Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares.
El presidente francés Jacques Chirac, propuso a mediados de los años noventa, que para enfrentar el tema de los cultivos de hoja de coca en la región andina y las violencias generadas por esa economía ligada al narcotráfico y su condición de ilegalidad, lo mejor era que los Estados compraran la cosecha de la hoja de coca y proponía un apoyo a esta iniciativa por parte de la Unión Europea.
Ahora, un cuarto de siglo después y medio siglo desde que el presidente Nixon decidiera que a las drogas había que declararles la guerra, como un asunto de seguridad nacional y con la amplia evidencia de que es una guerra fracasada, seguimos en Colombia viendo los estragos en nuestra sociedad de una política torpemente llevada, que década tras década ha sido un fiasco y hay que superar.
Los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia han tenido la buena iniciativa de construir un proyecto de Ley centrado en sacar la hoja de coca de la ilegalidad, trayendo al hoy la iniciativa que el presidente Chirac, presentó hace medio siglo: que el Estado compre las cosechas de hoja de coca; y van más allá, proponen que el Estado sea el proveedor de todos los derivados de la hoja de coca, que son muchos y van hasta que sea el mismo Estado el que oferte la cocaína a los doscientos treinta mil consumidores, que en Colombia tienen una relación habitual con este producto.
Un producto que ha sido satanizado hasta hoy y contrario a toda la evidencia que muestra que la cocaína está ligada a prácticas culturales y que está lejos de ser una práctica de malevos y violentos. Nada más alejado de la realidad; hay gente muy productiva, creativa y pacífica que ha establecido una relación permanente con la cocaína.
La idea de los senadores Marulanda y Valencia apenas inicia un camino teniendo como entrada la gran virtud de avivar un debate siempre pertinente y necesario en un país mojigato, que sigue anclado en unas miradas estrechas y negacionistas de una realidad que está ahí: las drogas son parte de la cultura, de prácticas fuertemente arraigadas en muchas comunidades y personas, que no van a separarse de ellas, no lo han hecho, a pesar de las persecuciones y las estigmatizaciones, y sufrimientos provocados por el lugar prohibido al que se ha condenado a quienes han ligado sus vidas al consumo de drogas.
La iniciativa de que sea el Estado quien compre las cosechas, industrialice la producción de todos los derivados, que son muchos, y sea el garante de la calidad, es sin duda una propuesta audaz. Nada nueva, como ya se ha referenciado, y ubica el debate sobre las políticas frente a las drogas en otro tinglado, saca el tema por fuera de la fuerza, el glifosato y la persecución y lo lleva al escenario de regulación y controles, desde el estado, algo que puede abrir un camino muy importante a recorrer, para desandar tantos fracasos.
Uno puede encontrarle mil peros a esta iniciativa: que no va a resolver el tema del narcotráfico en un mundo que está demandando más cocaína – solo el 36% de los consumidores están en Estados Unidos- que se nos va a venir el mundo encima, que se requieren modificaciones en la normatividad internacional, que los recursos para sustentar esta política, que hay que decir que ya se aplica en Perú y Bolivia. Todos estos temas son importantes para valorar, y ese es el plus de esta iniciativa: hay que discutir de la manera más amplia posible, en tiempos de pandemia, ésta pertinente iniciativa.
Una política como la que proponen los senadores Feliciano Valencia e Iván Marulanda no va a terminar con la guerra contra el narcotráfico, pero si avanza podrá mostrar otras vías para un país que debe buscar alternativas ante una realidad que demanda innovaciones y salir de los caminos trillados y fracasados.
Un sistema político, tan permeado por el poder del narco, no va a ceder de manera fácil a políticas que nos alejen de la fracasada política antidrogas, en la que este gobierno persevera en seguir atacando al campesinado, que como sabemos es el eslabón más débil de una larga y compleja cadena, donde hay involucrados grandes y poderosos jugadores.
Sacar la hoja de coca de la ilegalidad, montar una industria de derivados regulada y de calidad, sería un gran paso, hay que conocer y debatir esta iniciativa y sobre todo, lograr el respaldo político que la haga realidad.