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Los conflictos de intereses en la candidatura de Jorge Tovar

Por: Ernesto Medrano y Nataly Triana

Asistentes de investigación.

Línea Democracia y Gobernabilidad


En la carrera electoral por las Circunscripciones Especiales de Paz (CTEP) se prevé que el nivel de representatividad de las víctimas será probablemente bajo si se tiene en cuenta que de los 403 inscritos, solo 16 podrán ostentar una curul, es decir que solamente el 2,5% de los candidatos podrá ser congresista. Esta dificultad ha suscitado el debate entre las distintas organizaciones de víctimas y sus candidatos.

Lo mencionado ha llevado a cuestionar las candidaturas de quienes representan las zonas grises del conflicto armado en este país, es decir quiénes pueden ser víctimas y a la vez, indirectamente, representar alguno de los actores responsables de la violencia, como es el caso del actual candidato Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del ex jefe paramilitar “Jorge 40”, quien fue avalado para estos comicios por una organización de víctimas del paramilitarismo.

Las aspiraciones de Jorge Rodrigo Tovar Vélez


Dos hechos han marcado las intenciones de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del condenado y extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, por ocupar cargos de representación de víctimas en el gobierno de Iván Duque. El primero fue el nombramiento como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior, bajo el mando de la ex ministra Alicia Arango en mayo del 2020, lo que suscitó duros cuestionamientos por varios sectores de víctimas del accionar de su padre. Tovar Vélez abandonó el cargo en septiembre del mismo año por razones personales. Sin embargo, este hecho estuvo posiblemente adjudicado al regreso de su padre al país, tras el cumplimiento de su condena en Estados Unidos.


Posteriormente, en el 2021 Tovar Vélez postuló su candidatura para ocupar una de las 16 curules asignadas para las víctimas en el marco de las circunscripciones especiales de paz, lo que encendió de nuevo las alarmas. Para los grupos y asociaciones de víctimas, especialmente de paramilitarismo, no es claro el proceso mediante el cual se reconoció a Tovar Vélez como víctima, teniendo en cuenta que su padre, alias “Jorge 40”, fue deportado a los Estados Unidos y fue expulsado de Justicia y Paz por los reiterados incumplimientos a la verdad y a la reparación a las víctimas. A pesar de esto, Tovar Vélez buscará una curul a la circunscripción de víctimas del Cesar, Magdalena y la Guajira por medio de la organización de víctimas: Asociación de Paz es Vida (PA-VIDA).


Frente a este escenario, se interpuso una solicitud para la revocatoria de la candidatura de Vélez Tovar ante el Consejo Nacional Electoral, en la cual se ha cuestionado su postulación, debido a que no es muy claro si cumple con los requisitos y, si siendo el hijo de quien fuera miembro del Estado Mayor de las AUC, no se vulnera la esencia del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto del 2021, que crea las circunscripciones especiales de paz.

Si bien el acto legislativo no establece limitaciones para casos como el de Tovar Vélez, no es la primera vez que se vulnera a las víctimas desde la institucionalidad. Máxime, cuando el partido de gobierno y el mismo gobierno nacional se opusieron a que las víctimas del conflicto pudieran representar a sus territorios, que se constituyen en los más afectados por la guerra. Ante esta situación el CNE recibió la solicitud que busca detener la aspiración electoral de Tovar Vélez.

Análisis de solicitud de revocatoria CNE


Fuente: CNE, 2022.

De acuerdo con la decisión del Consejo Nacional Electoral, tanto la Registraduría como la UARIV tendrán que demostrar los documentos presentados por PA-VIDA que certifiquen su existencia legal en el territorio de la circunscripción, así como las condiciones que llevaron a determinar la condición de víctima de Tovar Vélez. Según el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, Tovar Vélez fue certificado al hacer parte del Registro Único de Víctimas (RUV) por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Solicitud de práctica de pruebas CNE


Fuente: CNE, 2022.

En el proceso de verificación de Pares, se encontró que Tovar Vélez no tiene antecedentes penales y aparentemente no incumple ninguna de las inhabilidades descritas en el Decreto 1207 del 2021. Por otro lado, la Asociación de Paz es Vida es una entidad sin ánimo de lucro que reside en Valledupar, por ende, se encuentra en los municipios priorizados para la circunscripción del Cesar. En primera instancia, el dilema es de tipo ético y no legal, ¿Tovar Vélez debería ser candidato de la circunscripción donde tuvo mayor injerencia el Bloque Norte de las AUC?

Certificado de existencia Asociación Paz es Vida, Pa-Vida


Fuente: Cámara y Comercio de Valledupar

Junta directiva de la asociación Pa-Vida


Fuente: Cámara y Comercio de Valledupar

Así mismo, se pudo encontrar no solamente que PA-VIDA es una organización debidamente constituida, sino también que su representante legal, Dulvis Estrada Gamez, es una reconocida víctima del paramilitarismo en Valledupar. PA-VIDA presentó dos candidaturas a las CTEP: la de Nairobis Jiménez y Jorge Tovar, ambas en Cesar.

Conflicto de intereses en la Unidad de Victimas territorial del Cesar


A pesar que Tovar Vélez no tiene antecedentes penales y presuntas inhabilidades, es cuestionable el conflicto de intereses que tiene con la Unidad de Victimas del Cesar. Desde 2019 fue adjudicado el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas territorial Cesar - Riohacha por 236 millones de pesos. Lo que resulta paradójico es que quien figura como arrendadora y representante legal del inmueble es Ana Carolina Vélez, quien según fuentes territoriales de Pares es ex esposa de Jorge Tovar Pupo, alias “Jorge 40” y madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez.


Según está entidad territorial, el estudio de mercado arrojó que el edificio en cuestión era el único en Valledupar que cumplía con los requisitos necesarios para el funcionamiento de la entidad.

Contrato de arrendamiento entre UARIV y Majusa S.A.S, 2019


Fuente: Ministerio del Interior

Prórroga del contrato arrendamiento entre UARIV y Majusa S.A.S, 2021

Fuente: Ministerio del Interior

Este documento fue publicado el primero de diciembre del 2021 y actualmente se encuentra en operación, debido a que se le otorgó una nueva vigencia para el 2022 por un valor de 94 millones de pesos. En esta prórroga de contrato, Ana Carolina Vélez continúa como representante legal del inmueble de propiedad San Martín LTDA, a pesar de la denuncia realizada en medios locales.


Prórroga del contrato arrendamiento entre UARIV y Majusa S.A.S, 2022

Fuente: Ministerio del Interior

Sin embargo, denuncias presentadas por el Espectador señalaron que esta unidad territorial presuntamente le hace campaña política a Tovar y fueron los responsables de promover su candidatura en el 2021. Por tal motivo, Pares exhorta a la Unidad de Víctimas en revelar desde cuando le fue otorgada la condición de víctima a Tovar Vélez y en cuál unidad territorial se llevó a cabo está disposición.

El pasado no perdona

Rodrigo Tovar Pupo, conocido como “Jorge 40”, fue uno de los jefes paramilitares más sanguinarios del Caribe colombiano. Con su ingreso a las filas de las AUC, Tovar logró ser miembro del Estado Mayor tras el pedido de Salvatore Mancuso, para que coordinara al Bloque Norte, que tenía incidencia en Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira.

El objetivo principal del Bloque Norte de las AUC era lograr el control territorial, desplazando a los poderes tradicionales de Hernán Giraldo, Adán Rojas y Chepe Barrera, conocidos como los “Señores de la sierra”, que controlaban gran parte de las zonas de incidencia del Bloque Norte (CNMH, 2017).

Caracterización del Estado Mayor de las AUC


Fuente: Caracterización del Estado Mayor en Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar Sanín, F. G. (2014)

En su paso por las AUC, Tovar Pupo logró dirigir entre 2.000 y 5.000 hombres. De acuerdo con la información de Justicia y Paz, además de haber cometido masacres, se le acusa por homicidio, desplazamiento forzado, tortura, reclutamiento ilícito, destrucción y apropiación de bienes protegidos y desaparición forzada. Así mismo, “Jorge 40” admitió haber participado en más de 600 hechoscriminales, ante Justicia y Paz.

Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Justicia y Paz

A pesar de haber ingresado a Justicia y Paz en 2006, de la mano del proceso de paz adelantado por el entonces presidente Álvaro Uribe, Tovar Pupo fue excluido en el 2015 por incumplir con algunas de las condiciones establecidas en la ley 975 de 2005 o ley de Justicia y Paz: aporte a la verdad, reparación a las víctimas y asistencia a las diligencias establecidas.

En 2008, alias “Jorge 40” fue extraditado a Estados Unidos por el delito de narcotráfico, por el cual fue condenado a 16 años de prisión y por los cuales pagó 12 en la cárcel Allenwood Low en Estados Unidos. En septiembre del 2020, Tovar Pupo fue deportado a Colombia tras cumplir su condena en Estados Unidos y, al llegar al país, fue puesto a disposición de las autoridades nacionales pues aún pesan sobre él 35 órdenes de captura y 40 medidas de aseguramiento.

En síntesis, es claro que no existen los crímenes de sangre y que Jorge Rodrigo Tovar Vélez, al estar registrado como víctima ante la UARIV, tiene derecho de ser candidato por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Sin embargo, la lista de conflictos de intereses es extensa. Por un lado, ha sido respaldado de manera vehemente por sectores del Centro Democrático, partido que se opuso no sólo a las 16 CTEP, sino a todo el acuerdo de paz. Por otra parte, surgen dos conflictos: no es claro si cumplió con el proceso de acreditación como víctima - de acuerdo con las preguntas que realiza el CNE a la UARIV; y su madre resulta ser la dueña de la sede de la Unidad de Víctimas de la territorial Cesar, uno de los departamentos que Tovar Vélez representaría en caso de obtener la curul.

Referencias

Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017. En honor a su memoria: víctimas del Bloque Norte de las AUC en el Caribe colombiano. Recuperado de

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/BLOQUE_NORTE.pdf

Sanín, F. G. (2014). Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 16(1), 43-74.