Por: León Valencia, director – Pares
Es posible que Jesús Santrich sea culpable de cometer delitos de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Colombia. Es posible que Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, haya entregado a las autoridades de Estados Unidos pruebas fehacientes de esos delitos. Pero los principales acontecimientos que rodean este caso resultan inverosímiles para cualquier observador imparcial. Ni la lógica, ni el sentido común, pueden aceptar como normales, como evidentes, los siguientes hechos:
Un señor ciego, que está al cuidado de 60 policías en una casa de Bogotá, que debe ser acompañado hasta al baño para hacer sus necesidades, ha organizado la exportación de 10 toneladas de cocaína -óigase bien, diez toneladas- a los Estados Unidos. Esa fue la acusación pública que supimos el día de la captura de Santrich y todo el mundo la repite como si nada. Nadie, siquiera, se pone a pensar cuántas veces en los tiempos de Pablo Escobar o del Cartel de Cali, apareció una noticia de este tamaño en la prensa colombiana.
Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, es detenido junto a Jesús Santrich y a los pocos días recibe en el lugar de detención una visita de las autoridades estadounidenses y logra que, en una charla, sus visitantes le den plena credibilidad. Entonces, rápidamente le levantan la orden de detención de Interpol y la justicia colombiana, a su vez, obvia varias acusaciones sobre fraudes en fondos para la paz y lo deja libre. De la noche a la mañana aparece en Estados Unidos como testigo protegido que entregará pruebas de los delitos de Santrich.
Tan fácil todo. Tan fácil que alguien comprometido con una exguerrilla, que tiene un familiar en la cúpula de esa organización, inmediatamente lo detienen decida colaborar con una justicia que no conoce, una justicia con la que por primera vez tiene tratos. Tan fácil que los avezados investigadores de Estados Unidos crean instantáneamente en la palabra de un tipo al que ven por primera vez. Un tipo que se supone no tiene, en la celda de reclusión, los elementos materiales probatorios para mostrar y hacer creíbles sus acusaciones. Nadie se pregunta si el señor Marín, en realidad, conocía a sus visitantes de tiempo atrás y tenía vínculos más estables que simples palabras dichas en medio del desespero de una orden de extradición.
La Justicia Especial para la Paz -JEP- le envía una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través del Ministerio de Justicia de Colombia, en la que le solicita las pruebas que inculpan a Santrich de participar en una trama de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz. El Ministerio de Justicia envía la misiva por medio de una empresa que transporta correspondencia llamada 4-72. Pasa el tiempo y no se produce ninguna respuesta de las autoridades estadounidenses. Ante algún requerimiento, contestan de Estados Unidos que la carta no ha llegado a su destino. Se sabe luego que se quedó varada en Panamá y la empresa transportadora hace un comunicado sorprendida y dispuesta a investigar qué pasó. No se tiene noticia de casos parecidos en el pasado.
El primero de marzo es detenido en el hotel Marriot de Bogotá Luis Alberto Gil, alias el Tuerto Gil, junto a Julián Bermeo Casas, fiscal de la JEP, y dos personas más. La noticia dice que estas personas estaban recibiendo dinero para ayudar a que Santrich no fuera extraditado. Luis Alberto Gil había sido condenado hace algunos años por parapolítica, en lo tiempos en que ejercía como senador de la República. Fue reconocido como un gran aliado de los paramilitares en el departamento de Santander. El grupo político que ha liderado, bajo diversas denominaciones, siempre ha estado del lado del expresidente Uribe. Julián Bermeo es integrante de este grupo, y ha sido su candidato a cuerpos colegiados.
Ahora resulta que enemigos jurados de Santrich están dispuestos a ayudarlo para que no termine en una celda en Estados Unidos, arriesgando a que los pillen y vayan a la cárcel. Resulta además, que una persona de la astucia y la experiencia del Tuerto Gil va a recibir dinero -no sabemos aún de quién- al hotel más vigilado de Bogotá que tiene cámaras en cada metro de sus zonas comunes.