Las irregularidades en la Alcaldía de Calamar, Bolívar
Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares
El actual alcalde del municipio de Calamar, Bolívar, es Alejandro Mario de Jesús Arrázola Sagbini: el heredero del caudal político y electoral de Alejandro Antonio Arrázola Carrasquilla[1] (exalcalde del mismo municipio en el periodo 2012-2015 por el Partido Conservador).
La candidatura de Arrázola Sagbini fue respaldada por sus padrinos políticos: Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar, y el senador Efraín José Cepeda del Partido Conservador. En relación con Blel Scaff, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), para las elecciones de 2019, cuestionó al actual gobernador por ser heredero político de Vicente Blel Saad, quien fue condenado a 7 años por el delito de concierto para delinquir por promover grupos armados al margen de la ley[2].
Por su parte, a Efraín Cepeda se le ha vinculado con “la ruta de la mermelada”[3] del presidente Iván Duque.
De acuerdo con información obtenida por Pares, el actual alcalde de Calamar ha gestionado una serie de contratos que constan de unas presuntas irregularidades, específicamente en relación con la obra del Cementerio de Calamar y el Contrato de suministro No. UM – 002 2020.
La casa política Arrázola-Sagbini
El líder de esta casa política era Alejandro Antonio Arrázola Carrasquilla, quien, en su ejercicio como alcalde de Calamar, en el 2013, fue sancionado por desacato a una tutela. En 2015 también fue investigado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en contrato de concesión para la prestación del servicio público de aseo[4]. Tras su muerte, en 2020 la Contraloría Provincial de Bolívar expidió un aviso para que sus herederos hagan parte dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1767 con ocasión del daño que sufrió este municipio durante la gestión de Arrázola Carrasquilla[5].
En esta estructura familiar y clientelar también se encuentra la cuñada de Alejandro Antonio Arrázola y madre del actual alcalde de Calamar, Alexis Del Carmen Sagbini Cabrera, notaria del municipio[6] y esposa de Jorge Arrazola Carrasquilla. Actualmente, Sagbini Cabrera tiene un proceso judicial privado con el Juzgado 014 de Pequeñas causas y Competencia Múltiple en Barranquilla, además de un proceso de tipo constitucional en el Juzgado Promiscuo Municipal de Arroyohondo.
En esta red también se encuentra, según fuentes territoriales, el inspector de Policía Farid Said Sagbini Sara, y el secretario de la oficina de talento humano de la Alcaldía, Fernando Antonio Sagbini Llach, ambos primos del alcalde. Pares no pudo corroborar este lazo de familiaridad, más allá de la coincidencia en los apellidos, debido al difícil acceso de información pública por parte del municipio. Por esta razón, se invita al alcalde para que se pronuncie al respecto.
No obstante, se pudo indagar que Farid Said Sagbini Sara tiene ocho procesos judiciales privados y que Fernando Antonio Sagbini Llach tiene un proceso privado, todos relacionados con la rama judicial. Por su reserva, se desconocen los asuntos y el curso de estas investigaciones.
Cementerio de Calamar
El 30 de octubre del 2020 se suscribió un contrato por un valor de $199.980,804 millones para la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física del cementerio del municipio de Calamar. Entre los objetivos de esta licitación se encontraba el relleno de material orgánico reciclado para áreas de cobertura vegetal, el suministro e instalación de arbusto talla mediano, bancas tipo prisma, luminarias con poste, entre otros.
Desde Pares se tuvo acceso al “Informe de Obra Fachada Cementerio Calamar”, presentado el 22 de febrero de 2021 por Soluciones de Ingeniería y Arquitectura S.A. En este consta que el monto ejecutado en esta obra, para ese entonces, fue de $102.171.505 millones debido a que algunas medidas presentadas en la licitación no coincidían con lo real.
La comunidad informó de algunas actividades que no fueron ejecutadas. Así mismo, se evidenció la realización de actividades que no eran necesarias debido a las características de la infraestructura y otras que eran imposibles verificar sin registro fotográfico por parte del contratista, por lo cual quedaban entendidas como nulas. De acuerdo con fuentes territoriales, en la actualidad, este cementerio no cuenta con la infraestructura prometida en el contrato. Entre los elementos pendientes se encontrarían: las bancas, las señalizaciones y las cestas de basura, calculadas en $3.779.248, $799.166,00 y $2.189.577,00 millones respectivamente.
