Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El contralor General de la República, Felipe Córdoba, anunció este jueves la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra 34 personas que hicieron parte de la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango y que dejó a varias familias damnificadas por las irregularidades en la gestión.
De acuerdo con información suministrada a medios de comunicación, los responsables serían miembros de la junta directiva de Hidroituango, tres (3) representante legales de EPM, dos (2) exalcaldes de Medellín, dos (2) Gobernadores de Antioquia y varios contratistas.
El proyecto de Hidroituango fue propuesto desde mediados de los años 80, pero a causa de factores económicos no se había puesto en marcha. Es así como en 1997 varias firmas se propusieron a ejecutarlo e iniciaron la fase de diseños, que más tarde fueron entregados al Ministerio del Medio Ambiente para que diera el aval de construcción.
A finales de 2010 se dio el visto bueno para iniciar la obra, que fue asumida por Empresas Públicas de Medellín (EPM), que a principios de 2011 aseguró que esta sería la hidroeléctrica más grande del país y potencia energética en América Latina.
Asimismo, se supone que debía ser entregada en 2018 con el propósito de generar 2.400Mw y abastecer a más de 25 municipios, y otras zonas de la región de Antioquia. Sin embargo, el entramado de un presunto caso de corrupción se destapó, debido a que, factores climáticos hicieron que uno de los túneles de la presa que desviaba el Río Cauca, se taponara y causara una emergencia medioambiental y social.
Así las cosas, debido al bajo nivel del cauce, varias especies de peces murieron, lo cual fue alarmante para el proceso de la cadena alimenticia, y en ese sentido, terminó afectando a las comunidades que se sostienen de la pesca y a su vez se alimentan de ella.
Por eso, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles acerca de estas irregularidades que se presentaron en el año 2011, y también solicitó una audiencia de imputación de cargos contra Luis Guillermo Gómez Atehortúa y Luis Javier Vélez Duque, exgerentes de EPM. Por su parte, el contralor anunció el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal contra 34 presuntos responsables de detrimento de $ 4 billones de pesos por fallas en planeación y ejecución del proyecto.
A causa de este episodio, varias familias tuvieron que salir de sus hogares por el peligro que corrían de una eventual avalancha, y posible destrucción de algunos corregimientos aledaños a la construcción que abarca varios departamentos.
A lo anterior también se suman las luchas por la memoria que han dado los habitantes de esa región para que el Estado no olvide los episodios de violencia, en los cuales se han perpetrado alrededor de 110 masacres y yacen 2.345 desaparecidos, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.
El costo de la corrupción
Hasta ahora se conoce que los exfuncionarios que serán investigados son los exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; también figuraran, Federico José Restrepo, representante legal de EMP y miembro de la junta de Hidroituango; Alejandro Antonio Granda, miembro principal de la junta directiva de Hidroituango, y Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín.
En este caso también está implicado el gobernador electo, Aníbal Gaviria, cuando fue alcalde de Medellín, en el momento que tenían un asiento en la junta directiva de Hidroituango.
La apertura de la investigación se logró tres meses después de que una unidad de investigación contra la corrupción de la Contraloría recibió el informe de “Actuación Especial de Control Excepcional”, y en definitiva concluyó, que hubo manejos irregulares en todo el proceso.
De acuerdo con la Contraloría, la suma del detrimento patrimonial por parte de estas 34 personas corresponde a cuatro billones setenta y cinco mil seiscientos ochenta millones de pesos 4.075.680.000.000, por los cuales deben responder. Dicha cifra está discriminada de la siguiente manera: dos billones novecientos setenta y un mil cuatrocientos millones de pesos ($2.971.400.000.000) que concierne a las inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto.
Y un billón ciento cuatro mil doscientos ochenta millones de pesos ($1.104.280.000.000), por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.
“El anuncio de esta decisión se hizo en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer año gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte”, agregó la entidad.
Ahora, queda en las manos de la Contraloría citar a los implicados, quienes deberán rendir cuentas en versión libre, y posteriormente definir su situación: si archivar el proceso, o imputar cargos a estas personas.