Vi este titular en un diario de Guatemala en junio pasado: ‘Un país entero movilizado contra la corrupción’. Entré a las páginas y vi fotografías donde miles de personas en varias ciudades del país pedían la renuncia del presidente de la República Otto Pérez Molina. Luego hice memoria de los últimos años en Colombia y no pude encontrar imágenes parecidas. No recordé que alguna vez mi país saliera a las calles a manifestar su repudio a la corrupción.
Me puse a mirar la trama que estaba produciendo semejante protesta y la comparé con lo que ha ocurrido en Colombia y quedé aún más impresionado con la diferencia. Resulta que la grave crisis de Guatemala tiene su origen en el descubrimiento de una operación mediante la cual el presidente, la vicepresidenta y varios ministros recibían sumas de dinero a cambio de disminuir de manera fraudulenta los impuestos que debían pagar los importadores del país.
Hice un recuento de los últimos escándalos en Colombia, de los que han ocurrido en los últimos 15 años, escogí algunos, solo algunos, los que retenía en la memoria: la defraudación de la salud, casos de SaludCoop EPS, Caprecom, Coomeva EPS y los desvíos de parafiscales; Agro Ingreso Seguro y el abuso de los recursos del Ministerio de Agricultura; robo a Bogotá en la construcción de TransMilenio por la 26 y en las irregularidades en la contratación de la recolección de las basuras; los líos en la construcción de la vía Bogotá-Girardot; y el insólito fraude a la democracia realizado por los más de 125 parlamentarios y cerca de 500 políticos locales vinculados a la parapolítica, muchos de los cuales están acusados además de asesinatos, despojos de tierra y participación en el narcotráfico.
Muy grave lo de Guatemala, pero un juego de niños comparado con lo que ha ocurrido en Colombia. Por eso nunca pensé que los escándalos del país centroamericano terminaran en la renuncia y el juicio al presidente y a la cúpula del gobierno. No me cabía eso en la cabeza. Pensaba que terminaría como acá, con la condena judicial de un grupo de funcionarios y dirigentes políticos, especialmente mandos medios, algunos de los cuales se irían del país alegando persecución, mientras que otros iban a la cárcel y seguían mandando desde allí. Nada de gran crisis política. Nada de un revolcón total en las siguientes elecciones.
Me equivoqué. No solo cayó el gobierno, también se modificó radicalmente el mapa político y en la primera vuelta presidencial triunfó Jimmy Morales, un comediante que no tenía ningún chance antes del escándalo; en segundo lugar quedó Sandra Torres desplazando a Manuel Baldizón, candidato oficialista que encabezaba las encuestas hace pocas semanas. El vendaval anticorrupción amenaza con barrer a una parte importante de la elite. Veremos qué pasa el 25 de octubre, día de la segunda vuelta electoral.
Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué no se presenta un fenómeno igual en Colombia? ¿Por qué acá con hechos muchísimo más graves nunca ha tenido que renunciar un presidente? Porque siguen las mismas elites políticas gobernando el país y en las regiones la cosa es más grave, allá hay sustitución de elites, pero los que llegan están aún más involucrados con las mafias y más comprometidos con la corrupción.
Lo que ha ocurrido en Guatemala es el despertar de la censura social y política a la corrupción y eso aún no existe en Colombia. Acá hay acciones judiciales, algunas de ellas eficaces, las hubo en el caso de la parapolítica, pero ni la ciudadanía, ni buena parte de la dirigencia política tiene reclamos éticos a sus elegidos o a sus compañeros de partido. Hace poco se dio el vergonzoso caso en el que los exministros de Uribe que no tenían cuestionamientos judiciales suscribieron una carta para defender a quienes con serios indicios estaban en graves procesos ante los tribunales.
No solo ocurre en ese partido político, no hay excepción, en todos los grupos se presentan estos casos, la diferencia es de intensidad y magnitud. Las elecciones de octubre son un espejo de esta situación. Es triste ver a dirigentes políticos con una trayectoria personal limpia defendiendo a copartidarios con serios cuestionamientos, y más triste aún será ver las grandes votaciones de estas personas en las próximas elecciones.
Y si no hay censura social y política para la corrupción y la ilegalidad, tampoco puede haber gran reconocimiento y protección para quienes se juegan la vida y la tranquilidad personal para investigar a los corruptos y a los mafiosos desde el aparato judicial o desde la prensa y la academia. El magistrado Iván Velásquez es un caso emblemático. Perseguido en Colombia por investigar la parapolítica, es héroe en Guatemala por destapar la grave corrupción de la Presidencia, así me lo dijeron un taxista y otras personas hace unos meses en una visita a ese país.
Columna de opinión publicada en Revista Semana
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