46587 de 2018, abrió un proceso, pues Proalimentos Liber S.A.S habría hecho parte de un cartel de contratación para quedarse con distintas licitaciones de miles de millones de pesos por más de una década dentro del programa de refrigerios escolares.

A esto se suma que también se les involucra con la creación de la Asociación Colombiana de Alimento ASOPROAL, con la que se habrían aliado para incidir en las licitaciones. Esto fue probado por distintas conversaciones halladas por la SIC; en las que, entre otras cosas, mostraban cómo entre Beatriz Becerra, representante legal suplente de Proalimentos Liber y Mónica Becerra, directora de ASOPROAL, se acordaron los términos de las adiciones de contratos realizados por la Secretaría de Educación de Bogotá para la provisión del PAE, – esas conversaciones se habrían dado en 2016-.

“Ellos manejaron más o menos durante unos 15 años el PAE en Bogotá, era un cartel que tenía más o menos unas 20 empresas que fueron investigadas no solo en este cartel, sino también en otros. Se les extendió el tiempo y solo hasta 2018 se les investiga en la SIC con un proceso muy robusto, con pruebas muy contundentes”, contó Daniela Gómez Rivas.

Como indicó Daniela Gómez, esta empresa no solo estaba involucrada con este cartel, también lo estuvo con Unión Temporal ProSantander, al que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, entregó por contratación directa parte de la operación del PAE a dicho cartel que está conformado por en un 55% por Proalimentos Liber.

Además, hay que decir que en 2016 y 2018 Germán Trujillo Manrique fue vinculado, primero en un proceso penal por irregularidades en la contratación del PAE en Santander, y luego por la cartelización empresarial en 21 procesos de contratación. Trujillo era miembro del cartel nombrado y además es esposo de Cielo González Villa, exgobernadora del Huila. Adicionalmente, en Norte de Santander la Unión Temporal Nutrinorte, que también estaba conformada por Proalimentos Liber S.A.S, fue inhabilitada jurídicamente por la omisión de la presentación de la póliza de seriedad de la oferta.

A esto se suma que, en marzo de 2020, según el diario El Tiempo, empleados de esta empresa encargada de la alimentación de los presos en cáceles de Boyacá y Bogotá se les encontró entre la comida que debían proveer a Cómbita: 52 celulares, 68 cargadores, 52 manos libres, 54 cables de USB, 5 baterías para aparatos móviles. Además, días antes se les había incautado 20 celulares que trataban de ingresar a la cárcel El Buen Pastor.

“Resulta muy extraño que sean tantas las irregularidades y es de suma gravedad que se haya incautado no solo en Cómbita, sino también en el Buen Pastor. El gerente de esta empresa ha dicho que los responsables son sus subalternos y que ellos no han tenido nada que ver, pero es raro que sea en dos procesos diferentes, porque estos procesos de provisión de alimentación en las cárceles son raciones muy grandes y se manejan por lo general divididos”, señala la investigadora.

l llamado a la Unidad es que esta se puede regir por contratación por derecho privado, siempre lo ha hecho así, quien paga los contratos incluso son las fiduciarias del Estado, pero eso no obsta par