Por: Fredy Alexánder Chaverra Colorado. Colaborador Pares.
En Emilio Archila Peñalosa, Alto Consejero para la Estabilización y Consolidación, principal cerebro en la reestructuración de las entidades del posconflicto y de la política “paz con legalidad”, recae una peculiar contradicción: en 2016 votó sí en el plebiscito y luego asesoró a Martha Lucía Ramírez en la renegociación de los voceros del no.
No es que en el lapso de pocos días Archila haya cambiado de posición respecto al acuerdo suscrito con las Farc, su apoyo a Martha Lucía (a quien respaldó en su aspiración presidencial) fue más consecuencia de una cercana amistad y se vio recompensada con su ingreso al gobierno en una de las consejerías más estratégicas y visibles.
A pesar de su nula experiencia administrativa o académica en temas de paz o posconflicto (venía de asesorar a su primo Enrique Peñalosa en la alcaldía de Bogotá), en Archila recayó la responsabilidad de avanzar en la implementación del acuerdo de paz y resentir las exigencias de los sectores del uribismo empeñados en hacerlo trizas.
Han pasado dos años desde que las palabras paz o posconflicto fueron erradicadas de la narrativa institucional del gobierno Duque y se instaló la lógica funcional de la estabilización, la consolidación y la legalidad. En esa tarea el consejero Archila ha jugado un papel destacado y por eso gran parte de los sectores sociales, políticos y académicos interesados en monitorear la implementación del acuerdo, resaltando sus avances o limitaciones, posan más su mirada en el consejero que en el Alto Comisionado para la Paz -con este gobierno perdió impacto-.
Esto se debe a dos circunstancias; primero, Archila es el responsable de articular la institucionalidad encargada de la ejecución del acuerdo en el componente rural y en el proceso de reincorporación; segundo, ha priorizado en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y marginalmente en el Programa integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (el nervio de la paz territorial), sus principales acciones.
A continuación, presentó los que considero son los principales avances y dificultades de Archila desde que asumió la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación.
Reestructuración de la institucionalidad para el posconflicto
Algunos de los principales problemas en la implementación se deben a la visión errática y dispersa con la cual Santos creó la denominada institucionalidad para la paz. Siendo justos, muchas de las dificultades en la implementación de ciertos indicadores del acuerdo vienen del gobierno Santos y con Duque solo se han profundizado. Con Santos se crearon una serie de entidades encargadas de la implementación de la reforma rural integral; el programa de sustitución y la reincorporación de exguerrilleros, muchas con presencia territorial, pero con un precario nivel de diálogo con entidades del alto gobierno.
Ante ese panorama, Archila buscó corregir ese nivel de dispersión y articuló una serie de protocolos para mejorar el diálogo y respuesta de esas entidades (como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio); asimismo, sacó de Presidencia el programa de sustitución y se lo pasó a la ART; anda promoviendo la creación de gerencias territoriales para el PDET, entre otras decisiones, orientadas a fortalecer y coordinar en lo local, regional y nacional el conjunto de entidades responsables de la implementación.
Priorización y desarrollo temprano del PDET
Para los estudiosos del acuerdo, los programas de desarrollo que priorizaron los 170 municipios más afectados por la violencia y el conflicto, no solo son la principal garantía de construcción de paz, sino lo único que a largo plazo permanecerá del acuerdo. Con Santos se avanzó en el diseño participativo del PDET con miles de campesinos, víctimas y comunidades indígenas, siendo uno de los procesos de planeación participativa más importantes en la historia del país.
Con Archila se concluyó la fase de estructuración de los dieciséis PDET y actualmente se están diseñando unas Hojas de Ruta Únicas que pretenden articular la diversidad de acciones, planes y programas encaminados a hacer realidad lo que se acordó con las comunidades en esos PDET.
En términos técnicos, es un avance importante y así lo manifestó recientemente la Procuraduría; sin embargo, eso también puede ser un arma de doble filo porque en el diseño de las Hojas de Ruta las comunidades no tienen ningún espacio de participación; igualmente, se ha cuestionado que la entrega de las Obras PDET resulta desordenada y que hay un evidente riesgo de politización en el proceso de entrega.
Sin capacidad para garantizar la seguridad de los exguerrilleros y los territorios
La piedra angular de la “Paz con legalidad” son las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral o Zonas Futuro, una estrategia de consolidación (remanente de la seguridad democrática) que busca reducir los niveles de intensidad del conflicto en las zonas rojas del país. Esa estrategia ha demostrado ser poco efectiva y en mayor medida ha sido rechazada por las comunidades que la ven como una medida de militarización de la sociedad que desestima lo establecido en el acuerdo. Son en estos territorios donde se han presentado la mayoría de masacres y arrecia el genocidio de líderes sociales y exguerrilleros.
Con las Zonas Futuro se yuxtaponen dos enfoques para abordar el espinoso tema del posconflicto y se realza el cambio de modelo entre Santos a Duque, pues la “seguridad” (entendida como la mera presencia militar) pasó a estar por encima de una visión más integral de desarrollo. Ante eso, Archila ha sido incapaz de ofrecer alternativas que garanticen la vida de los excombatientes o su permanencia en ciertos lugares.
Promotor de una retórica agresiva y poco dialogante
Al igual que muchos dirigentes del uribismo y el conservatismo, el consejero Archila tiende a caer en una retórica agresiva contra algunos exguerrilleros; ridiculizando algunas de sus exigencias o desestimando sus peticiones. Así se puede notar en su visión sesgada sobre la entrega de bienes, obviando que las Farc es la organización que mayor cantidad de recursos, económicos y físicos, ha aportado para la reparación a las víctimas.
También ha desestimado las instancias con participación bipartita (Farc y gobierno) creadas para acompañar la implementación como el Consejo Nacional de Reincorporación y la Comisión de Seguimiento. Por otro lado, en sus visitas a territorio no ofrece una agenda de diálogo a las comunidades; sus posiciones desconocen los procesos territoriales (creados para acompañar la implementación de la reforma rural y el programa de sustitución) y al momento de presentar balances sobre la implementación, tiende a “tomar prestados” indicadores y ejecutorias que poco tienen que ver con el acuerdo. El decir es que Archila es un buen técnico, pero con nulo sentido social.
Como cerebro en la creación de los pilares que sustentan la política de paz de Duque, el consejero Emilio Archila es responsable de la primera fase en la implementación de múltiples indicadores (no hay que olvidar que la implementación será un proceso a 15 años que involucra a tres gobiernos), en su desempeño se evidencia el claroscuro de un gerente consecuente con el gobierno que representa. Solo al concluir el mandato del presidente que llegó con la promesa de hacer trizas la paz, podremos tener una visión más general de su consejero, seguro habrá aciertos y desaciertos, pues: ¿Qué esperar del hombre que votó por el sí en el plebiscito para luego asesorar a la principal vocera del no?