Por: Laura Cano
Periodista Pares
Hace unos días se conocieron varios hechos que habían sido cometidos en contra de la vida de firmantes de paz y contra los proyectos productivos que han emprendido en su camino a la reincorporación. El primero ocurrió el 10 de febrero en Leticia, Amazonas. En el hecho fue asesinado Carlos Fernando Ramos Sánchez, quien, como lo informó la congresista Victoria Sandino, Sánchez hacía parte del ETCR Oscar Mondragón en Miravalle, Caquetá.
Por su parte, desde este mismo ETCR fue denunciado a través de un comunicado, también publicado por Sandino, que el 12 de febrero los escoltas de la firmante Lucila Moreno Páez, Jhon Sebastián Rivas Narváez y Leonardo Agudelo Murillo fueron atacados por la Policía de San Vicente del Caguán, Caquetá, al mando del capitán Diego Restrepo, así como por miembros del Ejercito de la zona al mando de José Alfredo Jiménez.
Los hechos se registraron cuando Rivas Narváez recibió un golpe en su cabeza por una persona de civil, segundos después Agudelo Murillo reaccionó para socorrer a su compañero. Esta situación produjo un intercambio de disparos en el que Rivas Narváez quedo herido en una pierna, mientras que a Leonardo Agudelo quieren judicializarlo. Se señala en el comunicado que: “Esta agresión contra estas dos personas reincorporadas es un ataque directo contra el Proceso de Paz en Colombia, demostrando que la Fuerza Pública con su actuar, están detrás del exterminio de los firmantes”.
Por otro lado, el 10 de febrero también se informó que el restaurante El Porta, el cual hace parte de los proyectos productivos de los firmantes en Bogotá, fue vandalizada; le rompieron algunos vidrios. Con esto hay que recordar que el 2 de febrero fue asaltada la Casa Cultural La Roja, en donde también rompieron los vidrios del sitio y robaron los productos hechos de los excombatientes. Adicional, a finales de enero se encontró una botella con un kilo de explosivo anfo y un dispositivo para activarlo a distancia en la Casa Alternativa, donde además se realizan reuniones políticas de la actual campaña electoral.
De igual forma, vale la pena traer a colación que durante el año han sido asesinados los firmantes de paz: John Jairo Villar Vargas (Santa Marta – 29 de enero), quien hacía parte del Programa Presidencial de Reintegración en el Magdalena; Leonardo Martínez Muñoz, quien fue ultimado en el municipio de San José del Fragua en Caquetá. Adicional, a finales de enero en el departamento de Arauca, en el municipio de Saravena, la víctima fue Juvenal Ballén Gómez.
Además, esto se ha sumado a una serie de constantes vulneraciones a los derechos de los firmantes, que afectan no solo su reincorporación y seguridad, sino también su participación en la política del país. De hecho, según el seguimiento de la Fundación Paz & Reconciliación y la línea de Democracia y Gobernabilidad, desde que inició el calendario electoral el pasado 13 de marzo, hasta la fecha, se han presentado hechos de violencia política contra cinco personas que hacen o hacían parte del partido Comunes.
Unas de estas personas fueron Carlos Lozada y Victoria Sandino, quienes fueron amenazados por medio de un panfleto firmado por las Águilas Negras, y enviado en diciembre del año pasado. Otras fueron dos miembros de la Dirección Nacional de Comunes, quienes sufrieron atentados sicariales contra sus esquemas de seguridad, y, además, otra víctima de este tipo de violencia fue un excandidato al Concejo de Tuluá, José Alonso Valencia, quien fue asesinado en junio de 2021.
Por otra parte, en lo que va del año la Defensoría del Pueblo en dos de las tres alertas tempranas que ha emitido, ha hecho referencia a la actual situación de los firmantes de paz. La primera es la 001-22, la cual se centra en la ciudad de Cali, que puntualiza el riesgo que se configura por la presencia de Facciones Disidentes de las antiguas FARC-EP, adscritas al Comando Coordinador de Occidente, y del ELN en zonas suburbanas, así como en algunas comunas en donde también operan grupos de delincuencia común y organizada asociados al narcotráfico. Esta violencia configura una grave amenaza para los derechos de la población civil, pero también, y como se anota en el documento, contra excombatientes.
En la alerta se expone que de las personas que están en riesgo, 214 son personas en proceso de reincorporación de las antiguas FARC-EP, que se encuentran dispersas en el municipio de Cali y que representan el 48,85% de la población en proceso de reincorporación en el departamento del Valle del Cauca. Se puntualiza que entre el 2018 y julio de 2021 fueron reportadas 22 personas víctimas de homicidio en Valle del Cauca, de las cuales nueve de las victimas residían en Cali. Adicional, apuntan que los firmantes no solo se ven expuestos a hechos de asesinatos, sino que también hay un riesgo latente, del cual alertan, sobre casos de masacres, amenazas, extorsiones, atentados, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados (individuales, masivos e intraurbanos), uso, utilización y reclutamiento de NNAJ, atentados y actos terroristas.
La otra alerta, 002-22, se centra en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, a causa de la dinámica de confrontación entre las disidencias del Frente Primero Frente Carolina Ramírez y Comandos Bolivarianos de la Frontera, grupos que están en la búsqueda del control de economías ilegales, lo cual ha desembocado en el incremento de conductas que vulneran a la población civil, principalmente las localizadas sobre la ribera del río Putumayo. Como en el anterior caso, en este también hay un llamado atención sobre la población que cumple su proceso de reincorporación en el municipio de Puerto Leguízamo, quienes se enfrentan a riesgos relacionados con las limitadas oportunidades para una inclusión real a la vida civil y económica, por los procesos de estigmatización y por la presión que ejercen los actores armados para la vinculación a sus filas. Vale mencionar que, en esta zona, hasta febrero de 2021, había 36 personas en proceso de reincorporación.
“Entre el 2020 y mayo de 2021, tuvieron lugar cinco casos de riesgo gestionados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de personas en proceso de reincorporación (excombatientes de las antiguas FARC-EP) en el municipio de Puerto Leguízamo, de ellos, cuatro corresponden a amenazas, y uno a persecución, entre los hechos que generaron la conducta vulneratoria se encuentran las presiones para integrarse a los grupos armados y la intimidación para que salgan del territorio. (…) En cuanto a homicidios de personas en reincorporación en Puerto Leguízamo, cabe destacar que entre enero y noviembre de 2021, se presentaron tres eventos, lo que resulta preocupante si se considera que el escenario de riesgo descrito en esta alerta, mantiene una tendencia a su exacerbación, en tanto persista la presencia de estos actores armados ilegales y se incremente la disputa por el territorio”, se asevera en el documento.
Ahora bien, estas alertas, que solo son las emitidas en este año, muestran que los llamados por la garantía de seguridad de las personas firmantes de paz han sido constantes, pues asimismo han sido los casos de vulneraciones contra estas personas que le han apostado a la paz, aún con un escenario de zozobra y miedo que no se ha ido. Por eso, y ante el escenario que ya tenemos en este inicio del 2022, hacemos un llamado para que las autoridades competentes implementen acciones efectivas de protección y autoprotección, pero además se insiste en la urgencia de la implementación completa e integral del Acuerdo de Paz, que, durante estos, ya casi cuatro años de gobierno de Duque, ha estado expuesta a muchos baches.