Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.
Las primeras tres semanas de 2021 han servido en Colombia para alzar la voz de protesta por el incremento de la violencia que se genera en contra de las mujeres y niñas. Esta voz evidencia una de las muchas problemáticas que ha desnudado la pandemia del COVID-19. Antes de marzo del 2020, los espacios públicos eran los lugares más comunes para cometer delitos; pero hoy, luego de las medidas de control tomadas por las autoridades, se ha dado un giro en el fenómeno de la violencia: el crimen se ha trasladado de la esfera pública a la privada.
El aislamiento social preventivo obligatorio ha cambiado la estructura de las cifras de los delitos: ahora los grandes números, que antes los ocupaban los crímenes que se cometían en la calle, han pasado a tenerlos los delitos ocurridos en los hogares. Las cifras más abultadas, que anteriormente la tenían el hurto a establecimientos comerciales, vehículos y el asalto por contacto y agresión en la calle, ahora las tienen los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres.
El aislamiento social ha enseñado un fenómeno latente pero oculto y escasamente atendido por las autoridades en Colombia. En ciudades como Bogotá, Medellín o Cali se presenta un incremento de las llamadas telefónicas que se hacen a la línea de emergencias y seguridad 123 sobre este tipo de delitos. Las denuncias y llamadas a la Policía por la violencia de pareja o violencia de género, y parricidios viene en aumento. En Medellín, por ejemplo, con tan solo ocho días de diferencia, aumentaron las llamadas por violencia familiar en cerca de un 50% (pasando de 200 llamadas en el Puente de Reyes a 292 en el siguiente fin de semana).
Las explicaciones a este viraje en el comportamiento de la violencia es lógico. El aislamiento social preventivo obligatorio ha cambiado los espacios de convivencia. La gente se ha visto obligada a recurrir cada vez menos a los espacios públicos y refugiarse en el mundo de lo privado. En consecuencia, la probabilidad de cometer delitos en uno y otro espacio ha cambiado: se reducen para los que se comenten en la vía pública, como el hurto a personas, el robo de motocicletas y automóviles o el atraco a establecimientos comerciales; y se aumentan para los delitos que se comenten en los espacios cotidianos, como las riñas entre vecinos y violencia familiar.
Este tipo de cambios en la conducta delincuencial le impone nuevos retos a las autoridades estatales encargadas del monopolio de la violencia y a la sociedad misma. No se tiene que ser un experto en criminología para deducir que si el hurto, el homicidio o los accidentes de tránsito han caído deben, por tanto, atenderse menos, y aumentar el interés en los problemas de convivencia, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, cuyas cifras han crecido.
La sociedad demanda mayor capacidad institucional para atender a estas víctimas poco visibilizadas hasta el momento. Se requiere la presencia de las autoridades para que atiendan y controlen estos delitos. Se necesita de organizaciones y personas que sepan escuchar la voz de quienes sufren violencias en el hogar, y atenderla con celeridad a las personas vulnerables, para tomar medidas de protección formales.
Es conveniente que las autoridades redireccionen la mira a los hogares y espacios privados. No se puede seguir cometiendo el error de cerrar las Comisarias de Familia a causa de la parálisis en la movilidad. En su lugar es prioritarios ampliar el número de opciones para que la gente pueda acudir con mas facilidad a ellas para defenderse y denunciar a los agresores. Es necesario quitar barreras y atender con más premura el llamado de auxilio que se hace desde los espacios privados para que se les proteja a quienes los habitan.
Las cifras más abultadas, que anteriormente la tenían el hurto a establecimientos comerciales, vehículos y el asalto por contacto y agresión en la calle, ahora las tienen los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Imagen: Pares.
Es fundamental realizar los cambios institucionales y organizacionales necesarios para responder a estos nuevos escenarios sociales y de seguridad ciudadana. La cuarentena exige un perfil integral y eficiente de la Policía Nacional y de las alcaldías municipales para prevenir y gestionar las problemáticas de seguridad y convivencia al interior de los espacios privados. Que la Policía Nacional cumpla con su labor civil, al igual que otra serie de instituciones que deben velar por los más desfavorecidos.
Igualmente, como sociedad debemos trabajar en educar a la gente para que no se ejerza violencia en los espacios privados, y a que las víctimas no tengan temor de denunciar. Es duro para una madre o una esposa denunciar a su hijo o compañero por maltrato; pero es más duro ver cómo sus vidas son segadas o los cuerpos transformados por las lesiones que les causan. Debemos avanzar en reconocer mucho más este tipo de violencias. De formar a las víctimas para que reconozcan la violencia y denuncien a los victimarios.
Millares de mujeres, niños y niñas, e incluso ancianos lo agradecerán. Esta es una oportunidad para repensar la funciones de la Policía. Hay que desestimular, desincentivar y obstaculizar la violencia familiar. Hay que acompañar más a las personas en educarlas para que detecten con más celeridad y oportunidad las alertas frente a agresiones físicas, verbales y las violencias económicas.
En síntesis, el aislamiento social preventivo obligatorio ha transformado las dinámicas de seguridad y convivencia ciudadana. Este modificó los lugares de socialización, las actividades rutinarias y, en el mismo sentido, la frecuencia con que ocurren los delitos en el espacio público. Las medidas preventivas de salud han reducido, afortunadamente, el homicidio, pero infortunadamente ha aumentado la violencia en el hogar.
Esta nueva situación pone un reto a los gobiernos locales, puesto que es necesario revisar la manera cómo se piensa y gestiona el sistema de violencia privada. Es una invitación a revisar la manera cómo se conciben los delitos, la atención ciudadana, la recepción de denuncias y la restauración de derechos. Esta es una de las tareas urgente para reducir significativamente las cifras el 2021.