Por: Laura Cano
Periodista Pares
Hace cinco años, al menos 13.000 excombatientes le apostaron a la paz acogiéndose al Acuerdo firmado por la extinta guerrilla y el Gobierno colombiano, en ese momento encabezado por el presidente Juan Manuel Santos. Este proceso de paz significaba muchas cosas para el país, pero, en especial para este grupo que por más de 50 años se consolidó como uno de los actores más fuertes del conflicto armado.
Aunque algunas personas salieron de la guerrilla y, en medio de dificultades, le apostaron a proyectos productivos, cerca del 48.9% no tiene aún una iniciativa económica financiada por el Gobierno. Asimismo, muchos han tenido que salir de los ETCR debido a diversas situaciones de violencia causadas por el incumplimiento del Acuerdo. Por ejemplo, y siendo una de las situaciones más preocupantes, al menos 296 personas firmantes han sido asesinadas entre 2016 y 2021.
Este panorama de violencia también es paralelo al compromiso de las y los excombatientes para promover la participación política, como se ha evidenciado a través de Comunes, el partido naciente luego de la dejación de armas. Dicho partido ha adquirido una consolidación paulatina, por ejemplo, en las elecciones locales de octubre de 2019, Guillermo Torres, más conocido como Julián Conrado, fue elegido como alcalde de Turbaco, uno de los municipios más importantes del departamento de Bolívar.
Pues bien, la convicción y esfuerzo de las y los excombatientes, a pesar de los incumplimientos y las vulneraciones, también ha dado fruto. Uno de ellos se conoció durante esta semana, cuando The Wall Street Journal publicó que se aproximaba la salida de las FARC- EP de la lista de grupos terroristas que tiene Estados Unidos.
La guerrilla había entrado en dicho grupo en 1997, lo que implicaba que sus integrantes tuvieron prohibida la entrada a Estados Unidos, vieron restringido su acceso al sistema financiero internacional del dólar, además del costo político de ser considerado como una organización que representaba una amenaza para dicho país.
Luego de que el medio adelantará la información de este suceso, Edward Price, asesor político y vocero del Gobierno estadounidense, confirmó que se estaba estudiando dicha posibilidad. “Como saben, el proceso de paz y la firma hace cinco años es algo que fue un punto de inflexión fundamental en algunos aspectos en el prolongado conflicto de Colombia, es algo que hemos elogiado y que hemos buscado en cada paso del camino para preservarlo”, aseguró Price en medios de comunicación.
Hay que señalar que a pesar de que la noticia parece confirmada, la notificación oficial se estaría dando en los próximos días. Incluso, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó que hasta el momento no ha recibido esta información desde la presidencia de Joe Biden.
“Las decisiones que corresponden al Gobierno de Estados Unidos tendrán que ellos notificarlas y precisarlas en los tiempos y las condiciones que establece la normatividad de sus protocolos. Yo no he sido notificado formalmente del proceso, sobre eso se conoce el pronunciamiento que ha emitido el embajador”, aseguró el mandatario.
Para Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Investigación de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es una decisión “que se da de manera muy tardía, pero que realmente llega en un momento también importante en este período preelectoral, y lo que sería el período de posesión del nuevo gobierno para el otro año, porque le da un espaldarazo a la necesidad de la implementación del Acuerdo de Paz y se alinea con esos elementos de un proceso democrático, de la inclusión de excombatientes, dentro la posibilidad, por ejemplo, de realizar proyectos productivos con fondos y recursos públicos de Estados Unidos, a través de la cooperación norteamericana”.
Además, comenta Restrepo, esta decisión también es un llamado al presidente Iván Duque a que cumpla con la implementación del Acuerdo, “pues el Gobierno, junto con su partido, ha sido la piedra en el zapato de la implementación, han sido quienes han permitido que la seguridad en los territorios se complejice. Entonces, esta decisión demuestra que desde Estados Unidos están en contravía del presidente de Colombia y del Centro Democratico, evidenciando la falta de oxígeno del partido de Gobierno, y ojalá también signifique la muerte del uribismo a nivel político”.
Por otra parte, con esta noticia vino otro elemento de análisis, pues a pesar de que las FARC- EP saldrían de ese listado, entraron dos frentes de las disidencias de esta exguerrilla. Se trata de los liderados por Iván Márquez y Gentil Duarte, las dos principales líneas de los Grupos Armados PosFarc (GAPF), los cuales, como se informó en un reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación, tienen presencia en 138 municipios del país, demostrando que desde el 2016 han tenido un fuerte y rápido crecimiento.
Por el lado de la línea de Iván Márquez, la Segunda Marquetalia, se señala desde Pares que esta tiene un menor alcance y se encuentra concentrada en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el Catatumbo y otras zonas fronterizas con Venezuela como Arauca, Guainía y Vichada. Mientras que la línea bajo el mando de Gentil Duarte, por su lado, tiene una expansión y se ha consolidado, sobre todo, en el suroccidente del país, a través del llamada Comando Coordinador de Occidente (CCO), el cual está conformado por alrededor de diez GAPF distribuidos en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Guaviare y Valle del Cauca.
En relación con lo anterior, y la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos, el coordinador de la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto, aseveró que esta decisión no es sorpresiva, pues estos grupos están ejerciendo acciones de narcotráfico y ataques a la población civil. “Hay unos elementos políticos que preocupan mucho, y que están intentando movilizar en zonas del país como el suroccidente colombiano, pero era de esperarse esta decisión, pues los disidentes rompieron lo pactado y siguieron en actividades delincuenciales después de diciembre de 2016, por lo que deben atenerse a las consecuencias jurídicas nacionales e internacionales”.