Por: Lina Macías y Daniel Esteban Abello Clavijo. Investigadores Pares.
La deforestación y uso de la tierra (I)
A lo largo de la historia, el departamento del Guaviare ha sido conformado por un proceso avasallante de colonización campesina y actividades extractivas, por la expansión de economías ilegales y también por la expansión de cultivos de uso ilícito.
Además, este territorio en el que viven alrededor de 108.000 habitantes en un área de 53.460 km2 ha sido el epicentro de una aguda confrontación entre guerrillas, paramilitares y grupos armados organizados relacionadas con el narcotráfico.
Estos factores han desencadenado distintos conflictos sociales asociados a la explotación indiscriminada de recursos naturales, el desplazamiento forzado, la apropiación de tierras, el abandono estatal, la amenaza de extinción de sus pueblos indígenas y los altos niveles de pobreza.
Con la implementación del Acuerdo de Paz en 2016, se esperaba que se pudiera construir una institucionalidad eficaz, sin embargo, la salida de la exguerrilla de las Farc ha producido un nuevo ordenamiento territorial.
Hoy al Guaviare se lo disputan las disidencias de las Farc en violentas pugnas por el control de las codiciadas rutas del narcotráfico, y una preocupante concentración de tierras en manos de terratenientes herederos del paramilitarismo y del narcotráfico.
Estos hechos vienen creando un ambiente de tensión y alarma para los líderes sociales y los procesos organizativos que se vienen desarrollando en este territorio.
Para comprender esta dinámica y evidenciar los peligros que esta encierra para el posconflicto, la Fundación Paz y Reconciliación Pares, ha identificado los cuatro (4) principales conflictos que sufre hoy el departamento del Guaviare. En este artículo presentamos el primero de ellos:
1. Deforestación y uso de la tierra
Según el Boletín de Detecciones Tempranas de Deforestación del IDEAM, en el departamento se identifican un promedio de 9,8% de áreas con concentración de deforestación principalmente en los municipios San José del Guaviare (veredas San Jorge, San Antonio Alto y La Orquídea), Calamar (vereda Itilla) y en algunas veredas del municipio de La Macarena como El Morichal, Yaguará II y El Jordán, en especial las áreas entre los Parques Nacionales Naturales Chiribiquete y Sierra de La Macarena.
En estas zonas, el crecimiento de la deforestación ha sido alarmante. En 2014 se arrasaron 6.892 hectáreas, en 2015 desaparecieron 9.634, en 2016, la cifra llegó a 11.456 y en 2017 la deforestación arrasó con 38.221 hectáreas”. Significa un aumento de casi el 200% en los últimos dos años, coincidiendo con el cese de hostilidades y la salida de las FARC-EP de estas zonas de importante riqueza forestal.
“Es preocupante cómo desde diciembre de 2018 la deforestación ha ido aumentando a pasos agigantados: nadie está mirando lo que viene pasando con el Parque Natural Nukak, la deforestación que avanza desde el Caquetá, por San Vicente del Cagúan y por los Llanos del Yarí y afecta la zona alta del Parque Nacional de Chiribiquete.»
«También sabemos que hay un proyecto vial marginal de la selva liderado por la gobernación del Meta y del Guaviare que tiene como objetivo conectar la Amazonia desde Putumayo, conectar con la vía al Meta y salir a Yopal y Arauca para salir hacia Venezuela. Las áreas que comprenden este proyecto afectan tanto al parque Chiribiquete como a las áreas de reserva cercana de San José del Guaviare” (Fuente territorial de PARES, comunicación personal, mayo 3 de 2019).
De esta forma, el avance en la compra de fincas campesinas y tierras de los indígenas cercanas a la carretera, tiene como propósito ir despejando el camino para el desarrollo de este proyecto de infraestructura que traería, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible FCDS, una inversión de tres billones de pesos.
Para los líderes y sus comunidades este proyecto no ha sido concertado con ellos, ni se conocen estudios especializados sobre cómo se medirán sus impactos tanto para la población como para el ecosistema, haciendo caso omiso a las disposiciones consignadas en la Ley 2da. de Reserva Forestal de la Amazonia, que protege gran parte estos territorios.
De igual manera, las disidencias han contribuido con la quema de selva para el cultivo de uso ilícito cerca de la vereda de Cachicamo, por todo el Raudal del Guayabero, en Barranquillita y cerca de Tomanchipán.
Asimismo, el aumento de la ganadería, el cultivo de palma africana y la amenaza de la minería legal e ilegal han venido generando conflictos entre campesinos, indígenas y terratenientes por la ampliación cada vez más rápida de la frontera agrícola.
Un líder campesino expresa sobre esta situación “Todo el mundo en el departamento sabe que el gobernador Nebio Echeverry promueve esta lógica, puesto que le compra a campesinos e indígenas tierras a bajo precio para luego venderlas al doble del precio a grandes terratenientes, otorgándoles títulos y toda la documentación legal. Y con ello ha entrado la Fuerza Pública a cuidar estos terrenos, a evitar que uno se acerque y pregunte quién es el dueño y qué están haciendo selva adentro” (PARES, comunicación personal, mayo 2 de 2019).
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[1] Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, “Cómo va la Paz Guaviare 2018” a lo largo del siglo XX, en el departamento se identifican al menos cuatro etapas de poblamiento del territorio: la primera, en la década de los 50’s relacionada con la extracción de recursos naturales como el caucho, la cacería, el comercio de pieles; la segunda, entre 50’s y finales de los 60´s un proceso de colonización debido al desplazamiento por hechos de violencia partidista y organización de autodefensas provenientes del sur del Tolima y el Huila; el tercero, colonización dirigida a los municipios del sur del departamento para desarrollo agrícola y ocupación de tierras y el último, al establecimiento de económicas ilegales por el cultivo de marihuana y de coca, en los municipios de Miraflores, Calamar, Retorno y en San José de Guaviare por las FARC-EP.