Por: Katerin Erazo, Periodista
Este 24 de enero La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó, en primera discusión, la creación de una ley que tiene como fin regular el funcionamiento y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), al considerar que la mayoría de estas tienen “fines políticos” y reciben financiamiento de otras naciones.
Dicha propuesta fue presentada por el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien dijo ante la Asamblea que “las ONG que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización a nuestro país". Aseguró que la gran mayoría de estas ONG “dependen de Estados Unidos” y operan como "apéndices”.
Cabello dijo que tienen una lista de aproximadamente 62 Organizaciones No Gubernamentales que “operan con fines absolutamente políticos”. Algunas de las ONG mencionadas fueron: Súmate, Futuro Presente, Provea, el Instituto Parlamentario Fermín Toro y la Fundación Más Ciudadanos de la Universidad Católica Andrés Bello (ACAB).
Luego de enlistar las organizaciones, Cabello señaló que esta ley no debe preocupar a estas organizaciones, ni a ninguna otra: “el que no la debe no la teme”, dijo.
La propuesta llamada “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales ONG y afines” fue respaldada en su gran mayoría por el movimiento chavista de la Asamblea Nacional.
Este proyecto, que cuenta con 17 artículos y dos disposiciones transitorias, contempla multas para aquellas organizaciones que no se registren en la instancia de control que quieren crear, así como sanciones para las ONG que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas. La multa que probablemente podrían recibir es de hasta 12 mil dólares.
Según Marino Alvarado, abogado de la ONG Provea, las organizaciones venezolanas ya se encuentran registradas, ya que cuentan con estatutos; además de esto, estas ONG se reportan ante el servicio tributario, dado que mensualmente realizan reportes a entidades como el Banco Central de Venezuela. “Por lo tanto, el Gobierno sabe quiénes son las organizaciones, quiénes las constituyen, cuáles son las dinámicas financieras y los flujos financieros que vienen del exterior”, añadió el abogado Alvarado.
Cabe añadir que, según Alvarado, desde hace dos años Venezuela no permite el registro de organizaciones que en sus estatutos tengan el ítem “defensa de derechos humanos”. De hecho, muchas organizaciones de la sociedad civil que no tienen que ver con derechos humanos, no han logrado registrarse, debido a que en sus estatutos tienen las palabras “democracia” o “derecho a la participación”.
“Algunas organizaciones de víctimas que han intentado registrarse, tampoco lo han podido hacer, ya que en su estatuto tienen establecido trabajar con el sistema internacional de protección de derechos humanos”, mencionó el abogo Alvarado.
Tras la aprobación de esta ley, en primer debate, varias ONG de Venezuela han expresado su rechazo al proyecto, una de ellas fue precisamente Provea, organización que defiende los derechos humanos. Provea señaló que esta ley es "un nuevo ataque contra la sociedad y las víctimas, principales beneficiarios de las ONG".
A este rechazo se sumó la ONG Acceso a la Justicia, que aseguró que esta ley pone a las ONG “en una situación de grave inseguridad jurídica, lo cual facilitaría la violación de los derechos humanos”. Asimismo, Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, mencionó que esto también es atentar contra la vida nacional. “Espero que en el Gobierno haya gente sensata, con experiencia, que viene de las ONG, que reconozca la inmensa necesidad que hay en el país", dijo Ugalde en una declaración para los medios locales.
Finalmente, esta propuesta aprobada en primera discusión, pasará a una “consulta del pueblo” para que posteriormente se lleve a una segunda discusión. En la Asamblea no se fijó una fecha establecida para el paso siguiente.