Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada del: El Tiempo
En el marco del foro "Un camino con las víctimas", organizado por el periódico El Espectador, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, hizo públicas graves denuncias sobre presuntas irregularidades durante el trámite de la Reforma a la Ley de Víctimas por parte de algunos miembros del Congreso de la República. La Reforma, presentada en septiembre del año pasado, tiene como objetivo abordar los persistentes problemas asociados con la falta de recursos para la implementación efectiva de la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas.
Durante su participación en el foro, Tobón señaló que los recursos destinados a la atención de las víctimas se están desviando hacia la "burocracia" y afirmó que algunos congresistas estarían detrás de estas irregularidades. Expresó su preocupación por la priorización de la "agenda política" en lugar de la "agenda de las víctimas", argumentando que en un momento en que el país realiza un esfuerzo significativo anticorrupción, es inaceptable entregar fondos a los "corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso".
La directora de la Unidad de Víctimas destacó que la demora en el debate de la reforma a la Ley de Víctimas es inaceptable, especialmente cuando se trata de asuntos cruciales de justicia social y equidad. Criticó a los congresistas que, según ella, retrasan deliberadamente los debates importantes al solicitar cargos de entidades públicas como una táctica para obstaculizar el proceso legislativo.
Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el proyecto fue presentado el año pasado por un grupo parlamentario con el respaldo del Gobierno, encabezado por el Ministro de Justicia y la Directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia. La propuesta, lanzada en septiembre pasado, tiene como objetivo principal fortalecer el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIF). Busca enfoques diferenciales para el esclarecimiento de verdades, reparaciones colectivas y la agilización de los procesos de restitución de tierras, si fuera necesario.
En cuanto a las nuevas fuentes de financiación, el investigador destacó la necesidad constante de recursos para las víctimas, subrayando que ha sido un desafío significativo. Se hace imperativo explorar nuevas fuentes para proporcionar y garantizar reparaciones a las víctimas. Además, resaltó la importancia de la colaboración y coordinación entre diversas entidades gubernamentales para llevar a cabo la reparación a las víctimas. Sin embargo, el éxito de estas acciones dependerá en última instancia de la aprobación y la formulación final de la ley por parte del Congreso, así como de las responsabilidades asignadas a las diferentes entidades públicas en virtud de dicha ley.
La reforma propuesta por el Gobierno Nacional busca abordar el problema fundamental de la insuficiencia de recursos disponibles para la reparación efectiva de las víctimas del conflicto armado que ha afectado al país durante décadas. En septiembre de 2023, cuando la Unidad de Víctimas y el Gobierno presentaron ajustes a la Ley de Víctimas, fue con la intención de comprometer al más alto nivel gubernamental en la búsqueda de diversas fuentes de financiación. Se proponía la creación de una Comisión de Financiamiento para asegurar los recursos necesarios.
En relación con el proceso legislativo, Juan Alejandro Pérez señaló que se pueden proponer numerosas mejoras en el trámite de la ley en cuestión. Sin embargo, hizo énfasis en que todo depende de la voluntad política, y si las mayorías no están dispuestas a impulsar la legislación en favor de las víctimas. Además, destacó que existen otras Reformas que captan más la atención pública, como las relacionadas con aspectos sociales, salud, educación, pensiones y laborales. Es común enfrentar obstáculos normales no solo en este congreso, sino en el proceso legislativo en general, dadas las dinámicas congresionales y la acumulación de proyectos.
El verdadero problema, según Pérez, radica en la falta de voluntad pública y política, ya que el proyecto no está en la agenda pública de manera destacada. Esto es especialmente preocupante considerando que se trata de un proyecto que debería ser debatido en una sociedad que continuamente sufre las consecuencias del conflicto armado, con un número creciente de víctimas.
Las palabras de Patricia Tobón subrayan la necesidad urgente de avanzar en la reforma de la ley, no solo como una petición de las víctimas, sino como una orden de la Corte Constitucional. Su denuncia destaca la responsabilidad que recae en los congresistas para llevar adelante este debate crucial y superar la omisión legislativa existente en la implementación de la Ley de Víctimas según la propuesta del Gobierno Nacional.