Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Esta semana el presidente de la República sancionará el acto legislativo con el que se crearán las 16 curules de la paz –Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz–. De esta forma, le da cumplimiento a una de las promesas pactadas en el Acuerdo Final y hasta el momento incumplidas a las víctimas del conflicto armado.
Y es que a pesar de que las curules para las víctimas hacían parte de uno de los compromisos de más fácil trámite –pues estaban en el Acto Legislativo de la Paz 01 de 2016 y solo se requería de su promulgación para pasar al control automático de constitucionalidad–, desde noviembre de 2016 y hasta la fecha había sido imposible darle cumplimiento a este derecho de las víctimas.
En 2017, cuando en el Congreso de la República se vivía el denominado fast track o procedimiento especial para la paz, este organismo legislativo no aprobó su promulgación por tan solo un voto para completar el cuórum; retrasando por un período electoral –cuatro años– este mandato cuasi-constitucional.
Las y los congresistas no quisieron compartir el poder creador de normas de manera temporal con las víctimas –por tan solo ocho años–, con lo cual quedó evidenciado el grado de mezquindad con que los partidos tradicionales actúan. Y esto queda aún más expuesto si se considera que el propósito de estas nuevas personas que ingresarían al Congreso es apoyarles en la tarea de crear normas que permitan a avanzar en materia de igualdad y justicia social en el país.
El desempolve de las curules de la paz se da luego de presentarse una tutela al poder judicial y de que este –la Corte Constitucional y el Consejo de Estado–, en un doble fallo (donde se aclara el error en el cálculo del cuórum), diera respuesta positiva en mayo de 2021, exigiendo al Congreso y a la Presidencia tramitar con urgencia la promulgación del acto legislativo.
De esta manera, a partir de 2022 y hasta 2030, las víctimas tendrán asiento en el Congreso. Este será un espacio exclusivamente para ellas: podrán participar sólo las víctimas de la violencia, las personas acreditadas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y aquellas víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, resguardos o consejos comunitarios afro.
Con la promulgación del acto legislativo y la revisión de constitucionalidad que se surtirá en las próximas semanas, las víctimas tendrán que actuar de manera acelerada. Las elecciones se llevarán a cabo el 13 de marzo de 2022, el mismo día de las elecciones parlamentarias –intentando reducir costos y cumplir con la idea de que sean elecciones ordinarias–, eso sí, respetando la idea de contar con tarjetones independientes.
A estas curules podrán postularse las personas que no hayan participado en las elecciones durante los cinco años anteriores –siendo elegidas o que hayan sido candidatas por cualquier partido político– y que estén viviendo, al menos desde hace tres años, en algunas zonas afectadas por la violencia.
Es necesario advertir que, debido a la inexperiencia que tendrán como representantes de las víctimas en estos espacios políticos, existe un riesgo alto de que las y los 16 representantes que estarán en la Cámara de Representantes no consigan grandes avances en materia legislativa en los ocho años que estarán allí; es probable que muchos de sus proyectos –con los que buscarán favorecer a los territorios más afectados por el conflicto– no tengan luz verde.
De allí que en esta columna me proponga resaltar lo que considero como lo más valioso de este proceso electoral y legislativo: la importancia de las curules de la paz está en los cambios que puede tener como organización política y en el sistema democrático. Las víctimas pueden aprovechar este momento para fortalecerse como actor político y proponer un giro hacia la democracia deliberativa.
Las cerca de 9’200.000 víctimas –casi el 20% de la población del país– podrían aprovechar esta experiencia para construirse como un actor político colectivo, que trabaja asociadamente para mantenerse en la arena electoral después del 2030. Utilizar la experiencia que viene teniendo el Partido Comunes para introducir cambios en la estrategia política para que, una vez finalicen el período de las curules, continúen en el Congreso de la República a través de un nuevo partido político.
Los y las candidatas de las víctimas tendrán la posibilidad de usar los recursos que se les asignarán y los medios de comunicación regionales para hacerse conocer y ventilar los problemas que tienen como comunidad; de construir programas legislativos que les ayuden a formular planes de intervención y banderas políticas para permanecer en el proceso democrático; de visibilizarse como víctimas y luchar por la necesidad de ampliar la votación a todo el territorio nacional, pues lo más seguro es que el acto legislativo propondrá estas elecciones solo para los 170 municipios Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Es necesario trabajar por la igualdad de derechos y el reconocimiento en la participación de todas las víctimas, recordándole al Gobierno y al país que, como víctimas, están dispersas por todo el territorio nacional –en lugares como el Distrito Capital o el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde se concentran en su mayor número–, y que estas también tienen derecho a votar y a igualdad de trato.
Finalmente, las víctimas y sus representantes deberán aprovechar esta experiencia legislativa para unirse y establecer alianzas en el Congreso. Partidos minoritarios como Comunes, ASI, MAIS y AICO pueden resultar buenos socios para enfrentar a los partidos tradicionales y al Gobierno, y, así, avanzar en la implementación de muchos componentes del Acuerdo Final.
En conclusión, las curules de la paz aparecen en un magnífico momento para seguir caminando –junto con los informes de la Comisión de la Verdad– en la construcción de Justicia, Reparación y No Repetición. Los nuevos congresistas deberán avanzar en la defensa de los derechos de las víctimas a través de la aprobación de proyectos para la reparación integral de sus territorios.
Pero, sobre todo, estamos en un momento decisivo para avanzar en la consolidación de las víctimas del conflicto armado como actor político; que este tenga una o varias organizaciones políticas propias que les permitan elegir –además de congresistas– a diputados, concejales, alcaldes y gobernadores, y –por qué no– a presidentes. Están en un momento significativo para dar un salto hacia un sistema democrático participativo en el que las víctimas, como población comprometida, ayuden a construir una nueva realidad política para el país.
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